Los hechos investigados se remontan a 8 años atrás, cuando una marinera habría sido abusada por un suboficial principal de la Base Naval Ushuaia.
El juicio promete constituirse en un hecho de relevancia histórica dado que interpela a una institución militar de amplia predominancia masculina. La fecha del juicio se fijó para el próximo miércoles 18 de agosto.
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur dará inicio el próximo miércoles 18 de agosto al debate oral no público para determinar la responsabilidad penal de Reinaldo Cardozo, acusado de abuso sexual.
El delito presuntamente cometido por el militar es el de “abuso sexual simple en concurso ideal con abuso sexual agravado y amenazas coactivas”.
El Tribunal de Juicio estará presidido por el juez Alejandro Pagano Zavalía, con las vocalías de los magistrados Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla. En tanto, Eduardo Urquiza, Fiscal Mayor del DJS representará al Ministerio Público; la querella estará a cargo de la abogada Sofía Carolina Barbasin y la defensa del imputado la ejercerá el letrado Guillermo Echagüe.
Para el debate está prevista la presencia de 16 testigos.
Los hechos
Aunque el forzamiento sexual denunciado, de un superior a una subordinada, en la Base Naval Ushuaia, habría ocurrido en el año 2013, recién se formalizó en los estrados judiciales dos años después. Y constituyó un larguísimo trámite, con un sinfín de elementos colectados, pericias, marchas y contramarchas hasta ayer, cuando se conoció la confirmación de fecha para que el caso sea dilucidado en un juicio.
De tal modo, el Tribunal de Enjuiciamiento de la capital fueguina dispuso que juzgará al suboficial Reinaldo Cardozo, de 55 años, después de un proceso en el que la víctima, una mujer de 33 años (tenía 25 al momento de los hechos) dijo haber sido damnificada con la pérdida del empleo, del uso de una casa de servicio, de cobertura social, además de daño psicológico.
La denunciante aseguró a la prensa que “debí batallar durante siete años hasta lograr que la Justicia procesara a Cardozo”. Al hombre, casado y padre de tres hijos se le imputan los delitos de abuso sexual simple en concurso ideal con abuso sexual agravado con acceso carnal y por pertenecer el imputado a una fuerza de seguridad, los que concurren idealmente con el delito de amenazas coactivas mediando violencia de género, según reza el expediente judicial.
“Ingresé a la Armada en 2011 porque ser militar era un sueño y un anhelo. Yo veía los uniformes y sentía orgullo. Creía que podía servir a la patria. Hice el curso en Puerto Belgrano, cerca de Bahía Blanca y volví a Ushuaia. Mi primera función fue de camarera dentro de la casa de suboficiales. Les servía la comida. Eran todos hombres”, contó
la mujer que sigue viviendo en Ushuaia, junto a su hijo de 18 años.
Ella continuó narrando que Cardozo era su jefe directo en 2013 cuando le dieron el pase a Tierra del Fuego, que casi la doblaba en edad, que estaba casado y que tenía tres hijos.
“Desde que llegó, empezó con insinuaciones, con preguntas sobre mi vida personal. Yo trataba de eludirlo pero después comenzó a hacerme propuestas y a acosarme directamente. A mitad de ese año me hizo entrar a un depósito para sacar unas copas. Abrí con la llave, él me siguió, cerró la puerta y ahí tuvo lugar la violación que está denunciada en la causa y que se demostró en el procesamiento”, recuerda la ex marinera.
La denunciante dijo que ante lo sucedido se dirigió al superior del suboficial que la había abusado, un militar con el grado de teniente, quien le habría dicho: “Es tu palabra contra la de él y no tiene valor. Además la Armada te está dando trabajo, una casa, una obra social y la atención para tu hijo (que estaba siendo tratado por una enfermedad en Buenos Aires). No te conviene hacer nada”.
Entonces “comenzaron las amenazas y persecuciones” – agregó. “El me bajó todos los conceptos de mi legajo personal, por lo que al poco tiempo fuí despedida como militar y reincorporada como personal civil.
En 2014, Cardozo fue trasladado a otro destino pero al año siguiente regresó a Ushuaia y comenzó a acosarme otra vez, con lo que, sin más opciones, decidí hacer la denuncia ante la Justicia”.
El caso fue y vino por distintas oficinas. Primero intervino la Justicia Federal, que se declaró incompetente. Después el juez provincial Javier De Gamas Soler no halló pruebas contra el acusado y dejó el expediente “en reserva”, en espera de nuevas evidencias.
La denunciante logró que la Cámara de Apelaciones apartara al juez De Gamas Soler y designara a una nueva jueza, María Cristina Barrionuevo, quien le dio un nuevo enfoque a la investigación.
“La causa pasó de tener unas pocas fojas a nueve cuerpos. Me hicieron una batería de pericias psicológicas y psiquiátricas. Aunque no hubo muchos testigos, algunos se animaron a declarar. Se realizaron cruces de llamadas telefónicas. Fue una investigación increíble de la jueza y del fiscal Eduardo Urquiza” – afirmó la denunciante.
“Quiero marcar un precedente para otras mujeres”
Más allá de los resultados previstos para cuando se logra ganar un juicio, como por ejemplo la posibilidad de acceder a una reparación económica, de accionar también contra el Estado argentino y de demostrar que decía la verdad, la denunciante pretende marcar un precedente: “Espero que muchas mujeres dentro de instituciones militares se animen a denunciar. Yo sé lo que se siente luchar contra un sistema y sentirse atada de pies y manos, pero romper las cadenas del silencio, hablar y pedir ayuda es liberador”.
La mujer también remarcó que en la Armada “nunca me escucharon y me maltrataron. Solo encontré ayuda en la Dirección de Atención Temprana de la Justicia provincial y en la Dirección de Políticas de Género del Ministerio de Defensa”.
Aunque actualmente tiene otro empleo en la faz civil, la ex marinera admite que cuando ve un uniforme militar “todavía me angustio. No puedo evitarlo. Siento pánico. De hecho junté toda mi ropa de servicio, mi uniforme diario y el de gala, mis gorras y tiré todo a la basura. Fue una forma de ir cerrando esa etapa de mi vida”.
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