Cuestionan el cierre de accesos a la Casa de Gobierno

Sindicalistas de ATE impidieron el ingreso de los empleados al edificio gubernamental de calle San Martín, en Ushuaia.

La medida gremial encabezada por Carlos Córdoba impidió el ingreso de trabajadores al edificio. Desde el Ejecutivo se advirtió que las medidas podrían resentir el proceso de liquidación salarial.

El Gobierno provincial expresó su rechazo a la medida de fuerza llevada adelante durante la mañana del martes por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que bloqueó los principales accesos a Casa de Gobierno e impidió el ingreso de empleados que intentaban cumplir con su jornada laboral habitual.

La protesta, encabezada por el dirigente sindical Carlos Córdoba, se desarrolló desde las primeras horas de la mañana en las puertas de acceso ubicadas sobre calle San Martín y en el ingreso al playón interno de estacionamiento, lo que generó inconvenientes en el normal funcionamiento de distintas dependencias estatales.

Ante esta situación, el secretario de Asuntos Gremiales de la provincia, Walter Campos, manifestó su preocupación por las consecuencias operativas que podría acarrear la medida y advirtió que la imposibilidad de acceso del personal a sectores sensibles podría incluso afectar procesos administrativos esenciales, entre ellos la liquidación de haberes.

“El derecho a la protesta es legítimo y el Gobierno lo respeta, pero no puede estar por encima del derecho al trabajo ni de la percepción del salario de quienes deciden no adherir a la medida”, sostuvo el funcionario.

Walter Campos, secretario de Asuntos Gremiales de la provincia: «El derecho a la protesta es legítimo pero no puede estar por encima del derecho al trabajo».

Campos explicó que la restricción de ingreso impactó particularmente en áreas vinculadas al Ministerio de Economía, como Tesorería, cuya actividad resulta clave para avanzar con los procedimientos administrativos necesarios para el pago de sueldos.

“No se trata de una falta de voluntad del Gobierno, sino de una situación que entorpece operativamente tareas fundamentales. Se va a poner todo el esfuerzo para cumplir en tiempo y forma, pero es necesario que se permita ingresar a quienes quieren desarrollar sus funciones”, remarcó.

El funcionario también rechazó las versiones que señalan una ausencia de diálogo con los gremios y aseguró que los canales de negociación continúan abiertos desde el inicio de la gestión, mediante reuniones paritarias y encuentros periódicos con las organizaciones sindicales.

En ese marco, adelantó que el Ejecutivo continúa elaborando propuestas para avanzar en la discusión salarial, aunque insistió en que las medidas que impidan el normal funcionamiento del Estado terminan afectando al conjunto de los trabajadores públicos.

“Entendemos el contexto y los reclamos, pero también hay que contemplar el perjuicio que estas acciones pueden ocasionar a otros empleados, incluso por eventuales demoras en el cobro de sus haberes”, señaló.

Finalmente, Campos indicó que mantendrá contacto con los representantes gremiales con el objetivo de encauzar el conflicto y restablecer el normal funcionamiento de las dependencias provinciales. “Nuestro rol es mediar, sostener el diálogo y buscar los consensos necesarios”, concluyó.


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