Estamos acostumbrándonos a los anuncios del gobernador y de otros funcionarios relacionados con proyectos acuícolas. El último consiste en una “carta de intención” —una más— de una empresa salteña interesada en desarrollar nuevas experiencias en el fin del mundo. Se trata de una cuarta carta de intención dentro de una política pública basada más en las expectativas que en las evidencias.
No conforme con ello, el profesor Gustavo Melella, en un intento de fortalecer el relato, expresó en relación con la acuicultura que “en algún momento fue demonizada por algún sector, pero hoy cumple con los estándares más altos y productivos y genera empleo”.
Aunque estamos acostumbrados a este discurso, llama la atención que prácticamente toda la información concreta siga ausente. No sabemos qué especie se pretende cultivar, en qué lugar de la provincia se instalaría, qué superficie ocuparía, cuánta producción anual se proyecta, cuántos empleos directos e indirectos generaría, qué impactos ambientales se prevén, qué infraestructura requerirá, cuál sería el destino comercial de la producción, cuántos trabajadores necesitaría durante la construcción y durante la operación, ni cuál sería el monto real de la inversión.
En realidad, lo único que se anuncia es una “carta de intención”, es decir, una manifestación de interés. Todo parece indicar que no se trata de un proyecto aprobado, ni siquiera de un proyecto presentado formalmente. Se habla de “esta inversión” y, segundos después, se aclara que depende de un pedido de financiación al FAMP, el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva.
La argumentación oficial suele vincular estos proyectos con la necesidad de diversificar la matriz productiva y generar empleo frente a las dificultades de la industria electrónica. Sin embargo, nunca se ha presentado un estudio serio sobre la calidad y la cantidad de esos puestos de trabajo. Los permanentes despidos en las fábricas de Ushuaia y Río Grande se conocen a través de trascendidos o, en el mejor de los casos, por el interés esporádico de la prensa. De eso, en cambio, el gobernador no habla.
Pero surge una duda aún más preocupante: ¿cuántos de esos trabajadores despedidos son efectivamente absorbidos por estos nuevos emprendimientos acuícolas? Se trata de una actividad completamente diferente, a la que esos trabajadores deberían adaptarse.
Concretamente: ¿cuántos empleos reales ha generado hasta ahora la acuicultura fueguina?. Sorprende que, después de mucho tiempo de promoción y de avances concretos en Almanza, por ejemplo, aún no sepamos si se trata de empleos permanentes o temporarios, cuál es el salario promedio, qué nivel de capacitación han requerido, cuántos trabajadores son fueguinos, cuántos provienen de otras provincias o incluso de otros países, cuál es la relación entre la inversión realizada y el empleo generado y, sobre todo, si al inversor realmente le cierran los números. Porque de ello depende, en gran medida, la continuidad de estos emprendimientos.
Finalmente, cabría preguntar: ¿en cuánto ha beneficiado este emprendimiento a la población de Almanza y, principalmente, a sus pescadores artesanales? Porque si un proyecto ocupa grandes extensiones de costa o de espejos de agua, modifica paisajes que constituyen la base del turismo, desplaza otras actividades y solo genera unos pocos puestos de trabajo que, en algunos casos, ni siquiera son ocupados por fueguinos, entonces los “estándares” no parecerían ser tan altos.
Cuando el gobernador afirma que la actividad fue “demonizada”, simplifica una discusión mucho más compleja. La mayor parte de las críticas no apuntan a la existencia de la acuicultura en sí misma, sino a interrogantes legítimos sobre su ubicación, su escala, su compatibilidad con el turismo, el uso del espacio público marítimo, la distribución de los beneficios y, sobre todo, los pasivos ambientales de los que la clase política jamás quiere hablar. Porque la contaminación o la banalización del paisaje tienen un costo que nunca es asumido por las empresas.
Nadie discute que una actividad productiva pueda generar riqueza. Lo que se discute es si esa riqueza compensa los costos que pueden imponerse sobre otras actividades ya existentes. En economía, esto se conoce como externalidades negativas: situaciones en las que una actividad genera perjuicios sobre otra sin asumir los costos correspondientes.
De eso el gobierno no habla y, mucho menos le interesa enseñárselo a la gente. Porque cuanto menos información se transmita, más sencillo resulta luego vender un relato.
Puerto Almanza es probablemente el ejemplo más evidente. Allí, el principal atractivo turístico es precisamente el paisaje, la pesca artesanal y la identidad local construida alrededor de la centolla y la gastronomía. La pregunta que nunca se responde es cuánto valor económico podría perderse en esas actividades si el entorno se industrializa sin límites.
Por eso, la pregunta no es cuántas cartas de intención o expectativas se presentan. Mucho menos si se trata de “acuicultura sí” o “acuicultura no”. La verdadera pregunta debería ser: ¿qué modelo de desarrollo quiere —o merece— Tierra del Fuego?
Porque la provincia ya posee una marca internacional extraordinariamente valiosa, basada en la naturaleza prístina, los paisajes extremos, la exclusividad y las experiencias de baja intervención humana.
Cada nuevo emprendimiento debería demostrar, mediante datos objetivos, que los beneficios sociales que promete son superiores a los costos que podría generar sobre ese capital natural y turístico.
Hasta que esos números no aparezcan, las cartas de intención corren el riesgo de transformarse en anuncios de expectativas que solo sirven para sostener un relato de diversificación productiva, pero que no permiten evaluar si la sociedad fueguina realmente ganará más de lo que podría perder.