Ministro de Economía provincial, C.P.N Alejandro Barrozo.
El titular de la cartera económica afirmó que la norma vetada por el Ejecutivo ponía en riesgo la prestación de servicios esenciales y advirtió que el mecanismo carecía de viabilidad financiera, técnica y operativa.
Alejandro Barrozo, ministro de Economía provincial: “El veto no es en contra de los municipios”.
El ministro de Economía de la Provincia, Alejandro Barrozo, defendió el veto dispuesto por el gobernador Gustavo Melella a la denominada ley “de goteo”, mediante la cual se buscaba establecer un sistema automático y diario de transferencia de fondos coparticipables a los municipios.
Según sostuvo el funcionario, el mecanismo aprobado por la Legislatura resultaba “inviable desde todo punto de vista” y podía comprometer seriamente el funcionamiento del Estado provincial.
“Esta ley era inviable desde todo punto de vista y ponía en peligro la prestación de servicios básicos del Estado”, afirmó Barrozo.
“No solo es imposible de cumplir desde el punto de vista económico, sino que además administrativamente y operativamente no se puede determinar diariamente qué fondos enviados por Nación deberían remitirse a los municipios”, agregó.
El ministro aclaró además que el veto “no es en contra de los municipios”, sino que responde a “cuestiones institucionales y financieras que impiden implementar un mecanismo de este tipo”.
En los fundamentos del veto, el Poder Ejecutivo remarcó que no se encuentra en discusión la coparticipación municipal ni los recursos que corresponden a cada ciudad, sino la aplicación de un esquema rígido y automático que —según los informes técnicos elaborados por distintos organismos— podría afectar seriamente la administración financiera provincial.
En ese sentido, la Contaduría General, el Ministerio de Economía y los servicios jurídicos del Ejecutivo coincidieron en advertir que el sistema aprobado carecía de viabilidad técnica y operativa.
Particularmente, la Contaduría General señaló que una transferencia automática diaria, sin contemplar los procesos de control, registración y determinación definitiva de los fondos coparticipables, podría derivar en transferencias indebidas y afectar partidas con asignaciones específicas establecidas por ley.
Asimismo, en los fundamentos se advirtió que un sistema de transferencias automáticas diarias podría dificultar la disponibilidad inmediata de fondos para afrontar emergencias o situaciones críticas que involucren derechos fundamentales de la población.