Denuncia penal contra el concejal y convencional Javier Branca y su asesor, Maximiliano Rijo:
En el marco de la causa penal Nro. 3227, radicada en el Juzgado de Instrucción Nro. 3 del Distrito Judicial Sur, se aceptó el viernes último la constitución como querellante de Yanira Martínez Ortiz. Se investiga al edil del bloque “Partido de la Ciudad” y al presidente de la Cooperativa de Viviendas “Nuestro Techo”, por la presunta comisión de los delitos de amenazas y extorsión.
El titular del Juzgado de Instrucción Nro. 3 del Distrito Judicial Sur Federico Vidal, hizo constar en su resolución de fecha 28 de junio del 2022, que la denunciante Yanira Martínez Ortíz “reviste la calidad legal para actuar como particularmente ofendida por el presunto delito que se investiga”.
En otra parte de la resolución se señala que “a la luz del bien jurídico comprometido y sin perjuicio de las resultas de la investigación, prima facie adquiere verosimilitud el acaecimiento de la ofensa esgrimida por la peticionante, lo que legitima su acceso al proceso en calidad de querellante”.
Como ya se informara, la presentación de la funcionaria municipal data del pasado 16 de junio y mereció de parte de la Fiscalía la elevación del requerimiento de instrucción. El auxiliar de la Justicia ordenó “realizar todas las pruebas sugeridas por la denunciante”, en el mismo día. En ese marco, el Juzgado de instrucción Nro. 3 aceptó la causa, y citó a ratificar la denuncia a Martínez Ortíz el pasado 21 de junio.
En la ratificación de su denuncia, la actual subsecretaria de Vivienda del Municipio de Ushuaia, señaló que “toda la secuencia de amenazas me infundieron temor, teniendo en cuenta además las circunstancias que se suscitaron con mi vehículo, al que se le aflojaron las tuercas estando estacionado frente a mi casa, la cual linda con el domicilio de Branca”. La mujer aclaró, con la representación legal de la abogada y ex gobernadora Fabiana Ríos, y Solange Verón, que teme por su integridad y la de su familia, ya que tiene un hijo de nueve años y una hija de cuatro.
En su denuncia, Martínez Ortíz hizo constar que Maximiliano Rijo, en representación del edil Branca “me amenazó con destruirme a mí y a mi familia”.
A partir de la aceptación de Yanira Martínez Ortíz como querellante, la denunciante podrá participar activamente del proceso penal en curso, aportando pruebas y colaborando con la investigación de los delitos.
La denunciante también acusó al concejal y a su colaborador de “persecución política y violencia contra la mujer”.
La denuncia
Yanira Martínez Ortíz era miembro de las cooperativas de viviendas “Nuestro Techo” y “Mujeres Cooperativistas” hasta que – declaró en su escrito judicial – “fui presionada y obligada a renunciar por el concejal Javier Branca, bajo la amenaza de hacer circular un material que decía presuntamente tener, para destruir mi relación de pareja y mi familia”.
El hostigamiento denunciado por Ortiz se habría producido luego de que ésta marchara por las calles de Ushuaia el 3 de junio último, junto a otras mujeres del movimiento cooperativista y feminista, bajo la consigna “Ni una menos”: “En tal oportunidad marchamos con carteles que decían `No más violentos en nuestras cooperativas´. Ese mismo día y los siguientes se difundió otra foto de la misma marcha del 3 J realizada en la localidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, en la que en una intervención calllejera que simulaba una telaraña con hilos y sogas, aparecía un cartel con el nombre `Javier Branca, consejal (sic) Ushuaia´, armada por organizaciones de mujeres y disidencias que allí participaban denunciando a hombres violentos”.
Las consecuencias no habrían tardado en producirse cuando “el día 6 de junio fui convocada a una reunión vía Whatsapp por Maximiliano Rijo, presidente de la Cooperativa Nuestro Techo, quien me manifestó que había sido enviado por el concejal para hacerme saber que la participación en la marcha, los carteles expuestos con su nombre y los resultados de las elecciones a convencionales constituyentes eran un punto de quiebre en la relación política que manteníamos” – continuó relatando Martínez Ortíz.
Sobre la mención de los resultados en los comicios de mayo, ocasión en la que denunciante y denunciado fueron candidatos a convencionales constituyentes, una por la lista “Más Ushuaia” y el otro, por “Sí Ushuaia”, Yanira expresó que “Branca me dijo que las preferencias que obtuve en mi candidatura a convencional se debían a haberme apropiado de votos que él consideraba propios y que con estas acciones había superado todos los límites admisible, que tenía material mío personal que comprometía mi reputacion y que estaba dispuesto a jugar esa carta si yo no daba un paso al costado de los espacios de militancia social y cooperativa que teníamos en común”.
La impulsora de la denuncia afirmó también sobre el concejal que “intentó persuadirme y amedrentarme insistiendo en todo momento en que era mejor dar un paso al costado. Me aconsejaba que disfrutara de mi familia, que no perdiera tiempo en todo esto, que soltara… Que todo esto era inconveniente a mis intereses y que no dedicara mi tiempo a la politica y a la militancia social y cooperativa”.
Las imputaciones se tornan más graves aún cuando Yanira Martínez Ortíz deja entrever que el edil pudo ser autor de un atentado contra su integridad física y la de su familia: “Al circular en mi auto el día 8 de junio último, escuché unos ruidos extraños. Estábamos próximos a realizar el service regular del vehiculo y conversamos con mi esposo del ruido que habíamos escuchado. Al otro día, en un encuentro social le comentamos a una persona de nuestra confianza que trabaja como mecánico, del ruido que habíamos detectado. Lo revisó y nos dijo que faltaba un tornillo de la rueda delantera derecha y que los otros tres estaban flojos. Nos dijo también que debido al sistema de ajuste de rosca de esas piezas lo que ocurrió se debió a una maniobra humana y no a un evento relacionado con el andar o uso regular del vehículo. En ese momento el miedo empezó a tomar forma concreta. El temor se hizo palpable. Ahí tomé conciencia que de no haber sido advertida por el mecánico podría haber ocurrido un accidente que afectara a mi grupo familiar y a mí. Esa misma noche accedí a entregar la documentación de las cooperativas por sentirme bajo extorsión”.
Finalmente, la denunciante destaca que ante el accionar del edil y de su asesor se sintió “aturdida, asustada, paralizada, amenazada y extorsionada. Estaban vulnerando mi voluntad y ejerciendo violencia explícita y solapada en un modo brutal. Esta es además una persecución por mi condición de mujer”.
Con respecto a Maximiliano Rijo la mujer lo acusa de haber oficiado de intermediario de las acciones investigadas.
Mientras tanto
El fiscal Nicolás Arias, luego de recibir a la denunciante y a las dos abogadas que llevan adelante su caso, mientras se sustancia el expediente judicial iniciado, ordenó la realización de una pericia psicológica “con perspectiva de género” al concejal Javier Branca y le prohibió, mediante una perimetral, que el edil se le acerque a ella y a su grupo familiar.
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