La llamada “ley antidoping” sancionada por la Legislatura recientemente fue uno de los temas más explosivos de la agenda mediática local.
En el mundillo político fue recibida con declamaciones positivas de forma unánime y si existía alguna voz disidente, al menos, no fue expresada.
En el ámbito ciudadano en cambio y quizás de modo lógico, se permitieron opiniones muy valiosas acerca de esta ley que promete ser una vara moral para los funcionarios públicos.
En este caso, la Legislatura comprende que el consumo de sustancias ilegales es una discusión ordenada precisamente en la esfera de lo moral corriendo de la escena a la salud pública a pesar de que la toxicomanía y la drogadependencia han sido ejes del debate de las ciencias de la salud durante los últimos 200 años.
Dejando de lado la improbable “sorpresa” que pueda llevarse algún funcionario, el corrimiento del debate de la salud hacia la moral asegura el riesgo de tomar una concepción inacabada de ella.
En apariencia, lo que motivó la aprobación de esta ley se basa en el absolutismo moral (y estoy seguro que los legisladores tuvieron muy presente el racionalismo Kantiano a la hora de levantar la mano). Es decir, lo bueno es bueno en todos lados y lo mismo para lo malo.
Evidentemente esta óptica consiste en la existencia de sustancias malas, las ilegales, y sustancias buenas, las legales, para las cuales no es necesario ningún tipo de control adicional, ni de análisis sobre el estatus social de estas últimas.
Bajo este concepto de moral, un consumidor de sustancias ilegales ya sea de forma ocasional, recreativa o de forma compulsiva es a todas luces un criminal y debe ser estigmatizado, revocado o cesanteado y escrachado en lugar de asistirlo con las herramientas que los sectores de la salud han construido durante estos largos años para afrontar tremendo flagelo.
Un segundo problema igual de importante del corrimiento de este debate tiene que ver con el contenido. De hecho y para dibujar más correctamente el panorama, con el neopositivismo de finales del s. XVIII y principios del s. XIX, el alcoholismo y la toxicodependencia, así como otras formas derivadas de las conductas consideradas morales o naturales en la época, se convierten en una enfermedad para los incipientes sistemas sanitarios. Más interesante aún es el hecho de que en los últimos 70 años, la teoría social crítica, las neurociencias, la psicología y la antropología han abierto camino al ingreso del debate en la esfera de lo cultural-económico.
Esto quiere decir, que se ubica al consumo de sustancias en un marco moral que no es absoluto, sino relativo a la época, al lugar y a los intereses económicos en juego. Vale decir con respecto a esto que desde 1616 hasta que los jesuitas se metieron en el business, la yerba mate era completamente ilegal en el virreinato; que el comercio del opio le significó a Gran Bretaña el equilibrio de su balanza comercial (y de hecho desató una guerra con China) y que la ley seca en Estados Unidos tuvo por efecto la proliferación de mafias, la aparición en escena del mítico Al Capone y toda la violencia que ello implicó.
En Tierra del Fuego sin embargo, o bien descubrimos que es mejor volver a invertir este debate, o bien es preciso decir que nuestros representantes nos están legislando, en el mejor de los casos, con la perspectiva de dos siglos atrás.
En definitiva todo se reduce a una sentencia que acuñó el magnífico René Favaloro en ocasión de otro debate de actualidad pero perfectamente aplicable ante cualquier medida del Estado que restrinja las libertades individuales: “Hay que dejar de legislar para empezar a educar”.
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