El conflicto se extendió por 16 años, en Río Grande.
Héctor Alejandro Loggio, condenado en 2024 por el delito de desbaratamiento de derechos acordados, se comprometió recién el jueves último ante la Justicia a permitir que las familias a las que había intentado despojar de sus derechos, puedan finalmente acceder a la titularidad de las parcelas.
Héctor Alejandro Loggio, junto a su abogado, Francisco Ibarra Rodríguez.
Después de casi dos décadas de conflicto judicial, personas damnificadas en una causa por desbaratamiento de derechos acordados lograron arribar a un acuerdo que les permitirá finalmente avanzar con la escrituración de los terrenos que reclamaban en la Margen Sur de Río Grande.
La resolución se produjo en el marco de una audiencia realizada recientemente ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte, donde por primera vez en esta ciudad se desarrolló una instancia destinada específicamente a garantizar el entendimiento y cumplimiento del acuerdo alcanzado entre las partes.
La audiencia fue presidida por el juez Juan José Varela, con asistencia de la secretaria María Eliana Nocioni. Allí se resolvió que Héctor Alejandro Loggio, condenado en diciembre de 2024, deberá facilitar en un plazo de 10 días hábiles todos los medios necesarios para que los damnificados puedan concretar la escrituración de los terrenos en disputa.
Además, se dispuso que el condenado deberá afrontar los gastos notariales y honorarios profesionales derivados de los trámites.
El caso tuvo origen en operaciones de compra y venta de terrenos realizadas entre 1987 y 1996 entre la Sociedad de Productores de Tierra del Fuego y distintos chacareros de la Margen Sur. Según se ventiló en el juicio oral, las familias habían adquirido los predios mediante boletos de compraventa y ocupado las tierras durante décadas.
Sin embargo, la situación derivó en un extenso conflicto judicial luego de que Héctor Alejandro Loggio obtuviera en 2010 la titularidad registral de unas 100 hectáreas de terrenos ubicados en ese sector de Río Grande y posteriormente iniciara acciones tendientes a desalojar a los ocupantes.
Loggio comenzó a ser enjuiciado el 2 de diciembre de 2024 ante el Tribunal integrado por los jueces Juan José Varela, Natalia Buitrago y María Rosa Santana, acusado de defraudación especial y desbaratamiento de derechos acordados.
Durante el proceso, la querella particular —representada por los abogados Adrián Areco y José Rodas Fernández— sostuvo que el imputado intentó desconocer los derechos adquiridos por los chacareros mediante documentación y maniobras intimidatorias y fraudulentas.
Finalmente, el 10 de diciembre de 2024, el Tribunal condenó a Héctor Alejandro Loggio a la pena de dos años de prisión en suspenso por el delito de desbaratamiento de derechos acordados en perjuicio de siete personas.
En aquella oportunidad, los jueces entendieron que el comerciante actuó de mala fe al intentar despojar de las tierras a familias que poseían derechos previamente adquiridos sobre los terrenos.
Durante los alegatos, la querella había solicitado una pena de seis años de prisión efectiva, al considerar acreditado que el acusado había intentado amedrentar a los ocupantes y desconocer la validez de los boletos de compraventa firmados décadas atrás.
Pese a la condena dictada el año pasado, recién ahora los damnificados lograron obtener garantías concretas para poder acceder finalmente a la titularidad de los terrenos que ocupan desde hace décadas.