El video que cambió un juicio que pudo terminar con una severa condena a una persona inocente.
Alejandro Naccarato sostuvo que la filmación incorporada durante el debate fue determinante para absolver a Juan Manuel Copado, quien estuvo detenido y pasó más de dos años procesado por una agresión que no existió.
El defensor oficial del Distrito Judicial Norte, Alejandro Naccarato, aseguró que la absolución de Juan Manuel Copado quedó directamente vinculada a la incorporación de una filmación que permitió reconstruir cómo ocurrieron realmente los hechos investigados.
“El no es el autor del hecho porque quedó demostrado en un video que no le provocó el golpe”, afirmó el letrado luego del fallo dictado este miércoles por el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Río Grande.
Copado, de 35 años, había llegado a juicio acusado del delito de lesiones graves, imputado de haber provocado heridas a Celeste Obando durante un episodio ocurrido en diciembre de 2023 en la vía pública.
Sin embargo, durante la etapa de alegatos, el fiscal Ariel Pinno solicitó la absolución del acusado al considerar que no pudo acreditarse cómo la denunciante sufrió el corte en la ceja que demandó 16 puntos de sutura.
En ese contexto, el Tribunal habilitó la incorporación de una prueba que resultó decisiva para el desenlace del juicio: un video obtenido por una cámara de seguridad callejera.
La filmación, cuya autenticidad fue posteriormente ratificada por personal policial, mostró una secuencia distinta a la denunciada inicialmente.
Según expuso la defensa, en las imágenes puede verse que quienes iniciaron la agresión contra Copado fueron la denunciante y una amiga, sin que el acusado realizara la conducta que se le atribuía en la acusación.
“La prueba era el video que estaba en la causa, el dato objetivo analizado por la misma Policía”, sostuvo Naccarato.
El defensor consideró además que la posibilidad de reproducir la filmación durante el debate oral resultó determinante para esclarecer lo ocurrido.
La absolución de Copado puso fin a un proceso judicial que se extendió durante más de dos años y medio y que había mantenido al acusado detenido y posteriormente sometido a proceso por el delito de lesiones graves, figura que lo pudo llevar a pasar hasta 6 años preso y a tener que resarcir económicamente a su denunciante.