El Tribunal de Juicio condenó a una pena superior a la pedida por la Fiscalía para el secretario general de ATE y el presidente de la comisión de Viviendas de ese sindicato.
Los dos sujetos fueron hallados culpables de 22 hechos de estafa vinculados a la adjudicación irregular de departamentos sociales en Barrancas del Río Pipo, en 2018. El tercer imputado en la causa, Eric Moscoso Panoso, fue absuelto por el beneficio de la duda.
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur condenó a Carlos Córdoba y Miguel Arana a 5 años de prisión de cumplimiento efectivo por considerarlos coautores penalmente responsables de 22 hechos de estafa vinculados a la adjudicación y comercialización irregular de viviendas sociales construidas en el sector Barrancas del Río Pipo de Ushuaia.
La sentencia recayó sobre el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y sobre quien se desempeñaba como presidente de la Comisión de Viviendas del gremio, Miguel Arana, conocido como «Miguelón».
Además de la condena, los jueces dispusieron la inmediata detención de ambos bajo la modalidad de prisión preventiva.
El veredicto tuvo un dato relevante: el Tribunal impuso una pena superior a la requerida por la acusación pública. Durante los alegatos, el fiscal Daniel Curtale había solicitado 4 años de prisión para Córdoba y Arana, al considerar acreditada su participación en las maniobras investigadas. Sin embargo, tras analizar la prueba producida durante el debate oral, los magistrados elevaron la sanción a 5 años de prisión efectiva.
La causa investigó una serie de operaciones desarrolladas entre diciembre de 2013 y fines de 2017 en torno al programa de 128 viviendas sociales emplazado en Barrancas del Río Pipo.
Según se acreditó durante el juicio, los condenados obtuvieron beneficios económicos mediante maniobras relacionadas con la adjudicación a particulares, comerciantes, empresarios y otras personas ajenas al empleo público provincial, de unidades habitacionales destinadas originalmente a afiliados del gremio.
La investigación derivó en un proceso judicial que se extendió por casi una década y despertó gran expectativa en Tierra del Fuego debido a la relevancia institucional de los acusados y a la cantidad de hechos atribuidos.
Por otra parte, el Tribunal absolvió a Eric Moscoso Panozo, quien había llegado a juicio acusado del delito de lavado de activos.
En relación con Moscoso, la propia Fiscalía había solicitado la absolución por el beneficio de la duda durante la etapa de alegatos, criterio que finalmente fue compartido por los jueces.
Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 16 de junio, oportunidad en la que el Tribunal expondrá las razones jurídicas que sustentaron tanto las condenas como la absolución.