La pericia psiquiátrica de F.J.S.A.R., de 23 años, reveló que es peligroso para sí mismo y para terceros. La Justicia consideró que no comprende la criminalidad de sus actos y dispuso su internación en el Hospital Regional Ushuaia, bajo custodia policial. El sujeto había viajado desde la provincia de Buenos Aires para encontrarse con una menor de 12 años, con quien había iniciado contactos a través de las redes sociales.
El Juzgado de Instrucción Nº 3 del Distrito Judicial Sur declaró inimputable al joven de 23 años investigado por intentar llevarse por la fuerza a una niña de 12 años, en un episodio ocurrido el pasado 2 de noviembre en inmediaciones del Colegio Integral de Educación Ushuaia (CIEU).
La resolución también dispuso su internación inmediata en el Servicio de Salud Mental del Hospital Regional Ushuaia, con custodia policial, luego de que una evaluación interdisciplinaria de profesionales forenses advirtiera un riesgo cierto e inminente tanto para el propio joven como para terceras personas.
La decisión judicial abarca tres investigaciones que habían sido unificadas a pedido del Ministerio Público Fiscal por la vinculación entre los hechos. La primera se había iniciado en junio de este año, a partir de una denuncia presentada por el padre de la niña por un presunto caso de grooming, es decir, el acoso y la captación de menores a través de medios digitales.
La segunda causa estaba relacionada con amenazas enviadas a un grupo de WhatsApp integrado por estudiantes de primer año del mencionado establecimiento educativo y la tercera se originó a partir del intento de llevarse por la fuerza a la menor y los daños provocados en una puerta del colegio.
En este último episodio, el joven habría abordado a la niña cuando regresaba al establecimiento junto a otros alumnos, intentado apartarla del grupo y llevarla consigo contra su voluntad. La intervención de compañeros permitió que la menor se refugiara en el colegio. El hombre la siguió y, al no poder ingresar, rompió a patadas el panel vidriado de una puerta hasta conseguir acceder al edificio, donde finalmente fue detenido.
La investigación había establecido que el acusado viajó desde la provincia de Buenos Aires dos días antes del episodio con el propósito de encontrarse personalmente con la niña, con quien mantenía contactos a través de las redes sociales desde hacía varios meses.
LA INIMPUTABILIDAD
De acuerdo con la resolución, el juzgado consideró acreditados los hechos investigados y la participación del joven. Sin embargo, a partir de las conclusiones de la evaluación psiquiátrica y del equipo interdisciplinario forense, determinó que presentaba un trastorno de salud mental que le impedía comprender la criminalidad de sus actos o dirigir sus acciones al momento de cometerlos.
Sobre esa base, lo declaró inimputable y dictó su sobreseimiento, conforme a lo establecido en el artículo 34, inciso 1º, del Código Penal.
La inimputabilidad implica que, aun cuando se tengan por acreditados los hechos y la intervención del investigado, no corresponde atribuirle responsabilidad penal si, debido a su estado mental al momento de los acontecimientos, no estaba en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos o dirigir su conducta.
No obstante, la decisión no significó que recuperara la libertad. Los profesionales forenses advirtieron la existencia de un riesgo cierto e inminente, por lo que el juzgado ordenó su internación inmediata en el Hospital Regional Ushuaia, donde permanecerá bajo custodia policial mientras se evalúa su evolución y las condiciones para adoptar nuevas medidas.
Según pudo saber este medio de fuentes vinculadas con la investigación, el diagnóstico del joven sería compatible con un cuadro de esquizofrenia severa. La intención de la Justicia sería gestionar su eventual derivación a un establecimiento de salud de la provincia de Buenos Aires, donde podría continuar el tratamiento con el acompañamiento y la supervisión de sus familiares.
Hasta tanto se concrete esa posibilidad, el joven quedará a disposición del Juzgado de Ejecución, que tendrá a su cargo la supervisión de las medidas de seguridad dispuestas.
También se dio intervención al Juzgado de Familia y Minoridad Nº 2, a la Defensoría Pública y a la Asesoría de Incapaces.