La abogada del foro local que patrocina a AFADA – Asociación de Funcionarios y Abogados en Defensa de los Derechos de los Animales – Griselda Engelhard, ingresó ayer la demanda a la sede del DJS.
La letrada, reconocida por su labor a favor de cuestiones ambientalistas, advirtió: “Adrián Schiavini reconocio que él tiene en su poder, aunque no dijo en dónde, el gas fosfina destinado a un plan de matanza de conejos. Ese gas puede matarnos a todos los ciudadanos porque es áltamente tóxico. Se debe saber cómo fue ingresado a la isla y proceder a su decomiso y destrucción antes que haya que lamentar consecuencias letales”.
La abogada Griselda Engelhard radicó ayer, en la órbita judicial, una denuncia penal en el fuero federal a través de la que solicita que se investigue al biologo Adrián Schiavini y al CONICET – CADIC, por la presunta comisión del delito de contrabando agravado, figura estipulada en el Código Penal de la Nación, en el artículo 864 y 865 y que tiene como agravante ser cometido por funcionarios públicos.
“Acá ha habido un ingreso a la isla de gas fosfina, que está prohibido por ley por su peligrosidad y toxicidad. Hasta ahora ni las autoridades del CONICET – CADIC ni Adrián Schiavini han sabido explicar cómo se produjo el ingreso a nuestra provincia de ese gas áltamente tóxico y venenoso” – comenzó señalando a a Diario Prensa Libre, la profesional.
“Ya hemos pedido todo tipo de pruebas para que los organismos involucrados digan de qué manera ingresó la sustancia tóxica a la isla- hecho que sí está confirmado – y también que se pueda saber quiénes intervinieron en ese ingreso”.
La existencia de pastillas de fosfuro (gas fosfina) en algún lugar de la ciudad de Ushuaia está confirmado por declaraciones radiales efectuadas por el funcionario del CADIC, Schiavini, las que forman parte del escrito presentado en la Justicia por Engelhard “y también porque cuando tuvimos la audiencia pública por el expediente 4821 que tramita en sede civil por la causa de la matanza de conejos, y en presencia del juez Federico Calvete, del fiscal federal Juan Soria, de los abogados del CADIC, de la directora general de Areas Protegidas y Biodiversidad del Gobierno provincial, María Luisa Carranza; de la titular de ARAF, Asociación Amigos del Reino Animal Fueguino, Rosana Vélez y de quien habla, por AFADA, él mismo Schiavini reconocio que tiene en su poder, aunque no dijo en dónde, el gas fosfina. Lo cierto es que ese gas puede matarnos a todos. Lamentablemente pedimos en ese momento el decomiso y la destrucción de la sustancia, pero como uno de los escritos fue presentado de manera extemporánea por la Dra Martinco, no se hizo lugar y no se allanaron las instalaciones del Centro Austral de Investigaciones Científicas. Ante esta situación y debido a la inacción en torno a un tema que pone en jaque la salud pública, decidí presentarme para que se concrete el allanamiento y para que si el gas está en el CADIC, que sea retirado ya”.
Por último, la doctora Engelhard, subrayó la imperiosa necesidad de imprimirle al trámite la mayor celeridad posible, dado que está en juego nada menos que la salud de los habitantes de Ushuaia: “No es posible que ante la gravedad del tema nadie se esté preguntando en la Justicia cómo Schiavini ingresó el gas tóxico y letal a nuestra ciudad. ¿Cómo lo hizo y en dónde lo tiene actualmente? ¿Qué disposiciones o resoluciones sanitarias y aduaneras lo avalaron para proceder así? ¿O no las hubo?. Por estos y muchos más interrogantes que atañen a la salud de los habitantes de Ushuaia y ante el estado de inacción que impera en torno al expediente es que estamos impulsando esta medida, porque no se puede continuar sin saber qué pasó con esa sustancia y en dónde está actualmente. El CADIC tiene que explicarle a la ciudadanía cómo es que ordenó la compra de este gas y con qué respaldo sanitario y legal, so pena de ser imputados – Schiavini y los demás funcionarios responsables del CONICET – CADIC – por la comisión de un delito de seguridad pública”.
Diario Prensa
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