El proyecto ya fue enviado al Concejo Deliberante de Ushuaia para su tratamiento.
Desde la Municipalidad capitalina se planteó la necesidad de contar con herramientas extraordinarias por un periodo de seis meses ante la caída de ingresos y las demoras en el cobro de los fondos coparticipables. También se advirtieron riesgos en la prestación de servicios esenciales y el pago de salarios.
Secretario de Gobierno municipal, Sebastián Iriarte: “El planteo responde a una situación económica y financiera excepcional”.
El Ejecutivo municipal remitió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para declarar la Emergencia Económica y Financiera en Ushuaia por el término de seis meses, en medio de un contexto marcado por la caída de ingresos y las dificultades en la transferencia de fondos coparticipables.
Desde la Municipalidad sostuvieron que las demoras en la remisión de recursos por parte del Gobierno provincial superan actualmente los 12 mil millones de pesos, situación que —afirman— impacta de manera directa sobre la liquidez del Municipio y dificulta la planificación financiera.
La iniciativa busca otorgar herramientas excepcionales para afrontar la coyuntura y garantizar la continuidad de los servicios esenciales que presta el Estado local.
Entre las facultades previstas, se contempla la posibilidad de renegociar, adecuar o rescindir contratos y concesiones vigentes; implementar mecanismos de consolidación y refinanciación de deudas con proveedores; y reestructurar partidas presupuestarias según las prioridades del momento.
Además, el proyecto habilita al Ejecutivo a gestionar nuevas fuentes de financiamiento y readecuar el presupuesto vigente en función de la evolución económica. También dispone la suspensión de nuevas incorporaciones de personal, salvo en áreas esenciales debidamente justificadas.
El secretario de Gobierno municipal, Sebastián Iriarte, explicó que la medida responde a “una situación económica y financiera excepcional”, enmarcada en un escenario macroeconómico adverso que repercute sobre la actividad local, la recaudación y la capacidad operativa del Estado.
El funcionario indicó que los ingresos por coparticipación registraron en enero de 2026 una caída nominal del 5 por ciento respecto del mismo período del año anterior, lo que —según señaló— representa una pérdida real cercana al 38 por ciento del poder de financiamiento.
En ese marco, volvió a reclamar una ley de goteo automático que garantice el ingreso regular de fondos a los municipios. También cuestionó que actualmente esos recursos estarían llegando con una demora aproximada de 40 días.
Desde el Ejecutivo agregaron que el panorama se agrava por la retracción del consumo, la caída de la actividad económica, la pérdida del poder adquisitivo y el desfasaje entre las variables contempladas en el presupuesto y la evolución real de la economía.
Iriarte sostuvo finalmente que la declaración de emergencia constituye “una herramienta necesaria para sostener el funcionamiento del Estado municipal, preservar el empleo y acompañar a la comunidad frente a un escenario de creciente complejidad económica y social”.