Una pareja residente en la ciudad del norte provincial comenzará a ser juzgada por hechos aberrantes que se remontan a 2022 e involucran a menores de distintas edades, inclusive a niños de 4 y 5 años.
Un hombre de 42 años y una mujer de 22 están imputados de integrar una organización que elaboraba, distribuía y proveía de imágenes y videos de abuso sexual infantil a redes de pedofilia de nivel nacional e internacional. Captaban a algunas de sus víctimas en las redes sociales. Fueron detectados por Missing Children.
Este miércoles 11 de febrero comenzará en Río Grande un juicio oral considerado inédito en la provincia de Tierra del Fuego por la extrema gravedad de los hechos investigados. Un hombre y una mujer serán juzgados por delitos vinculados al grooming, con producción propia y comercialización de material de abuso sexual infantil, en el marco de una causa que se originó a partir de una denuncia internacional.
La investigación se inició el 1 de febrero de 2022, tras un reporte presentado por la ONG National Center for Missing & Exploited Children, que alertó sobre la detección de una dirección IP radicada en Río Grande desde la cual se distribuía material fotográfico y fílmico referido a agresiones sexuales infantiles. A partir de esa denuncia se dio inicio a una causa penal en la que intervino la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, a cargo de la fiscal Daniela Dupuy.
Como resultado de las tareas investigativas, se logró establecer la existencia de al menos cuatro hechos concretos atribuidos a los imputados, lo que permitió elevar la causa a juicio oral, instancia que se concretó cuatro años después y a la que llegan en libertad.
Los imputados son un sujeto de apellido Diez, de 42 años, y su pareja, apellidada Juárez, de 22, ambos domiciliados en Río Grande. Según la acusación, la pareja habría montado una organización delictiva dedicada a la tenencia, producción y comercialización de material fotográfico y fílmico con imágenes de abuso sexual infantil, que luego era distribuido a otras provincias argentinas y a distintos países del mundo, incluyendo contactos en Europa del Este, Asia y Europa occidental.
Durante los allanamientos realizados en 2022 se secuestraron diversos dispositivos informáticos, cuyo posterior peritaje permitió constatar la existencia de un voluminoso archivo de imágenes y videos de pornografía infantil, incluyendo registros con niños de muy corta edad, algunos de entre 4 y 5 años. La magnitud y el contenido del material llevaron a calificar el caso como uno de los más graves investigados en los últimos años en la provincia.
A diferencia de otros antecedentes registrados en Tierra del Fuego, la causa también reveló la existencia de material de producción propia. Según se determinó, los imputados mantenían contactos con menores de edad a través de redes sociales, a quienes solicitaban imágenes de desnudos. Ese material luego era intercambiado y comercializado con otros usuarios de redes de pedofilia, previo pago del mismo.
En el marco de los hechos de grooming, la investigación subrayó el rol central de la imputada, quien —según la acusación— se hacía pasar por menor de edad en las redes sociales para captar a las víctimas, aprovechando una apariencia física de menos edad que la real.
Por estos hechos, la pareja será juzgada conforme al artículo 128 del Código Penal, que contempla los delitos de grooming, producción y comercialización de representaciones de abusos sexuales explícitos de menores de edad.
Finalmente, en el marco de la causa también intervino la Justicia de Familia, que dispuso medidas de resguardo para los hijos menores que se encontraban al cuidado de la pareja. Según se indicó, los niños habrían estado expuestos a imágenes y situaciones de alto riesgo, lo que podría configurar además la figura de corrupción de menores agravada por el rol de guardadores de los imputados.
El debate estará a cargo del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte, integrado por los jueces Juan José Varela, Eduardo López y Verónica Marchisio. Por el Ministerio Público Fiscal intervendrá la fiscal Vanina Cantiani, mientras que la defensa de los imputados estará representada por los defensores oficiales Alejandro Nacarato y Rita Marchi.