Se trata del funcionario Gustavo Caro, quien fue notificado de derechos y garantías en la causa judicial federal que investiga el ingreso a Rio Grande de 27 kg de marihuana.
En el marco del operativo “Pandemia Verde”, Caro está sospechado de haber facilitado el desplazamiento de los narcotraficantes otorgándoles permisos de circulación con sello oficial.
En las últimas horas el Gobierno provincial emitió un comunicado mediante el cual informa que “con la finalidad de continuar colaborando con la Justicia y con las Fuerzas Federales, se decidió suspender en su cargo al funcionario con presunta vinculación en la causa denominada “Pandemia Verde” hasta tanto se esclarezca su situación judicial”.
De esta manera el gobernador Gustavo Melella apartó de sus funciones de subsecretario del Ministerio de Obras y Servicios Públicos a Gustavo Caro, quien acompañó también al mandatario en la Municipalidad de Río Grande. En el mismo comunicado se informa que además de haber sido suspendido en el desempeño de su cargo también se le interrumpió el pago de haberes.
La gacetilla oficial da cuenta asimismo que la medida dispuesta a partir del viernes 3 de julio mediante Decreto provincial N°904/20, obedece a que “es política pública de este Gobierno llevar adelante todas aquellas acciones necesarias para combatir el narcotráfico. En ese sentido el Ejecutivo Provincial facilitará todas las herramientas necesarias para la investigación por lo que se seguirá la línea investigativa apoyando el accionar de la Justicia federal para llegar hasta las últimas consecuencias. No hay distinción de quién se trate”.
El caso
La jueza federal Mariel Borruto libró la semana pasada nuevas órdenes de allanamientos domiciliarios y de detención en torno al caso que se denominó “Pandemia verde”. Se trata de una causa iniciada al registrarse el ingreso a Tierra del Fuego de dos bolsos conteniendo marihuana, a mediados de junio del corriente año. Las primeras medidas dispuestas por la magistrada una vez producido el hallazgo de 27 kilogramos de cannavis sativa, consistieron en la detención de cinco personas y la notificación de derechos y garantías de otras cuatro, sin privación de la libertad.
El jueves último la jueza ordenó la detención de una sexta persona y la notificación de derechos y garantías de un funcionario provincial, identificado como Gustavo Caro, quien reviste como subsecretario del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y que anteriormente se desempeñó en la Municipalidad riograndense, también en el área de Obras Públicas. A Caro la Policía le allanó el domicilio, operativo durante el cual se secuestraron distintos elementos a peritar.
En forma extraoficial se pudo saber que los allanamientos domiciliarios tuvieron lugar el 2 de julio en la calle Chorlo Artico y en Anadón al 1000. Es de destacar que en uno de los domicilios se procedió a la detención de Gustavo Anchordoqui, padre de uno de los detenidos el día 15 de junio y en el restante, se informó oficialmente a Caro que se encuentra incurso en una causa por narcotráfico.
A mediados del mes pasado fueron detenidos Luis Eduardo Alcoba, Juan Duarte, Gastón Denis Almada, Carlos Mario Bennati, y Agustín Anchordoqui, a quien ahora se sumó el padre del último nombrado, Gustavo Anchordoqui.
El Juzgado Federal a cargo de la jueza Borruto, bajo la Secretaría Penal Nro 2 a cargo de Diego Spilotti y el Ministerio Público Fiscal Federal de Río Grande a cargo de Marcelo Rapoport impulsaron una acción penal por comercialización de estupefacientes, descubierta y desbaratada hace dos semanas cuando personal policial logró interceptar a dos sujetos trasladando bolsos con marihuana.
De los nueve imputados en una primera instancia, cinco fueron detenidos e imputados de incurrir en el delito de “comercialización de estupefacientes”.
En el accionar policial se pudo incautar un bolso conteniendo 38 paquetes de marihuana, un arma de fuego y sus correspondientes municiones, tres automóviles y un camión.
Según se pudo saber, a bordo de un automotor Fiat Palio se desplazaban algunos de los imputados, quienes después de hacerse del bolso con estupefacientes emprendieron la fuga al sentirse observados por los efectivos policiales, sin lograrlo.
Es de destacar que solo uno de ellos aceptó prestar declaración indagatoria, Carlos Mario Bennatti, quien negó todo tipo de responsabilidad en las actividades delictuales en las que se lo involucra.
Consta en el expediente que el ingreso de la droga a territorio fueguino se habría producido a bordo de un camión presuntamente conducido por Gastón Denis Almada, quien habría disimulado los paquetes de marihuana entre la mercadería que transportaba para una empresa textil en Rio Grande. Ese cargamento habría sido entregado a Agustín Anchordoqui en su domicilio, en donde la Policía ya había montado un operativo para sorprenderlo.
En cuanto a la responsabilidad que se le imputa al funcionario provincial Gustavo Caro es el de haberle suministrado a los narcotraficantes permisos oficiales para que pudieran circular libremente en la ruta y en la ciudad de Río Grande, razón por la cual y hasta que se determine fehacientemente su culpabilidad o inocencia, se lo notificó de derechos y garantías sin privación de libertad.
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