Conflicto en el sector aeronáutico.
La medida rige desde el viernes 11 de julio y frena las acciones gremiales anunciadas por ATEPSA hasta el 30 de julio. El conflicto involucra reclamos salariales, despidos y denuncias por presión laboral.
En medio de tensiones sindicales y denuncias de despidos, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La medida, vigente desde la medianoche del viernes 11 de julio, suspende el plan de acción gremial previsto hasta el 30 de julio, en plena temporada alta.
Durante los 15 días que dura el período de conciliación, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto. ATEPSA había anunciado retenciones de tareas que afectarían funciones esenciales en todos los aeropuertos del país, como autorizaciones de despegue, circulación de vehículos en pista y gestión de planes de vuelo.
El Ministerio intimó al gremio a levantar toda medida de fuerza durante el proceso conciliatorio, y a EANA a suspender los despidos mientras dure la instancia de diálogo. En paralelo, el conflicto escaló con la intervención de otros sectores: Edgardo Llano (APA) repudió la desvinculación de 18 trabajadores y anunció una asamblea en Aeroparque para el 21 de julio. Paola Baritta, secretaria general de ATEPSA, denunció amenazas que afectan el clima laboral y la seguridad operacional.
En tanto, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) confirmó un paro nacional para el sábado 19 de julio. El gremio rechaza el decreto 378/2025 y cuestiona la política aerocomercial, los despidos, la pérdida salarial y los cambios en el directorio de Aerolíneas Argentinas. “Vamos a hacer que las operaciones colapsen en las vacaciones de invierno”, advirtió Pablo Biró, su secretario general.
El frente de sindicatos aeronáuticos también denunció un proceso de desregulación y precarización que, según afirman, afecta la seguridad y representa un «vaciamiento sistemático» de empresas estratégicas como Aerolíneas, Optar e Intercargo.