Intervención del puerto de Ushuaia.
El Ejecutivo provincial pidió el cese de la medida, denunció la apropiación indebida de los recursos portuarios y advirtió que están en riesgo cientos de puestos de trabajo.

El Gobierno de Tierra del Fuego presentó en las últimas horas una demanda ante la Justicia Federal para que se declare la inconstitucionalidad de la intervención nacional del Puerto de Ushuaia y se ordene su cese inmediato. La acción judicial apunta directamente contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y denuncia, entre otros puntos centrales, la apropiación indebida de recursos provinciales mediante la centralización de la facturación de los servicios portuarios en cuentas nacionales, una medida que —según se advirtió— pone en riesgo cientos de puestos de trabajo fueguino.
La presentación cuestiona la Resolución RESOL-2026-4-APN-ANPYN#MECON y sostiene que la intervención vulnera la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, el régimen federal vigente y el convenio de transferencia de puertos firmado entre Nación y Provincia en 1992. La demanda fue redactada por el secretario Legal de Gobierno, Emiliano Fossatto, junto al equipo de esa secretaría, y califica la decisión nacional como “una usurpación flagrante de las atribuciones soberanas de la provincia”.
Desde el Ejecutivo fueguino se afirmó que la medida adoptada por el organismo nacional constituye una intervención federal indirecta o encubierta, ya que se avanzó sobre un área estratégica de competencia provincial sin cumplir con el procedimiento constitucional que exige una ley del Congreso de la Nación. “Se trata de una toma de control abrupta, sin sustento legal, que vulnera el sistema federal y el orden constitucional”, se expresó oficialmente.
Uno de los ejes centrales de la demanda es la denuncia por apropiación indebida de recursos provinciales. Según se detalla en la presentación judicial, la ANPyN dispuso la centralización de la facturación de los servicios portuarios y ordenó que los fondos generados por la operatoria del Puerto de Ushuaia sean depositados en una cuenta nacional. Para el Gobierno fueguino, esta decisión implica la creación de un “sistema financiero paralelo” que sustrae recursos del circuito presupuestario provincial y deja sin efecto el control del Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego, órgano de fiscalización previsto constitucionalmente.
Además del impacto institucional y financiero, la Provincia advirtió que esta maniobra pone en riesgo directo cientos de puestos de trabajo vinculados a la actividad portuaria. La sustracción de los recursos que financian el funcionamiento del puerto y el pago de salarios podría afectar la continuidad laboral de trabajadores fueguinos y el normal desarrollo de una actividad considerada estratégica para la economía local.
La demanda también recuerda que el Puerto de Ushuaia fue transferido a la Provincia a título gratuito en 1992, mediante un convenio Nación–Provincia ratificado por ley, que otorgó a Tierra del Fuego el dominio, la administración y la explotación de la terminal portuaria. En ese sentido, se sostiene que la intervención desconoce un acuerdo plenamente vigente y viola derechos adquiridos por la jurisdicción provincial.
Otro de los argumentos centrales es el exceso y la desviación de poder por parte de la ANPyN. El Gobierno provincial afirma que el organismo nacional, amparándose en un decreto reglamentario, excedió ampliamente las facultades de control y fiscalización que le otorga la Ley de Puertos N° 24.093, para arrogarse funciones de gobierno y administración directa que no le corresponden.
La intervención cuestionada se concretó de manera sorpresiva la noche del 20 de enero de 2026, cuando funcionarios de la ANPyN notificaron la toma de posesión inmediata de las instalaciones portuarias. Ese procedimiento desplazó de hecho a las autoridades de la Dirección Provincial de Puertos, excluyendo a su presidente, vicepresidente y director general operativo.
Ante este escenario, el Gobierno fueguino solicitó a la Justicia Federal no solo la declaración de inconstitucionalidad de la resolución de la ANPyN, sino también el cese definitivo de toda forma de intervención, gestión o control nacional sobre el Puerto de Ushuaia, junto con la restitución plena del dominio, la administración, la explotación y la percepción de los recursos a la Provincia.
Como medida urgente, se pidió además el dictado de una cautelar que suspenda de inmediato los efectos de la intervención “para evitar un daño irreparable”, en virtud de la sustracción diaria de recursos provinciales y la generación de hechos consumados de difícil reversión.
Desde el Ejecutivo se subrayó que la acción judicial busca trascender el caso puntual del Puerto de Ushuaia y erigirse como un antecedente en defensa del federalismo. En ese marco, se sostuvo que el planteo pretende reafirmar que “las provincias son preexistentes a la Nación y conservan todos los poderes no delegados expresamente”.
Finalmente, desde el Gobierno provincial se afirmó que “estamos actuando con la firme convicción de defender los derechos soberanos del pueblo fueguino y de sentar un precedente claro sobre los límites del poder central, en estricto cumplimiento y defensa del orden constitucional”.