Debate diplomático por la conexión marítima entre Chile y el archipiélago.
El proyecto de resolución solicita que Gonzalo Uriarte Herrera informe sobre la participación de autoridades chilenas y los alcances de la conexión comercial. También busca determinar si el servicio podría abastecer proyectos hidrocarburíferos en áreas sujetas a la disputa de soberanía.
Diputados nacionales del bloque peronista presentaron un proyecto de resolución para invitar al embajador de Chile en la Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, a concurrir a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados, con el objetivo de que brinde explicaciones sobre la anunciada ruta marítima comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.
La iniciativa plantea conocer la posición oficial del Gobierno chileno respecto de la conexión, la participación o autorización de sus autoridades y la eventual utilización del servicio para abastecer proyectos de exploración o explotación de hidrocarburos en áreas sujetas a la disputa de soberanía.
Según información periodística publicada el 11 de octubre, la empresa chilena Easter Island Naviera prevé iniciar durante noviembre una conexión marítima regular mediante el buque Danstar, destinada al abastecimiento comercial de las islas.
Entre los fundamentos del proyecto, los legisladores señalaron que la iniciativa debe analizarse en relación con la posición diplomática que Chile sostuvo históricamente respecto de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como los espacios marítimos correspondientes.
En ese sentido, citaron las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La primera insta a la Argentina y al Reino Unido a encontrar una solución pacífica y negociada a la controversia de soberanía, mientras que la segunda llama a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúa el proceso de negociación.
Los diputados sostuvieron que la apertura de la ruta genera interrogantes políticos, económicos y diplomáticos, especialmente por la posibilidad de que la conexión facilite actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las áreas en disputa.
“Resulta necesario esclarecer la naturaleza de la operación comercial anunciada, la intervención de autoridades chilenas, las características de la embarcación, su bandera, el tipo de mercaderías transportadas y la eventual prestación de servicios logísticos a empresas vinculadas con actividades económicas desarrolladas bajo autorizaciones británicas en los territorios y espacios marítimos en disputa”, expresaron en los fundamentos.
El proyecto también plantea determinar si existen circunstancias que justifiquen examinar la aplicación de la Ley 26.659 y sus modificatorias, que establece restricciones y sanciones relacionadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina.
En otro tramo, los legisladores señalaron que resulta necesario conocer si la conexión se limitará al abastecimiento comercial de la población de las islas o si podría prestar apoyo logístico a proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos desarrollados sin autorización argentina.
“Resulta especialmente importante conocer cómo se compatibiliza esa posición diplomática con el establecimiento de nuevas conexiones comerciales con el territorio en disputa”, sostuvieron.
La invitación propuesta busca obtener información oficial sobre las características y los alcances de la operación, así como evaluar sus posibles implicancias para los intereses argentinos y las relaciones bilaterales con Chile.