EN ABSOLUTO CONTRASENTIDO EL FALLO CONDENATORIO AL VARIAS VECES CONDECORADO OFICIAL MARCELO GUERRERO OCURRE A POCOS DIAS DE QUE OTRO POLICIA FUERA ABSUELTO PESE A HABER ADMITIDO QUE USABA EL PATRULLERO PARA TRASPONER LA FRONTERA CON MERCADERIA CHILENA SIN DECLARAR EN LA ADUANA.
El efectivo, reconocido a nivel provincial y nacional por haber logrado bajar casi a cero la tasa de delincuencia en la populosa jurisdicción de la Comisaría 5ta a su cargo mediante el uso de la tecnología como complemento de las tareas de seguridad, fue ayer condenado a un año y medio de prisión en suspenso, lo que habilita a la Policía provincial a exonerarlo. Su abogado defensor, Francisco Gimenez, volvió a reiterar que hubo “presiones” y señaló al juez Daniel Césari Hérnandez, a quien, adelantó, le pedirá un jury.
“Soy inocente y seguiré repitiéndolo. Jamás desprotegí a nadie, como me imputaron. Mis superiores estaban en pleno conocimiento de la modalidad de trabajo. Por eso no voy a bajar los brazos y seguiré luchando porque creo en Dios y ansío volver a llevar con orgullo el uniforme de la Policía” – señaló ayer al mediodía al salir de la sala de juicio del ex campamento YPF, Marcelo Guerrero, apodado cariñosamente por los vecinos como “el comisario WhatsApp”.
Nacido en la ciudad de Río Grande, egresado de la Escuela Superior de Policía de esa localidad con el título de oficial hace un cuarto de siglo y acreedor de tres medallas de oro y una de plata por su excelente desempeño en el ejercicio de sus funciones, el efectivo fue imputado en mayo de 2017 de no haber presuntamente prestado adecuada protección a Mariela Alejandra Fernández, en una causa en la que la mujer había denunciado a su novio, Diego Videla, por el hurto de su mascota. Guerrero implementó una custodia domiciliaria en el horario en el que Fernández se encontraba en su departamento, levantando la consigna durante las nueve horas en que ella se ausentaba para ir a trabajar a la fábrica BGH, a modo de optimización del escaso recurso humano con el que contaba en la dependencia a su cargo. En una ocasión, la mujer llamó telefónicamente a su pareja y luego se encontró con él en su domicilio, en horario laboral y sin comunicar su accionar a la Policía, como se había establecido. El encuentro derivó en una denuncia por violación, resultando el oficial que en ese momento era titular de la Comisaría 5ta, recriminado judicialmente por no haber dispuesto una consigna las 24 horas frente a la puerta de la denunciante, independientemente de que la persona protegida estuviera dentro o no del domicilio.
No es menor el hecho de que la mujer, que había afirmado haber sido sometida sexualmente contra su voluntad por Videla, inmediatamente después de haberlo denunciado y logrado su detención, comenzó a visitarlo en la cárcel retomando la relación con él sujeto, poseedor además de un frondoso prontuario.
INENTENDIBLE SEVERIDAD
El juez correccional Pablo Martín Bramatti aplicó una pena aun más severa que la planteada en su alegato del día anterior, el fiscal Guillermo Quadrini, quien había pedido 10 meses de prisión en suspenso para Guerrero y 20 meses de inhabilitación. El magistrado en cambio fue más allá y condenó al oficial a la pena de un año y medio de prisión, también en suspenso; tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, el cumplimiento de tres años de reglas de conducta y las costas del juicio por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito “de omisión de auxilio, y autoridad civil incompetente”. Además fijó los honorarios de los abogados defensores particulares Francisco Gimenez y Fernando Lapadula en la suma de 100 mil pesos. La condena faculta ahora a la Policía de Tierra del Fuego a exonerar a Guerrero de sus filas, obligándolo a retirarse por la puerta trasera de una institución a la que sirvió por 25 años con impecable foja de servicios y el reconocimiento a nivel provincial y nacional por su original uso de la tecnología en materia de seguridad vecinal.
En la sala de audiencias y en el exterior del edificio judicial gran cantidad de vecinos esperaban expectantes una absolución, la que no se produjo.
EXTRAÑAS CIRCUNSTANCIAS
La condena al oficial Guerrero se produce – según la rotunda afirmación de su abogado defensor Francisco “Paco” Gimenez – en el marco de una situación confusa. El abogado sostiene que el juez Daniel Césari Hernández le confesó que estaba obligado a condenar a su cliente pese a no existir delito, porque estaba “muy presionado”. Aunque Giménez no precisó de dónde provenían las supuestas presiones a las que aludiría el magistrado, no se descarta que puedan originarse en algunas referentes de la ola feminista imperante, que a todas luces atraviesa el accionar de la Policía y la Justicia en el tratamiento de la violencia de género.
“No puede haber jueces que fallen por supuestas presiones que tienen de afuera. Nos vamos a ocupar del destino de este juez, y se va a hacer el pedido de jury, porque los ciudadanos no podemos estar supeditados a ser procesados o atrapados por el aparato judicial en base a las presiones que tenga un juez. Si esto es así, cualquiera puede levantar el teléfono y decirle al juez que procese, aunque no haya delito alguno”, sostuvo Gimenez a la prensa.
ABSURDA INCOHERENCIA…
Hace apenas unos pocos días atrás, otro policía, Gustavo Orlando Franzen fue sobreseído en una causa judicial federal que lo tenía como imputado junto a una empleada de la Municipalidad de Río Grande, identificada como Mónica Ojeda, por ingresar repetidas veces a nuestro país mercadería chilena sin declararla en la Aduana, oculta en un patrullero.
El efectivo policial que haciendo uso de un bien de propiedad pública, en una asociación ilícita organizada con roles determinados: la mujer compraba en la Zona Franca de Punta Arenas aparatos electrónicos, ropa, calzado y otros artículos, los trasladaba en su vehículo particular hasta algunos kilómetros antes de la frontera, los ocultaba a un costado de la ruta convenido de antemano y seguía viaje y luego Franzen salía del país, entraba a Chile, levantaba la mercadería y ubicaba en la caja de la camioneta y volvía a entrar a Argentina, confiado en que por su investidura policial nadie le diría nada, no mereció condena judicial alguna a pesar de que el uniformado terminó por admitir la autoría de los hechos al ser descubierto por Gendarmería Nacional.
Increíblemente Franzen fue en juicio oral y público “sobreseído”, por haber considerado los jueces federales que no existió contrabando sino apenas “una falta aduanera”.
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