Ante el procedimiento de insistencia de la Legislatura para dejar sin efecto la Ley 1.529 de reforma constitucional.
El Gobierno provincial publicó la ley que dejó sin efecto la norma que declaraba la necesidad de reformar la Constitución. Lo hizo en cumplimiento del procedimiento legal, en tanto espera que la Justicia se expida sobre el recurso interpuesto para avanzar con la modificación de la Carta Magna.
Emiliano Fossatto, secretario Legal y Técnico del Gobierno de Tierra del Fuego.
El secretario Legal y Técnico de Gobierno, Emiliano Fossatto, aseguró que la promulgación de la ley que dejó sin efecto la convocatoria a la reforma constitucional «demuestra la madurez institucional y el respeto por el funcionamiento de los poderes del Estado».
El Gobierno provincial promulgó la Ley Provincial Nº 1626, mediante la cual quedó formalmente derogada la Ley Nº 1529, que había declarado la necesidad de avanzar con una reforma parcial de la Constitución fueguina. La norma fue publicada el pasado miércoles 10 de junio en el Boletín deicial.
La promulgación se produjo luego de que la Legislatura insistiera con la derogación de la ley, pese al veto que había dispuesto previamente el gobernador Gustavo Melella. Ante esa situación, y tal como establece la Constitución provincial, el Poder Ejecutivo quedó obligado a promulgar la norma aprobada por los legisladores.
Fossatto explicó que la decisión responde al cumplimiento de los mecanismos institucionales previstos para la sanción de las leyes y consideró que la actuación del Gobierno refleja «respeto por la división de poderes y el funcionamiento de las instituciones republicanas».
Sin embargo, aclaró que la promulgación de la ley no implica que el Ejecutivo haya desistido de su postura respecto de la reforma constitucional.
«La promulgación no significa que el proceso haya terminado. El Gobierno seguirá ejerciendo todas las acciones legales que correspondan para sostener la validez del proceso de reforma constitucional», afirmó.
En ese sentido, indicó que continuarán las presentaciones judiciales vinculadas al tema, incluida la apelación presentada en el expediente que tramita ante el Juzgado Electoral.
Según sostuvo el funcionario, la decisión de promulgar la ley y, al mismo tiempo, continuar con los reclamos judiciales no son acciones incompatibles. «El Gobierno cumplió con la obligación constitucional de promulgar la ley insistida por la Legislatura, pero eso no modifica la posición que viene sosteniendo respecto de la validez del proceso de reforma constitucional», señaló.
Finalmente, remarcó que las acciones judiciales ya iniciadas seguirán su curso y que el Ejecutivo adoptará las medidas que considere necesarias para defender su posición en torno al proceso de reforma.