“Vendían carpetas”: los testimonios en juicio que complican aún más a Arana y Córdoba.
Dos de los 22 damnificados expusieron ante los jueces. Una empleada fabril aseguró haber entregado una camioneta y dinero obtenido mediante préstamos, mientras que un comerciante dijo haber vendido un terreno en Mendoza para acceder a una vivienda. Ambos denunciaron promesas incumplidas y situaciones intimidatorias.
La tercera jornada del juicio oral y público contra el secretario general de ATE, Carlos Córdoba, Miguel Arana y Erik Moscoso Panozo volvió a dejar testimonios comprometedores sobre las presuntas maniobras irregulares vinculadas a la adjudicación de viviendas sociales en el sector Barrancas del Río Pipo.
Ante los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla declararon dos de los 22 denunciantes que aseguran haber entregado dinero, vehículos y otros bienes con la expectativa de acceder a departamentos del complejo habitacional impulsado por el gremio estatal.
Uno de los relatos más impactantes fue el de Lorena Maldonado, empleada fabril y damnificada en la causa, quien explicó que atravesaba una situación personal crítica debido a la finalización del contrato de alquiler de la vivienda en donde residía junto a su hijo.
Según declaró, tomó contacto con la operatoria a través de comentarios de un compañero de trabajo que le habló de una persona llamada Leonardo, quien supuestamente podía conectarla con quienes estaban “vendiendo carpetas” para acceder a departamentos.
La mujer relató que posteriormente conoció a Miguel Arana, quien —según sostuvo— le explicó que algunas viviendas no podían ser adjudicadas a sus titulares y que por ese motivo eran “vendidas” a terceros.
Maldonado aseguró que le prometieron la entrega de una vivienda para septiembre, justo cuando debía abandonar el inmueble que alquilaba.
Ante el Tribunal, la declarante sostuvo haber entregado una camioneta Hyundai Tucson valuada en aproximadamente 380 mil pesos, además de 150 mil pesos obtenidos mediante un préstamo gestionado por su hermana además del pago de cuotas mensuales de 20 mil pesos, hasta que completó 750 mil pesos.
Todo el dinero —afirmó— fue entregado a Miguel Arana. “Yo le firmé el 08 de mi camioneta pero no tengo recibos de entrega de dinero. Pero tengo el 08 a nombre de él”, manifestó.
Otro de los testimonios escuchados durante la audiencia fue el del comerciante local Gerardo de la Trinidad Argüello, propietario de una farmacia y considerado el primer denunciante de las maniobras investigadas.
Argüello relató que su primer contacto con la operatoria fue a través del fallecido sindicalista Daniel Belbey, con quien mantenía una relación de amistad y quien posteriormente lo vinculó con Miguel Arana.
Según declaró, Arana le comentó que había personas que abandonaban la provincia y desistían de continuar con la adjudicación de departamentos en el complejo del Pipo.
“Este hombre me dijo que Carlos Córdoba les había encomendado, a él y a Belbey, que buscaran gente conocida que pudiera pagar el dinero que se pedía por unidad y que además pudiera afrontar las cuotas futuras”, declaró el comerciante.
Argüello afirmó que en aquel momento poseía un terreno en Mendoza valuado en alrededor de 270 mil pesos, el cual decidió vender para poder ingresar al supuesto sistema de adjudicación.“Vendí el lote y les entregué el dinero en seis cuotas a Belbey y Arana”, sostuvo ante el Tribunal.
El testigo relató además que recorrió en reiteradas oportunidades el edificio en construcción junto a Arana y que incluso eligió un departamento que debía figurar a nombre de su hijo. Según dijo, el joven concurrió con Arana a las oficinas del IPV para firmar documentación vinculada a la adjudicación.
La situación cambió abruptamente cuando se dieron a conocer públicamente los listados oficiales de adjudicatarios y comprobó que el nombre de su hijo no figuraba entre los beneficiarios.
Argüello aseguró que al reclamar explicaciones a Belbey, éste negó haber recibido dinero alguno, situación que lo llevó finalmente a radicar la primera denuncia penal de la causa ante la Fiscalía.
El comerciante también reveló ante los jueces que, tras acudir a la Justicia, fue convocado por Carlos Córdoba a una reunión donde —según describió— había unas quince personas en actitud amenazante.
El hombre afirmó que decidió retirarse del lugar sintiéndose intimidado y atemorizado.
Se espera en próximas jornadas, la declaración de más testigos que, según se expone en la etapa de instrucción, tienen como factor común la necesidad de contar con una solución habitacional, el anticipo de dinero, bienes y la frustración de sentirse estafados.