Otra denuncia contra el concejal del unibloque “De la ciudad” y convencional municipal electo por la lista “Sí Ushuaia”.
Yanira Martínez Ortíz, ahora ex integrante de las cooperativas “Nuestro Techo” y “Mujeres cooperativistas”, ex candidata a convencional constituyente en las elecciones del 15 de mayo último y actual subsecretaria de Vivienda de la Municipalidad de Ushuaia, denunció judicialmente también al asesor del edil, Carlos Maximiliano Rijo. Después de escrachar a Branca en marchas “Ni una menos” en Ushuaia y en Buenos Aires, dijo que el concejal la hostiga, amenaza y que inclusive tendría que ver con el extraño desajuste de los bulones de una de las ruedas de su vehículo.
El concejal de Ushuaia Javier Eduardo Branca sigue acumulando denuncias judiciales. En este caso se trata de una acción penal impulsada por Yanira Martínez Ortíz, con la representación legal de las abogadas Solange Verón y María Fabiana Ríos, ésta última gobernadora de Tierra del Fuego, mandato cumplido.
Cabe tener en cuenta que Ortíz era miembro de las cooperativas de viviendas “Nuestro Techo” y “Mujeres Cooperativistas” hasta que – declaró en el escrito judicial – “fui presionada y obligada a renunciar por Branca, bajo la amenaza de hacer circular un material que decía presuntamente tener, para destruir mi relación de pareja y mi familia”.
Javier Branca y quien lo denuncia fueron candidatos a convencionales constituyentes municipales en las elecciones del pasado 15 de mayo, por la lista “Sí Ushuaia”, él y “Más Ushuaia”, ella.
El primero obtuvo la menor cantidad de sufragios de la totalidad de candidatos elegidos pero logró un escaño, en tanto la segunda no.
Según Diario Prensa Libre pudo averiguar, el hostigamiento denunciado por Ortiz se habría producido luego de que ésta marchara por las calles de Ushuaia el 3 de junio último, junto a otras mujeres del movimiento cooperativista y feminista, bajo la consigna “Ni una menos”. “En tal oportunidad marchamos con carteles que decían `no más violentos en nuestras cooperativas´ – señaló. En el escrito judicial se puede leer que “ese mismo día y los siguientes se difundió otra foto de la misma marcha del 3 J realizada en la localidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, en la que en una intervención calllejera que simulaba una telaraña con hilos y sogas, aparecía un cartel con el nombre `Javier Branca, consejal (sic) Ushuaia´, armada por organizaciones de mujeres y disidencias que allí parricipaban denunciando a hombres violentos”.
Las consecuencias no habrían tardado en producirse cuando “el día 6 de junio fui convocada a una reunión vía Whatsapp por Maximiliano Rijo, presidente de la Cooperativa Nuestro Techo, quien me manifestó que había sido enviado por el concejal para hacerme saber que la participación en la marcha, los carteles expuestos con su nombre y los resultados de las elecciones a convencionales constituyentes eran un punto de quiebre en la relación política que manteníamos” – sostiene Yanira Martínez Ortíz.
Sobre la mención de los resultados en los comicios de mayo, la denunciante sostiene que “Branca me dijo que las preferencias que obtuve en mi candidatura a convencional se debían a haberme apropiado de votos que él consideraba propios y que con estas acciones había superado todos los límites admisible, que tenía material mío personal que comprometía mi reputacion y que estaba dispuesto a jugar esa carta si yo no daba a un paso al costado de los espacios de militancia social y cooperativa que teniamos en común”.
La impulsora de la denuncia afirma también sobre el concejal que “intentó persuadirme y amedrentar insistiendo en todo momento en que era mejor dar un paso al costado, me aconsejaba que disfrutara de mi familia, que no perdiera tiempo en todo esto, que soltara… Que todo esto era inconveniente a mis intereses y que no dedicara mi tiempo a la politica y a la militancia social y cooperativa”.
Con respecto a Maximiliano Rijo la mujer dijo que “en una de las reuniones él me pidió disculpas por ser intermediario del edil y que la situación lo incomodaba” y al ser consultado sobre el cumplimiento del acuerdo pretendido, le habría respondido que “no te puedo garantizar nada porque Javier es impredecible”.
Las imputaciones se tornan más graves aún cuando Yanira Martínez Ortíz deja entrever que el edil pudo ser autor de un atentado contra su integridad física y la de su familia: “Al circular en mi auto el día 8 de junio último, escuché unos ruidos extraños. Estábamos próximos a realizar el service regular del vehiculo y conversamos con mi esposo del ruido que habíamos escuchado. Al otro día, en un encuentro social le comentamos a una persona de nuestra confianza que trabaja como mecánico del ruido que habíamos detectado. Lo revisó y nos dijo que faltaba un tornillo de la rueda delantera derecha y que los otros tres estaban flojos. Dijo también que debido al sistema de ajuste de rosca de esas piezas lo que ocurrió se debió a una maniobra humana y no a un evento relacionado con el andar o uso regular del vehículo. En ese momento el miedo empezó a tomar forma concreta. El temor se hizo palpable. Ahí tomé conciencia que de no haber sido advertida por el mecánico podría haber ocurrido un accidente que afectara a mi grupo familiar y a mí. Esa misma noche accedí a entregar la documentación de las cooperativas por sentirme bajo extorsión”.
Finalmente, la denunciante destaca que ante el accionar del edil y de su asesor se sintió “aturdida, asustada, paralizada, amenazada y extorsionada. Están vulnerando mi voluntad y ejerciendo violencia explícita y solapada en un modo brutal. Esta es además una persecución por mi condición de mujer”.
Escuchada en el día de ayer por el fiscal Nicolás Arias, el auxiliar de la Justicia dispuso la elevación del caso al Juzgado de Instrucción Nro. 2 a cargo de la magistrada María Cristina Barrionuevo.
En principio Arias ordenó la realización de una pericia psicológica “con perspectiva de género” al concejal Javier Branca y le prohibió, mediante una perimetral, que el edil se acerque a la denunciante.
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