Recrudece el conflicto entre el Ejecutivo, la Legislatura y los municipios.
El gobernador Gustavo Melella rechazó la derogación del proceso de reforma constitucional y también la denominada ley “de goteo” para municipios. El Ejecutivo sostuvo que ambas normas “afectan principios institucionales, alteran facultades propias del Gobierno y ponen en riesgo el funcionamiento del Estado provincial”.
Gobernador Gustavo Melella: sí a la modificación de la Constitución de 1991 y no, al envío diario de fondos por coparticipación, a los municipios.
El titular del Ejecutivo fueguino vetó en las últimas horas dos de las leyes más sensibles aprobadas recientemente por la Legislatura provincial: la derogación del proceso de reforma parcial de la Constitución fueguina y la denominada ley “de goteo”, que establecía transferencias automáticas y diarias de fondos coparticipables a los municipios.
Las decisiones del Ejecutivo profundizan el conflicto político e institucional abierto entre el Gobierno provincial y la mayoría legislativa, en medio de fuertes tensiones sobre el alcance de las facultades parlamentarias y el funcionamiento del Estado.
Respecto de la reforma constitucional, el veto sostiene que la Legislatura intentó dejar sin efecto un proceso institucional ya iniciado conforme a los mecanismos previstos por la propia Constitución Provincial.
Según los fundamentos oficiales, la declaración de necesidad de reforma aprobada oportunamente con mayoría agravada en el año 2023 y el posterior decreto de convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes activaron formalmente el funcionamiento del poder constituyente derivado, por lo que el proceso ya no puede ser interrumpido mediante una derogación legislativa ordinaria.
El texto advierte además que permitir la reversión de este tipo de decisiones institucionales implicaría generar “profunda inseguridad jurídica e institucional al habilitar que mayorías circunstanciales alteren procesos constitucionales ya iniciados según coyunturas políticas transitorias”.
También se remarca que actualmente existe un proceso electoral formalmente convocado y que su interrupción afectaría la previsibilidad institucional y derechos políticos fundamentales de la ciudadanía.
En paralelo, el Ejecutivo provincial vetó también la ley conocida como “de goteo”, mediante la cual se pretendía obligar al Gobierno a transferir diariamente a los municipios los fondos correspondientes a la coparticipación nacional.
En este caso, el Gobierno argumentó que la norma resulta “institucional, operativa y financieramente inviable”, además de poner en riesgo el funcionamiento integral de la administración provincial.
Los fundamentos aclaran que no se cuestiona la coparticipación municipal ni los recursos que corresponden a cada ciudad, sino la implementación de un esquema rígido y automático que —según sostienen— impediría administrar con flexibilidad financiera áreas esenciales como salud, educación, seguridad, infraestructura y servicios públicos.
El veto advierte además que un sistema compulsivo de transferencias diarias podría limitar la capacidad de respuesta del Estado ante emergencias o situaciones críticas, afectando incluso prestaciones fundamentales para la población.
Por otra parte, el Ejecutivo considera que la ley avanza sobre facultades propias de la administración provincial e intenta modificar mecanismos técnicos de control financiero previstos tanto en la Constitución como en las leyes vigentes.
Finalmente, el Gobierno sostuvo que ambos vetos responden a una decisión de “responsabilidad política e institucional” orientada a preservar el funcionamiento del Estado y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.