Con menos presupuesto y bajo la lupa pública.
Con un recorte del 14 % en los recursos previstos para 2026 y en un clima de fuertes cuestionamientos por viajes al exterior y designaciones de familiares, el Superior Tribunal de Justicia, dictó una acordada que ajusta gastos, suspende viáticos y frena alquileres y nombramientos aunque no incluye ni una sola medida sobre los haberes de jueces y funcionarios.
El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego resolvió aplicar un severo esquema de restricciones en el funcionamiento del Poder Judicial, como consecuencia de la reconducción del presupuesto provincial 2025 dispuesta por el Poder Ejecutivo, que – informaron – implicó una reducción aproximada del 14 % de los recursos originalmente proyectados para el área.
La decisión fue formalizada mediante una acordada firmada por los jueces del Superior Tribunal, María del Carmen Battaini, Carlos Gonzalo Sagastume, Javier Darío Muchnik y Edith Miriam Cristiano, y tiene como objetivo —según se señala— garantizar la continuidad del servicio de justicia en sus funciones esenciales frente al impacto del recorte presupuestario.
En el texto, el Superior Tribunal advierte que la disminución de los créditos afecta de manera directa la capacidad operativa, administrativa y de gestión del Poder Judicial, lo que obligó a adoptar “medidas extraordinarias y transitorias de contención y racionalización del gasto”.
Entre las disposiciones más relevantes, se estableció una restricción general en la adquisición de bienes e insumos, que quedará limitada únicamente a aquellos considerados estrictamente indispensables. También se restringió el uso del sistema de caja chica a situaciones de urgencia debidamente fundadas y se suspendió la compra de equipamiento informático, como computadoras, monitores y periféricos.
En materia de infraestructura, la ejecución de obras públicas quedó supeditada a la disponibilidad de fondos, con excepción de aquellas cuya paralización pueda generar riesgos estructurales, de seguridad o mayores costos futuros. En ese marco, se resolvió continuar únicamente con la obra del muro de contención del edificio del Superior Tribunal de Justicia.
La acordada además recomienda extremar las medidas de austeridad en todas las dependencias judiciales, reduciendo al mínimo indispensable el uso de recursos como impresiones, fotocopias, consumo de energía eléctrica, gas, telefonía e insumos de librería. También se limitó la utilización del parque automotor y se promovió el uso de herramientas tecnológicas para comunicaciones y envío de documentación en formato digital.
En el plano del personal y las erogaciones asociadas, se dispuso la suspensión del reconocimiento de viáticos en todos los niveles del Poder Judicial, la restricción de las comisiones de servicio —salvo casos excepcionales—, la suspensión de nuevas locaciones de inmuebles y la paralización de designaciones de personal, concursos, promociones y ascensos. Asimismo, se resolvió evaluar caso por caso las subrogancias, interinatos y adicionales específicos vigentes, a fin de verificar que correspondan a tareas efectivamente realizadas.
Las medidas tendrán vigencia mientras persistan las condiciones presupuestarias que motivaron su adopción y serán evaluadas periódicamente cada 90 días por el Superior Tribunal de Justicia, que podrá modificarlas, flexibilizarlas o dejarlas sin efecto en función de la evolución de los recursos y de las necesidades del servicio judicial.
La segunda acordada del año, firmada por cuatro de los cinco jueces del Superior Tribunal de Justicia —ya que el juez Ernesto Löffler se encuentra de vacaciones—, se dicta en un contexto de crecientes cuestionamientos sociales hacia el Poder Judicial fueguino, vinculados a los reiterados viajes de algunos magistrados a foros nacionales e internacionales y a designaciones laborales que suelen involucrar vínculos de parentesco con integrantes del propio ámbito judicial.
Finalmente, pese a la extensa nómina de recortes y restricciones dispuestas, la Acordada N° 2/2026 no contempla ninguna medida de ajuste o al menos congelamiento sobre los salarios y emolumentos de jueces y funcionarios del Poder Judicial.