Fuerte acusación en el inicio del juicio a gremialistas de ATE.
En la apertura del debate oral, el sindicalista Miguel Arana admitió haber recaudado dinero proveniente de maniobras con viviendas del IPV y señaló a Carlos Córdoba como destinatario final de esos fondos. También recordó la violenta golpiza que sufrió y que lo llevó a permanecer en terapia intensiva por largo tiempo.
Con un operativo de seguridad inédito en Ushuaia, comenzó este lunes el juicio oral y público contra el secretario general de ATE, Carlos Córdoba, y los gremialistas Miguel Arana y Eric Moscoso Panozo, acusados de presuntas maniobras irregulares vinculadas a viviendas del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) y lavado de activos.
La magnitud del despliegue policial llamó la atención desde las primeras horas de la mañana en el sector de Tribunales del barrio Monte Gallinero. La presencia de numerosos efectivos, móviles y controles generó complicaciones en el tránsito y quejas de automovilistas que circulaban por la zona al momento del inicio de la audiencia.
En la sala de juicio se pudo observar a una gran cantidad de afiliados de ATE de Ushuaia y Río Grande, que acompañaron a Carlos Córdoba durante la apertura del debate.
Uno de los momentos más impactantes de la jornada se produjo cuando Miguel Arana admitió haber realizado tareas de cobrador y señaló directamente a Córdoba como destinatario del dinero obtenido mediante las operatorias investigadas.
Según surgió durante la audiencia, Arana reconoció haber entregado al dirigente sindical una suma equivalente “a siete o nueve viviendas”, fondos que —de acuerdo con la acusación— Córdoba habría retenido para beneficio personal.
La fiscalía, representada por Daniel Curtale, acusa a Arana y a Córdoba de 22 hechos de presunta estafa. Según sostuvo el fiscal, ambos habrían utilizado su posición sindical y sus influencias para acceder a viviendas pertenecientes a programas del IPV y comercializarlas a valores inferiores a los del mercado, en maniobras que podrían configurar además un supuesto enriquecimiento ilícito.
Otro pasaje de fuerte tensión se vivió cuando Arana recordó la brutal agresión física que sufrió años atrás en circunstancias que nunca terminaron de esclarecerse. El imputado relató que fue atacado por personas a las que no identificó y recordó que, producto de la gravedad de las lesiones, debió permanecer internado en terapia intensiva.
En tanto, Eric Moscoso Panozo enfrenta una acusación por el delito de lavado de activos. De acuerdo con la investigación, habría adquirido maquinaria vial con fondos provenientes de las maniobras investigadas, por un monto estimado —a valores históricos y sujeto a actualización— en aproximadamente 8 millones de pesos y 52 mil dólares.
Cabe mencionarse que ni bien iniciado el juicio, los abogados defensores de Córdoba intentaron frenar el avance del proceso mediante un planteo de nulidad basado en cuestiones técnicas. Sin embargo, el Tribunal rechazó el pedido al considerar que la cuestión ya había sido tratada y resuelta en instancias anteriores.
Se prevé que en las próximas jornadas comiencen a incorporarse testimonios y documentación vinculada a las operatorias investigadas, en un proceso judicial que aparece como uno de los más sensibles y políticamente trascendentes de los últimos años para el sindicalismo estatal fueguino.