Polémica por la salmonicultura.
Antonela Guevara, vicepresidente de la comunidad Selk’nam, cuestionó al Gobierno provincial por impulsar cambios en la Ley 1.355 sin realizar la consulta previa obligatoria. Anunció acciones legales y movilizaciones.
La vicepresidente de la comunidad Selk’nam Rafaela Ishton, Antonela Guevara, expresó su rechazo a la decisión del Gobierno de Tierra del Fuego de avanzar con proyectos de salmonicultura sin realizar la consulta “libre, previa e informada” a los pueblos originarios, tal como lo establece la legislación vigente.
“La verdad que me deja una sensación de desilusión porque nosotros consideramos que, con todo el intercambio que veníamos sosteniendo con la Secretaría de Pueblos Originarios, en particular con la Secretaría de Derechos Humanos, íbamos a tener una respuesta favorable a nuestra petición”, señaló Guevara.
Tras la negativa del Ejecutivo a concretar la instancia de consulta por la modificación de la Ley 1.355 —que actualmente prohíbe la salmonicultura en aguas provinciales— la referente indígena advirtió que la respuesta oficial fue “rápida” y orientada por “intereses creados”, especialmente económicos. “No estaba claro que los intereses estaban y son, como lo explicó la ministra, netamente económicos. Creo que no hay ninguna área del gobierno que responda una solicitud en menos de cuatro horas”, cuestionó.
Guevara anunció que, ante esta situación, las comunidades indígenas avanzarán con medidas legales. “Vamos a insistir con la consulta en el nuevo proyecto, en el asunto 247 que presentó el Ejecutivo. Además, vamos a exigir la reglamentación de la ley 1.355 y presentar una denuncia ante Fiscalía de Estado por incumplimiento de los deberes del funcionario público”, afirmó. Recordó que la norma sigue vigente, y que cualquier intento de modificarla debe respetar los mecanismos de participación.
Asimismo, anticipó que se convocarán movilizaciones en distintos puntos de la provincia, con acompañamiento nacional e internacional: “Vamos a hacer diferentes acciones en toda la Provincia con el acompañamiento de otros sectores, no solamente de Tierra del Fuego, sino a nivel internacional, donde reconocen que esto sería perjudicial para todos”.
La dirigente también subrayó que la consulta no sólo era un derecho, sino una oportunidad para debatir a fondo el modelo de desarrollo propuesto por el Ejecutivo. “Era una oportunidad para todos, para entender la propuesta del Ejecutivo, cuáles son esas áreas de sacrificio, qué lagos, qué ríos van a utilizar, qué especies exóticas pretenden introducir, en vista de qué interés o empresario… Hubiese sido realmente una oportunidad para todos para conocer cuál es la visión del Ejecutivo con relación a la salmonicultura”.
Finalmente, Guevara reafirmó su oposición a la instalación de salmoneras, tanto en el Canal Beagle como en el Atlántico, por los impactos ambientales que generan. “Por lo que generan los antibióticos, los excrementos… los lugares quedan luego como zonas arrasadas, los fondos marinos devastados completamente”. En esa línea, cuestionó la capacidad estatal para fiscalizar este tipo de actividades: “Tenemos un gobierno que no tiene capacidad de fiscalización. Nos damos cuenta en la actividad forestal, la actividad minera, los incendios forestales… no hay vehículos en condiciones ni la cantidad de guardaparques necesarios. ¿Entonces cómo podríamos pensar que van a estar custodiando la actividad en el medio del mar, en el lago, en el río?”, concluyó.