La legisladora justicialista Myriam Martínez admitió que es escaso el tiempo de debate en comisión del proyecto de emergencia, teniendo en cuenta que se fijó fecha de sesión para el jueves próximo y habrá solamente 48 horas para citar a todas las partes interesadas. Responsabilizó al oficialismo de no querer trabajar de inmediato en el análisis, incluso durante el fin de semana.
“Nosotros estábamos dispuestos a trabajar desde este viernes, el sábado, domingo y lunes, pero se acordó el martes y miércoles. Eso lo propuso el oficialismo y espero que alcance el tiempo”, advirtió a la prensa.
El plenario está previsto para el martes a partir de las 11 de la mañana y la reunión se hará “en el recinto de sesiones, porque el lugar está acondicionado. Están citados los funcionarios del Ejecutivo provincial de las áreas de Economía y Producción, las autoridades del Banco, de la AREF y de Obras Públicas, y también queremos escuchar a los intendentes”, señaló.
Explicó que “el proyecto de emergencia no se trató porque no contábamos con información. Un proyecto de ley de estas características necesita de un trabajo en comisión, donde concurran los funcionarios con toda la documentación para responder todas las preguntas. Tienen que contar de qué se trata el proyecto y cómo lo van a llevar adelante”.
Una de las objeciones del bloque es la inclusión del decreto 612, que fue observado por el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado. La legisladora pidió por nota formal al Fiscal que se expida sobre su legalidad y espera que el dictamen llegue antes de la sesión. “A nuestro entender, el gobernador se está arrogando facultades que le corresponden a la Legislatura y además está modificando leyes. Nosotros hemos enviado una nota al Fiscal de Estado para que diga si este instrumento público está dentro de la legalidad y esta respuesta debe llegar antes de la sesión. Además ese decreto tiene un efecto retroactivo, porque salió con fecha 23 de abril y es retroactivo al 16 de marzo, es decir que todos los actos públicos del 16 de marzo en adelante quieren justificarlos con este decreto de emergencia y eso no es legal”, cuestionó.
También se objeta desde el bloque el nuevo endeudamiento de tres mil millones sin destino específico, la falta de claridad sobre la distribución de los dos mil millones de capitalización del Banco Tierra del Fuego entre créditos bancarios, no bancarios y obra pública, y la tasa que se va a ofrecer a los beneficiarios.
Además apela a otro pronunciamiento de los organismos de control, que también deberá ser previo a la sesión, para dar aval a la “renegociación de contratos de obra pública y prestaciones de servicio” incluida en el proyecto. “Creemos que deben hacer una primera consulta al Tribunal de Cuentas y después al Fiscal de Estado, por el posible perjuicio económico si dejan sin efecto contrataciones que ya fueron adjudicadas”, dijo.
Respecto de la necesidad de que participen los intendentes en estas comisiones maratónicas prevista para martes y miércoles, puso de relevancia la importancia de que “den su opinión porque han estado ausentes en todo esto y hay artículos donde se exime del pago de ingresos brutos y del impuesto de sellos, que son coparticipables. Va a haber una baja en la coparticipación municipal que se suma a la demora en el envío de los fondos coparticipables”, sostuvo.
Finalmente la legisladora advirtió sobre la falta de disponibilidad de los fondos de la colocación de bonos aunque el jueves próximo se apruebe la ley, porque se encuentran depositados en tres plazos fijos y recién se liberarían en junio. “Quedan 110 millones de dólares y están depositados en tres plazos fijos que recién están venciendo en junio. Muchos me dicen que no existe la opción de precancelar y disponer de esos dólares que hay que salir a cambiar, por lo que habrá que esperar al mes de junio para hacerse de los recursos”, concluyó.
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