Vendían cocaína por delivery y simulaban pedidos de comida.
El Tribunal Oral Federal dio por probada una operatoria de venta de cocaína a través de locales gastronómicos, en el juicio oral y público que concluyó el viernes último en Ushuaia. Dos sujetos fueron condenados a cuatro años y medio de cárcel, y sobreseídos otros tres por el beneficio de la duda.

El Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego condenó a dos de los cinco acusados en una causa por comercialización de estupefacientes, al considerar acreditado que durante varios meses de 2024 funcionó en la ciudad de Río Grande una operatoria de venta de cocaína al menudeo que utilizaba locales gastronómicos como fachada y simulaba entregas de comida bajo la modalidad de delivery.
La sentencia fue dictada el viernes 16 de enero último y estuvo a cargo de la jueza Ana María D’Alessio, junto a los camaristas Guillermo Adolfo Quadrini y Luis Alberto Giménez. El fallo dio por probado que la venta de droga se concretaba mediante contactos pactados por mensajería digital, pagos en efectivo o por transferencias bancarias y encuentros breves en la vía pública, coordinados previamente por chat.
En ese marco, el tribunal condenó a José Exequiel Ledesma y a Luciano Emmanuel Constantino a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, además de multas y decomisos, entre ellos un vehículo utilizado para los desplazamientos y dinero vinculado al lucro de la actividad ilícita. En cambio Nelson Gabriel Ledesma y Cristian Juan Miguel Herrera fueron absueltos por aplicación del beneficio de la duda, mientras que respecto de Jenmar Judith Mota Mariño, una mujer de origen venezolano, se avaló el desistimiento de la acción penal formulado por la fiscalía.
La causa se inició a fines de febrero de 2024 a partir de denuncias anónimas recibidas en la División de Narcocriminalidad y Delitos Federales de Río Grande, que advertían sobre la presunta venta de cocaína desde una rotisería ubicada en la intersección de las calles Colón y Pasaje Carlos Gardel, conocida como “Flama”. Con el avance de la pesquisa, surgieron indicios de que la actividad se había trasladado luego a otro local gastronómico, denominado “Frankfurt”, situado sobre calle Belgrano al 800.
A partir de esas denuncias, la fiscalía impulsó una investigación preliminar y delegó tareas de inteligencia, observación y seguimiento en la Prefectura Naval Argentina. Durante el debate oral, los agentes describieron maniobras compatibles con intercambios de droga bajo la modalidad de “pasamanos”, caracterizadas por contactos breves, generalmente desde vehículos o en la vía pública, y coordinadas con antelación mediante mensajería digital. Según relataron, ese esquema se intensificó entre agosto y septiembre de 2024.
El punto de inflexión de la causa se produjo con los allanamientos ordenados el 19 de septiembre y ejecutados al día siguiente en distintos puntos de la ciudad.
En una vivienda ubicada sobre Pasaje Carlos Gardel, los efectivos secuestraron tres envoltorios con clorhidrato de cocaína, con un peso total de 172,651 gramos, además de dos balanzas, dinero en pesos y dólares, 14 teléfonos celulares y diversos elementos electrónicos.
La pericia química determinó que la sustancia presentaba una pureza del 80,53%, equivalente a 1.390 dosis, un dato que el tribunal consideró decisivo para descartar cualquier hipótesis de consumo personal. En el fallo, la jueza D’Alessio destacó que se trataba de material de “extremadamente alta calidad”, lo que incrementaba “su capacidad ofensiva hacia la salud pública”.
Según la reconstrucción judicial, la cocaína era fraccionada en dosis de medio gramo o un gramo, confeccionadas en envoltorios de nylon, una mecánica típica del narcomenudeo. Esa modalidad fue respaldada tanto por los elementos secuestrados como por los testimonios de los prefectos que realizaron las tareas de campo.
Otro de los pilares probatorios fue el análisis forense de los teléfonos celulares mediante el sistema UFED (Universal Forensic Extraction Device). En uno de los diálogos incorporados al juicio, una compradora solicitó “2”, realizó una transferencia por 36.000 pesos, indicó una dirección y recibió la entrega en un horario y lugar coincidentes con las observaciones de la Prefectura. Para el tribunal, ese intercambio permitió vincular de manera directa la mensajería, el pago y la entrega de la droga.
Sobre esa base, los magistrados atribuyeron responsabilidad penal a Luciano Emmanuel Constantino, a quien identificaron como una de las figuras centrales de la operatoria. El fallo sostuvo que “concurría personalmente a realizar las entregas y en su cuenta recibía el lucro de la actividad”, extremo acreditado mediante comprobantes bancarios y conversaciones recuperadas.
En cuanto a José Exequiel Ledesma, el tribunal concluyó que también tenía un rol de responsabilidad en los hechos y consideró “ilógico” atribuir la totalidad de la droga hallada a un solo imputado cuando fue encontrada en un domicilio que ambos frecuentaban y donde había balanzas con vestigios de estupefacientes.
Además, se valoraron transferencias de dinero que no pudieron ser explicadas únicamente por la actividad gastronómica.
En cuanto a Nelson Gabriel Ledesma y Cristian Juan Miguel Herrera fueron absueltos por falta de certeza probatoria. La jueza D’Alessio sostuvo que la evidencia no logró superar una “presencia satelital e inocua”, insuficiente para demostrar una participación concreta en la comercialización de estupefacientes.
Respecto de la única mujer del grupo, la venezolana Jenmar Judith Mota Mariño, el tribunal avaló el desistimiento de la acción penal formulado por la fiscalía y recordó que “el solo conocimiento de la existencia de material estupefaciente no asegura una relación de poder y dominio sobre él”. También se ponderó un contexto de convivencia, hijos menores y situación de vulnerabilidad, sin acreditarse una cooperación efectiva con la operatoria ilícita.
En su resolución, el Tribunal Oral Federal dejó expresamente asentado que el caso no permitió acreditar la existencia de una organización criminal agravada, como había sostenido la acusación, sino una dinámica de venta de cocaína al menudeo, sostenida mediante simulación comercial, contactos digitales y encuentros breves en espacios públicos.
Cabe recordarse que la fiscal María Lía Hermida había solicitado penas de hasta siete años de prisión para los cinco imputados, al considerar que la operatoria tuvo un impacto grave en la salud pública, planteo que fue parcialmente desestimado por el tribunal.