El funcionario aprovechó su exposición para alabar la gestión gubernamental de la que es parte e intentó enfrentar a los municipios de Río Grande y Ushuaia, a cuyo personal técnico ninguneó al decir que incluso “desconocen la palabra saldo”.
Fiel a sus modos ampulosos, el responsable de los números del Ejecutivo provincial, Guillermo Fernández, insinuó como si mereciera ser elogiado,
que en vez de protestar las municipalidades deberían estar agradecidas “por el esfuerzo enorme que hace el Gobierno”
para transferir los fondos coparticipables “dentro de los 90 días, aunque sea un 1 o 2 %”.
Ayer, al corresponderle el turno de exponer su postura sobre los reclamos de las municipalidades de Ushuaia y de Río Grande por más de mil millones de pesos de deuda por coparticipación retenida, el titular del Ministerio de Economía de Tierra del Fuego, agradeció a los miembros del Superior Tribunal de Justicia “para que no sigan siendo los medios el espacio en el que se tenga que dirimir esta cuestión”. Guillermo Fernández comenzó afirmando textualmente que “claramente nosotros hemos sido sumamente responsables y hemos tratado de ejercer nuestra responsabilidad de la mejor manera, entendiendo que la manera de expresarnos debía ser en consonancia con la situación que vivencia nuestra provincia tanto en términos sanitarios como financieros. Quiero señalar que el dialogo nunca ha faltado y lo que no ha sucedido es ponernos de acuerdo y si los municipios han elegido la vía judicial para resolver el diferendo, bienvenido sea para encontrar una solución”.
Escoltado por el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, el ministro continuó consignando lo que a su criterio considera una intención solapada de los dos municipios fueguinos: “Quiero que se ponga sobre la palestra que los municipios en su relación con el Gobierno provincial, desde la asunción misma del gobernador Gustavo Melella, esconden detrás de cada una de las acciones que han llevado adelante en el marco de la causa, en los medios e incluso en el ámbito legislativo, la pretensión nada más y nada menos que de lograr una ley a su favor, de distribución y transferencia automática y diaria de recursos provenientes de impuestos nacionales, provinciales y de regalías hidrocarburíferas. Entendiendo que este es su objetivo, de mi parte señalo que nosotros entendemos que se trata de una cuestión eminentemente política y hasta la fecha yo entendía que las cuestiones políticas no son judiciables (- sic -)”.
Refiriéndose a los fondos reclamados por las municipalidades, de aproximadamente mil millones de pesos, Fernández consignó, en una expresión un tanto inteligible: “El Gobierno provincial niega rotundamente que las sumas que los municipios dicen que la Provincia les adeuda constituya efectivamente una deuda”.
Acto seguido, el funcionario descalificó el trabajo efectuado por el personal de las áreas contables de los municipios de Ushuaia y de Río Grande, al declarar que “me sorprende mucho que en lo que hace a la contabilidad pública, los municipios desconozcan que los recursos atraviesan distintas etapas hasta ser liquidados y particularmente en lo que hace a la percepción, identificación, su registración y luego el proceso de liquidación y transferencia. También me parece sorpresivo que las personas que trabajan en las áreas contables de los municipios desconozcan lo que significa la palabra “saldo”. No significa ajuste sino la diferencia entre dos sumas y en el caso que nos atañe es la diferencia entre los recursos que se perciben y los que se transfieren. Justamente ese saldo se debe cancelar si no se ha hecho en su totalidad durante el curso de la semana o el mes en que fueron percibidos. El plazo definido son 90 días y si ha sido de un 1 o 2% significa el esfuerzo enorme que ha hecho la Administración Pública provincial para transferir con mayor celeridad `dentro de los 90 días´ porque perfectamente podrían bien ser el 80% de los recursos coparticipables transferidos `a los 90 días´. Pero gracias a Dios y a la buena voluntad demostrada por el Gobierno provincial
hemos cumplido desde el primer día de asunción en transferir los fondos tratando de dar previsibilidad a los municipios. Como nosotros nos desempeñamos en el Municipio de Río Grande comprendemos perfectamente lo que implica llevar la gestión de ese distrito, entendiendo hoy también que somos responsables por la comunidad a las que nos debimos durante 8 años”.
El ministro Fernández incurrió también durante su alocución al lugar común de los políticos que responsabilizan a sus antecesores o a “la pesada herencia”, de males actuales: “Cuando ingresamos a la Administración Pública y al Ministerio de Finanzas Públicas encontramos una situación lamentable y muy compleja en términos edilicios y humanos. Las instalaciones no eran las mejores ni tampoco los recursos materiales y a lo largo de los 4 años que pasaron se vivenció la escasez de profesionales”.
En otro tramo de su discurso, Fernández insistió en la “eficiencia” de la gestión que integra, sosteniendo que en lo que respecta a la falta de información oficial que se le endilga al Ejecutivo “cada declaración nuestra tiene que ver con la buena voluntad de transmitir lo que acontece en la Administración Pública. Es más, para demostrar previsibilidad nosotros nos comprometimos a no transferir nunca menos de 300 millones de pesos y a hacerlo no superando los 20 días hábiles de demora”.
Finalmente, Fernández insistió en prodigar conceptos elogiosos a la gestión gubernamental que integra y acto seguido la colocó en un rol de víctima, atribuyéndole intenciones aviesas a los dos municipios que reclaman poder acceder a los fondos que el Gobierno nacional gira y que los tiene como destinatarios: “ La buena fe, la voluntad, el interés por cuidar lo colectivo y lo público y por sobre todas las cosas a los conciudadanos ha sido lo que ha primado en la relación del Gobierno con los municipios. Ha habido diálogo pero no acuerdo ante sus pretensiones. No obstante aquí existe una estrategia planificada, coordinada y ejecutada de manera cabal y sistemática por los municipios de Ushuaia y Río Grande para esmerilar la confianza pública de la gestión provincial”.
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