Deudores de créditos UVA del BTF temen perder sus casas

Deudores de créditos UVA del BTF temen perder sus casas

Ya se encuentran en curso dos demandas judiciales con alrededor de 80 damnificados a los que podrían sumarse muchos más.

Deudores de créditos UVA del BTF temen perder sus casas
Titulares de créditos UVA del Banco Tierra del Fuego, se concentraron en Ushuaia y en Rio Grande para protestar por la situación que atraviesan y registrar fotográficamente el reclamo.

Luego de que la Justicia de Ushuaia y Río Grande tratara de diferente manera el mismo reclamo de beneficiarios de préstamos hipotecarios bajo la modalidad UVA, en las últimas horas se conoció la decisión del juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 del Distrito Judicial Norte, Horacio Boccardo, de adelantar la fecha de la audiencia preliminar para abordar el tema. En la capital fueguina el magistrado civil de Sebastián Osado Viruel, en cambio, había dado trámite sumarísimo a la presentación de un grupo numeroso de vecinos, quienes en todos los casos aducen la imposibilidad de continuar pagando cuotas que se dispararon por las nubes. Esta situación de morosidad provocó – dijeron – en que ya han comenzado a ser intimados por el Banco Tierra del Fuego bajo advertencia del remate de los inmuebles por la falta de pago.
Cabe recordar que los créditos UVA – Unidad de Valor Adquisitivo – es precisamente una unidad de medida que se actualiza de manera diaria a través del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en base al Coeficiente de Actualización de Referencia (CER). La particularidad de éste tipo de créditos es que están directamente relacionados con la inflación o evolución de los precios, en una directa correlación con el monto del capital adeudado y también con los intereses a pagar. Obviamente que cuando los adquirentes de éste tipo de empréstito accedieron a ellos para adquirir por lo general bienes inmuebles, no imaginaron que en el país se iba a producir un nivel inflacionario tan disociado del incremento salarial.
Desde hace varios meses los titulares de dichos créditos vienen solicitando una reconsideración de su situación bancaria, ya que en algunos casos “sobre un préstamo de 1 millón de pesos hoy con la suma de los intereses trepó ese monto a 13 millones y con cuotas de más de 130 mil pesos” – explicó uno de los clientes de la entidad bancaria. En concordancia, ante la situación de morosidad prolongada, refirió que “ya comenzamos a recibir intimaciones de pago bajo advertencia de que las propiedades podrían ser ejecutadas”.
Sobre la complejidad de la situación se agravó todavía más la angustia de los reclamantes ante la gran diferencia de tratamiento judicial que observaron en los estrados de Ushuaia y de Río Grande: “Mientras en Ushuaia el juez Osado Viruel rápidamente atendió nuestro planteo y la necesidad urgente de una resolución dado que se encuentra en juego el techo de nuestras familias, en Río Grande inicialmente el juez Horacio Boccardo fijó recién una audiencia para el mes de marzo de 2023, luego para el 28 de noviembre de éste año y ahora, finalmente, para el 23 de noviembre. Inaudito” – destacaron algunos de los perjudicados por el incremento del monto de las cuotas.

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“El juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 del Distrito Judicial Norte, Horacio Boccardo resolvió el martes 1 de noviembre fijar la audiencia preliminar con los beneficiarios de créditos UVA, otorgados por el Banco de Tierra del Fuego, para el día miércoles 23 de noviembre a las 12.30. De este modo se adelantó la audiencia que había sido fijada para el 28 de noviembre” – se informó desde la Justicia, a través de una gacetilla oficial.
El magistrado hizo lugar a una petición de los abogados, representantes de clientes de la casa bancaria que reclaman se atienda su situación “de vulnerabilidad y apremiante situación económica” para hacer frente a los pagos de los créditos otorgados,
Es de destacar que los patrocinantes legales de los responsables del pago de los créditos tramitados ante la banca fueguina sugirieron en sus escritos que se reconvierta la modalidad de los préstamos a otra que importe montos de cuotas más accesibles y la suspensión de cualquier medida ejecutoria sobre los bienes vinculados.
La cantidad de damnificados ascendería en principio a 78, número que podría multiplicarse varias veces con el correr de las semanas y la imposibilidad de continuar afrontando el pago de las cuotas.


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