Entre acusaciones, graves hechos de violencia y un suicidio, comienza el juicio por la venta irregular de viviendas de ATE.
A casi 10 años de iniciada la investigación y en medio de un fuerte e inédito operativo de seguridad en Tribunales, también Miguel Arana y Erik Moscoso Panozo enfrentarán desde este lunes un proceso judicial por presuntas estafas y lavado de activos vinculados a viviendas sociales.
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur dará inicio este lunes 18 de mayo, desde las 9, al juicio oral y público por la causa de las viviendas de ATE en Barrancas del Río Pipo, uno de los expedientes judiciales más controvertidos de los últimos años en Tierra del Fuego.
En el banquillo estarán el histórico secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en Ushuaia, Carlos Córdoba; Miguel Ángel Arana, señalado como responsable del área de Vivienda del gremio; y Erik Enrique Moscoso Panozo, acusado en una causa conexa por presunto lavado de activos.
La investigación gira en torno a 22 denuncias por presuntas estafas reiteradas y maniobras de defraudación vinculadas a viviendas sociales originalmente destinadas a afiliados del sindicato estatal.
Según la hipótesis acusatoria, distintas personas ajenas al sindicato habrían entregado dinero, vehículos, cheques y otros bienes bajo la promesa de acceder a unidades habitacionales del complejo gremial de 128 viviendas construido en Barrancas del Río Pipo.
De acuerdo con la investigación judicial, los listados de beneficiarios eran confeccionados desde el ámbito gremial y posteriormente presentados ante el Instituto Provincial de Vivienda (IPV), organismo que intervenía en el control formal de requisitos para la adjudicación.
El eje central que analizará el Tribunal será si desde la estructura sindical de ATE se ofrecieron o comercializaron cupos habitacionales que no podían ser asignados discrecionalmente a particulares que no fueran empleados públicos.
La acusación sostiene que Córdoba habría tenido un rol central en las gestiones administrativas realizadas ante el IPV, además de haber recibido reclamos de particulares que aseguraban haber entregado dinero pese a no pertenecer siquiera al ámbito estatal provincial.
Arana, en tanto, aparece señalado como una figura operativa dentro del área de Vivienda del gremio y como presunto intermediario directo en contactos y pagos vinculados a las adjudicaciones.
Por su parte, Moscoso Panozo será juzgado por presuntas maniobras de lavado de activos relacionadas con operaciones comerciales, cheques y maquinaria vial que, según la acusación, habrían buscado dar apariencia lícita al origen de bienes y fondos investigados en la causa principal.
La investigación estimó que las presuntas maniobras habrían generado perjuicios económicos superiores a los 8 millones de pesos y cerca de 52 mil dólares en valores históricos, correspondientes a operaciones realizadas antes de 2018, año en que comenzaron a radicarse las denuncias.
El expediente arrastra además antecedentes marcados por hechos de fuerte impacto público.
Uno de los nombres que apareció en los primeros tramos de la investigación fue el de Daniel Alberto Belbey, quien inicialmente iba a integrar la nómina de imputados pero cuya situación penal quedó extinguida tras su fallecimiento.
Según los antecedentes difundidos durante la instrucción, Belbey se quitó la vida en una de las tribunas de la cancha municipal de fútbol de Ushuaia, en momentos en que la causa comenzaba a adquirir fuerte repercusión pública.
En aquellos mismos días también fue violentamente agredido Miguel Ángel Arana, quien permaneció internado en terapia intensiva en el Hospital Regional Ushuaia, debido a los golpes sufridos.
El debate estará presidido por el juez Alejandro Pagano Zavalía, acompañado por Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla, mientras que la acusación será sostenida por el fiscal Daniel Curtale.
Las defensas estarán a cargo del defensor público José María Fernández López y de los abogados Marisel Banegas y Rodrigo Guidi. También participarán representantes legales del IPV y de la querella particular.
Durante el juicio se prevé la declaración de alrededor de 90 testigos.
El proceso comenzará además bajo un llamativo operativo especial de seguridad dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia, que incluirá restricciones vehiculares y controles policiales en el perímetro del edificio judicial ubicado en Congreso Nacional 502.
Según informó oficialmente el Poder Judicial, durante las jornadas de debate se verá afectada la circulación en calles aledañas como 8 de Noviembre, Isla San Pedro, Manuel Garea y Congreso Nacional, mientras que el operativo será supervisado por efectivos de la Policía Provincial.