Sobre la Justicia de Familia en Ushuaia. Leer antes de resolver, examinar las pruebas y dejar las convicciones ideológicas fuera del despacho: tres desafíos que, en pleno siglo XXI, no deberían representar una hazaña judicial.


Hace algunos meses tuve la osadía de reflexionar públicamente sobre el funcionamiento de la Justicia de Familia en Ushuaia. Mi preocupación era elemental: que las convicciones personales de quienes administran Justicia no terminaran sustituyendo a la Constitución Nacional, las pruebas y el derecho.
Una pretensión aparentemente razonable. Aunque quizá demasiado ambiciosa.
Porque todavía quedamos algunos ingenuos que creemos que la función de un juzgado consiste, entre otras cosas, en resolver conflictos. Una interpretación ciertamente revolucionaria.
No hablamos de reformas constitucionales ni de innovaciones tecnológicas. Hablamos de examinar lo que las partes plantean, valorar las pruebas y fundamentar las decisiones. Son actividades que deberían integrar la rutina judicial, pero cuyo cumplimiento, cuando se encuentra ausente, adquiere dimensiones de verdadera proeza institucional.
Hoy corresponde profundizar aquella reflexión. No para presentar sospechas como hechos demostrados, sino para formular preguntas que ninguna institución comprometida con la infancia debería temer responder.
Porque aquí no se trata de una competencia entre hombres y mujeres. Se trata de niños cuyos derechos pueden quedar atrapados entre conflictos de adultos, demoras judiciales y decisiones que deben ser examinadas con el rigor que exige su trascendencia.
Y conviene recordar algo: el interés superior del niño no es una expresión ornamental destinada a embellecer resoluciones. Es una obligación jurídica.
¿De qué interés superior del niño hablamos?
En algunos despachos judiciales parece haberse alcanzado una hazaña extraordinaria: conseguir que el interés superior del niño sea tan superior que termine fuera del alcance de quienes deberían protegerlo.
Se lo cita en las resoluciones, se lo invoca en las audiencias y se lo incorpora a los dictámenes con una devoción conmovedora. El problema comienza cuando alguien pretende que semejante principio produzca algún resultado concreto.
Entonces aparece el verdadero protagonista del proceso: el expediente; una entidad que entra a despacho, sale de despacho, vuelve a despacho y, después de semejante actividad física, necesita descansar.
El niño, mientras tanto, crece. Y tiene la imperdonable costumbre de hacerlo sin solicitar autorización judicial.
Quizá corresponda incorporar al Código Procesal una disposición que obligue a los niños a suspender su crecimiento hasta que el tribunal encuentre un momento apropiado para ocuparse de ellos.
Sería una solución magnífica. Porque un expediente puede permanecer inmóvil durante tiempos inconmensurables. Una infancia, no.
Proteger a un niño exige algo más que mencionar sus derechos en el primer considerando. Debería ser el punto de partida de cualquier decisión judicial.
Ser padre: ¿un vínculo familiar o un antecedente sospechoso?
¿Qué ocurre cuando un padre percibe que su condición de hombre lo coloca bajo sospecha antes de que sus argumentos hayan sido examinados?.
Un padre no debería necesitar acreditar su inocencia para ejercer sus derechos parentales ni ser tratado como un visitante ocasional en la vida de sus propios hijos. La paternidad no constituye una concesión graciosa del tribunal: es un vínculo familiar que involucra responsabilidades y derechos, principalmente los del niño.
Y es justamente aquí donde pueden surgir tratamientos desiguales que, cuando son denunciados, merecen al menos que se examine si los criterios jurídicos se aplican de manera consistente a ambos progenitores. Sería curioso que, en nombre de la igualdad, termináramos construyendo un sistema donde uno debe probar sus afirmaciones y el otro solamente declamarlas.
La igualdad ante la ley no debería depender de la identidad de género de los involucrados en un expediente.
Por supuesto, las medidas urgentes de protección pueden adoptarse sin una condena penal previa. Pero su carácter preventivo no elimina el derecho de defensa, la razonabilidad ni la necesidad de control judicial. Tampoco convierte automáticamente a su destinatario en culpable de los hechos denunciados.
Esto es una distinción elemental. Aunque quizá convenga dedicarle una jornada académica titulada: «Medidas preventivas y declaraciones de culpabilidad: el extraordinario descubrimiento de que no son lo mismo».
Lo verdaderamente novedoso sería que, terminada la capacitación, sus conclusiones fueran aplicadas.
Proteger a un niño no exige presumir culpable a uno de sus progenitores. Exige examinar los hechos, valorar los riesgos y adoptar decisiones fundadas.
Perspectiva de género: cuando combatir prejuicios no debería significar fabricar otros
La perspectiva de género constituye una herramienta legítima para identificar desigualdades, comprender contextos de violencia y evitar decisiones discriminatorias. El problema aparece si alguna autoridad decide convertirla en un certificado anticipado de credibilidad.
Una herramienta destinada a combatir prejuicios no puede transformarse en una fábrica de prejuicios con sello oficial.
Una madre puede denunciar hechos graves que exigen intervención inmediata. Un padre puede cuestionar una imputación y aportar pruebas relevantes. Y un niño puede necesitar protección frente a conductas perjudiciales de cualquiera de sus progenitores. Nada de eso es contradictorio.
Lo contradictorio sería sostener que la igualdad se garantiza otorgando credibilidad automática a una parte y exigiendo explicaciones extraordinarias a la otra.
Quizá convenga aclarar que el Código Procesal no contempla un artículo según el cual la razón se presume por afinidad y la prueba se exige por diferencia. Al menos, no en las versiones que conocemos.
Una magistrada puede sostener las ideas que considere legítimas, incluidas sus convicciones feministas. Lo que no puede hacer es convertirlas en un criterio de decisión que desplace la prueba, la igualdad ante la ley o el interés superior del niño.
La Justicia no necesita magistrados que demuestren fidelidad a una corriente de pensamiento. Necesita magistrados que demuestren fidelidad a la Constitución.
Las juezas y el extraordinario descubrimiento de que también pueden equivocarse
Las magistradas del fuero de Familia ejercen una función pública de enorme trascendencia. Sus decisiones pueden proteger derechos fundamentales, pero también producir consecuencias difíciles de reparar cuando resultan equivocadas, insuficientemente fundadas o injustificadamente tardías.
Por eso, la autoridad judicial no puede confundirse con infalibilidad.
Una resolución no se vuelve justa por llevar la firma de una jueza, del mismo modo que una irregularidad no desaparece porque el tribunal haya decidido no pronunciarse sobre ella.
Cuando se denuncia una contradicción procesal relevante, corresponde examinarla. Cuando se advierte una posible falta de objetividad, corresponde evaluarla. Y cuando está comprometido el vínculo de un niño con alguno de sus progenitores, corresponde actuar con la diligencia que exige la situación.
Pero antes de resolver habría que sentarse a leer. No solamente recorrer las páginas con la mirada, sino comprender lo que las partes plantean, confrontar los argumentos, examinar las pruebas y fundamentar una decisión.
Una secuencia de acontecimientos tan extraordinaria que, de concretarse, probablemente no requiera una reforma judicial, sino simplemente recordar para qué existe un juzgado.
Nadie pretende que una magistrada sea infalible. Bastaría con decisiones controlables, fundamentos comprensibles y respuestas oportunas. La independencia judicial tampoco significa inmunidad frente a la crítica, ni el respeto institucional exige que los ciudadanos renunciemos a leer las resoluciones antes de aplaudirlas.
El sello judicial acredita quién dictó una resolución. No demuestra, por sí solo, que tenga razón.
La igualdad procesal: una hermosa pieza de colección
Nuestra Constitución reconoce la igualdad ante la ley. Un principio magnífico que, en determinados conflictos familiares, parece requerir traducción simultánea.
Imaginemos un expediente en el que una parte obtiene respuestas inmediatas mientras la otra permanece esperando, pese a haber formulado planteos relevantes. Puede haber razones jurídicas válidas para resolver cuestiones en tiempos distintos. Pero esas razones deben existir y poder explicarse.
De lo contrario, la igualdad corre el riesgo de convertirse en una pieza decorativa.
La Justicia no debería funcionar como un restaurante exclusivo donde algunos tienen reserva, otros esperan en la puerta y todos terminan pagando la cuenta.
Y aquí quienes pagan las consecuencias pueden ser los niños.
La solución no parece demasiado compleja: examinar los planteos de ambas partes con el mismo rigor, comparar los hechos, valorar las pruebas y explicar las decisiones. Cuatro actividades que, por alguna razón, estamos obligados a presentar como innovaciones cuando deberían constituir la práctica cotidiana de cualquier tribunal.
Quizá la verdadera modernización judicial no consista en incorporar más tecnología, sino en recuperar aquella antigua costumbre de contestar lo que las partes efectivamente plantean.
Y, si el experimento resultara exitoso, avanzar hacia una fase verdaderamente revolucionaria: responder antes de que el problema deje de tener solución.
Medidas judiciales: obligatorias para algunos, optativas para otros
Imaginemos que una progenitora solicita medidas judiciales restrictivas y el tribunal las dispone. Hasta aquí, el funcionamiento habitual de los mecanismos preventivos.
Pero imaginemos ahora que quien solicitó esas medidas realiza voluntariamente conductas que parecen contradecir las restricciones que pidió establecer. ¿Debe el tribunal examinar esa contradicción? Naturalmente. ¿Debe determinar si existió un incumplimiento jurídicamente relevante, considerando a quiénes obliga concretamente la resolución? Por supuesto.
Pero parecería que algunas medidas judiciales podrían contar con una novedosa modalidad de funcionamiento: obligatorias cuando las invoca quien las solicitó y curiosamente flexibles cuando su propia conducta exige examinarlas.
La Justicia con interruptor: se enciende para exigir cumplimiento y parece apagarse cuando corresponde examinar determinadas contradicciones.
Naturalmente, no toda comunicación iniciada por quien solicitó una medida constituye un incumplimiento. Las obligaciones deben determinarse conforme al contenido concreto de cada resolución. Precisamente por eso corresponde examinar los hechos.
Lo inadmisible sería ignorar selectivamente una conducta relevante mientras se examina con máximo rigor otra comparable.
La gravedad de una infracción no puede medirse por el sexo de quien la comete.
El extraordinario avance institucional consistiría, sencillamente, en aplicar las resoluciones conforme a su contenido y explicar las decisiones. Una propuesta de una audacia difícil de exagerar: que las órdenes judiciales sean interpretadas y controladas conforme al derecho.
El curioso fenómeno de las verdades instantáneas
Los profesionales técnicos, equipos interdisciplinarios y peritos cumplen funciones esenciales. Pero una entrevista no es una sentencia. Una impresión personal no constituye una prueba concluyente. Y un indicador de riesgo no convierte automáticamente una hipótesis en un hecho demostrado.
Imaginemos una sospecha que ingresa a una oficina como hipótesis, atraviesa algunos escritorios, recibe terminología especializada, adquiere formato institucional y sale convertida, a los ojos de algún observador poco exigente, en una verdad prácticamente indiscutible.
La ciencia jurídica acaba de descubrir un fenómeno extraordinario: la transmutación administrativa de las sospechas en certezas.
No requiere experimentación. Solamente suficiente papel.
Los informes técnicos serios y fundados son indispensables. Precisamente por eso deben poder examinarse críticamente. Cuando existan circunstancias concretas que puedan comprometer la independencia de una evaluación, corresponde examinarlas.
La objetividad no se adquiere con un sello profesional, del mismo modo que la imparcialidad no viene incluida con el nombramiento.
Un prejuicio redactado con terminología técnica sigue siendo un prejuicio. Solo que ahora ocupa más páginas. Y una opinión personal no se transforma en conocimiento científico por haber sido redactada con palabras suficientemente largas.
La calidad de un informe depende de sus fundamentos, no de la cantidad de hojas que contiene.
¿Quién protege a los niños de los errores de quienes deben protegerlos?
¿Qué sucede cuando un tribunal demora injustificadamente una decisión? ¿Qué ocurre cuando una irregularidad procesal es denunciada y no recibe respuesta? ¿Quién examina una posible falta de imparcialidad de un auxiliar? ¿Y quién garantiza que la protección de un progenitor no termine convirtiéndose, por falta de análisis, en una desprotección del niño?.
Existen recursos, mecanismos disciplinarios y organismos de control. También existen plazos, principios constitucionales y convenciones internacionales. Tenemos, aparentemente, todo lo necesario. Salvo, en ocasiones, aquello que más importa: una respuesta oportuna.
Los derechos fundamentales no se garantizan por acumulación de citas doctrinarias, sino mediante decisiones concretas.
La burocracia tiene esa virtud: puede llegar tarde a una urgencia y, aun así, presentar su demora como parte del procedimiento. Un talento admirable. Siempre que uno no sea el niño que está esperando.
Porque un niño no puede recuperar mediante una providencia las celebraciones perdidas, las conversaciones que no tuvo o los momentos cotidianos que dejaron de compartirse.
La infancia no tiene mesa de entradas para reclamar la devolución del tiempo perdido.
El tiempo no admite restitución judicial. Una verdadera descortesía de la naturaleza hacia los amantes de los trámites.
Los niños no solamente representan el futuro de una nación. Son personas con derechos en el presente y constituyen aquello que una sociedad tiene la obligación más profunda de cuidar y proteger.
Por eso resulta verdaderamente admirable la facilidad con la que algunos adultos consiguen pronunciar discursos conmovedores sobre la infancia mientras encuentran dificultades extraordinarias para adoptar decisiones que la protejan.
Se organizan jornadas, se dictan capacitaciones, se redactan protocolos y se multiplican las declaraciones institucionales. Todo muy interesante. Tal vez en alguna próxima jornada pudiera incorporarse un taller verdaderamente innovador: «Cómo proteger efectivamente los derechos del niño».
Una isla donde los niños no deberían quedar aislados de sus derechos
Tierra del Fuego tiene una particularidad geográfica que todos conocemos: vivimos en una isla. Estamos acostumbrados a las distancias, al aislamiento y a las dificultades de conexión con el continente.
Lo que no deberíamos naturalizar es que ese aislamiento también pueda reproducirse dentro de nuestras instituciones.
Una cosa es vivir separados del continente por el mar y otra, bastante más preocupante, es que un niño pueda terminar separado de sus derechos por un expediente judicial.
En una sociedad donde los círculos profesionales e institucionales pueden encontrarse una y otra vez, la transparencia y la imparcialidad deberían ser exigencias elementales.
La cercanía entre personas no demuestra por sí misma favoritismo. Pero tampoco debería impedir examinar posibles conflictos de intereses cuando existan circunstancias concretas que lo justifiquen.
En una isla donde todos parecen conocerse, sería conveniente que la Justicia recordara que conocer a alguien o trabajar en un mismo ámbito no constituye un fundamento jurídico.
Ni una relación personal reemplaza una prueba. Ni una afinidad ideológica convierte una afirmación en verdad. Ni un cargo judicial transforma una omisión en una decisión fundada.
Tierra del Fuego ya tiene suficiente aislamiento geográfico. No necesita agregarle aislamiento judicial a la infancia.
Y la Convención sobre los Derechos del Niño tiene jerarquía constitucional en todo el territorio argentino. Incluso en Ushuaia.
Justicia para madres versus justicia para padres
Está claro que no necesitamos una Justicia favorable a los padres. Tampoco una Justicia favorable a las madres. Necesitamos una Justicia que no confunda proteger a una mujer con darle automáticamente la razón, ni que escuchar a un hombre signifique desproteger a una mujer.
Una Justicia que examine las conductas de ambos progenitores y coloque a los niños, de verdad, en el centro de sus decisiones. Que no utilice la perspectiva de género como sustituto de la prueba. Que no convierta el silencio institucional en una respuesta ni confunda una providencia con una solución.
El interés superior del niño no puede continuar siendo la estrella invitada de todas las resoluciones y el gran ausente en sus consecuencias prácticas.
Quizá no haga falta una nueva capacitación, un protocolo adicional ni una comisión encargada de estudiar la importancia de resolver oportunamente. Tal vez alcance con algo bastante menos sofisticado: examinar, fundamentar y resolver. Tres verbos que, por su aparente sencillez, corren el riesgo de pasar inadvertidos entre tanta elaboración institucional.
Y tal vez haya llegado el momento de formular una pregunta bastante menos sofisticada:
¿Estamos protegiendo a los niños o simplemente administrando los conflictos de los adultos?
Porque la diferencia es enorme.
Mientras los adultos encuentran tiempo para discutir competencias, producir informes, presentar escritos y defender sus posiciones, hay alguien que no puede esperar: el niño.
En el fin del mundo, lo verdaderamente imperdonable sería que también termináramos poniendo los derechos de nuestros niños al final de la lista.
Porque la infancia no tiene recurso de casación.
Los años que un niño pierde esperando que los adultos hagan su trabajo no se recuperan con una sentencia.