Nuevas dudas en la causa por tenencia de pornografía infantil que se le instruye a un camarista provincial.
Una información de último momento que revela una reunión reservada entre la jueza del Superior Tribunal de Justicia, María del Carmen Battaini y los dos camaristas que impidieron el peritaje a un teléfono celular del imputado, aporta mayor turbiedad a las actuaciones en curso. La omisión de pruebas y vínculos personales que parecen encubrir al acusado, generan fuertes sospechas sobre la transparencia del proceso.
Jueza María del Carmen Battaini, integrante del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego.
El caso que investiga al juez de la Cámara Penal de Apelaciones de Ushuaia, Andrés Leonelli, por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil se complicó en las últimas horas con nuevas revelaciones que apuntan a posibles acuerdos internos entre altas figuras del Poder Judicial. Según información obtenida por la FM Aire Libre, la presidente del Superior Tribunal de Justicia, María del Carmen Battaini, habría mantenido una reunión reservada con los camaristas Alejandro Sergio Fernández y Aníbal Gerardo Acosta, dos días antes de que ambos firmaran una resolución que impidió el peritaje sobre un segundo celular secuestrado al magistrado investigado.
El encuentro, realizado en el despacho de Battaini, no habría incluido al tercer integrante de la Sala Penal, el juez Daniel Alejandro Sacks, quien posteriormente votó a favor de que se realizara el análisis forense del dispositivo. La exclusión de Sacks, sumada al fallo dividido, refuerza la sospecha de que existieron gestiones políticas o personales para “proteger” a Leonelli.
El teléfono en cuestión es un aparato marca Samsung incautado junto a otro celular, una notebook y armas de fuego, durante los allanamientos realizados en la casa del barrio Terrazas del Fin del Mundo y la oficina del camarista. La jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo había ordenado peritar ambos teléfonos, pero uno de ellos se encontraba bloqueado con una contraseña y Leonelli se negó a proporcionarla.
A través de su abogado defensor, el ex jefe de la Defensa Pública, Gustavo Ariznabarreta, jubilado actualmente, el camarista apeló la medida. Argumentó que el aparato habría perdido la cadena de custodia y que Leonelli sería víctima de una “campaña de desprestigio”. También adujo que las 53 imágenes que muestran a niños en situación de sometimiento sexual forman parte de un expediente sustanciado por Leonelli en el año 2016, en Río Grande, razón por la que a su criterio, no sería necesario seguir buscando porque estaría probado el origen y la razón de la tenencia de las mismas.
Si bien la defensa aseguró que las fotos pertenecían a un expediente que Leonelli instruyó como juez de Instrucción, especialistas en delitos informáticos y fuentes judiciales reservadas remarcaron que ese tipo de material sensible permanece bajo siempre bajo custodia en la órbita judicial.
Mientras tanto, trascendió que el fiscal especializado en ciberdelitos, Fernando Ballester Bidau, evalúa la posibilidad de apelar la decisión que impidió el peritaje del celular, lo que abriría la instancia para que el caso sea analizado por el Superior Tribunal de Justicia, en donde una de sus integrantes precisamente, ahora también es motivo de sospecha sobre su imparcialidad.
El caso Leonelli, que comenzó tras una alerta internacional del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) y de la empresa Google, ahora suma cuestionamientos institucionales que podrían marcar un punto de inflexión en la credibilidad del Poder Judicial fueguino.