Fin del cuento chino: Gobierno dio por terminado el acuerdo con Tierra del Fuego Energía y Química

La provincia le reclama a la empresa el pago de “un remanente de multas, la garantía de adjudicación por 270 millones de pesos y los intereses por 4 millones de dólares”, informó la secretaria Legal y Técnica.

La empresa Tierra del Fuego Energía y Química S.A. fue intimada a pagar 375 millones de pesos a la Provincia, tras ser rechazado un recurso de reconsideración contra el Decreto 1426 firmado por la gobernadora Rosana Bertone en el año 2016, que daba por finalizado el contrato de venta de gas proveniente de regalías.
El Recurso de Reconsideración es una instancia prevista en la Ley de Procedimientos Administrativos, donde el supuesto danmificado puede solicitar la modificación, revocación, o impugnación de actos administrativos definitivos.
La secretaria Legal y Técnica de la gobernación, Jimena Vitali, confirmó que el Gobierno decidió dejar sin efecto el denominado convenio chino, firmado entre la Provincia y la empresa Tierra del Fuego Energía y Química. El acuerdo tenía como objetivo la construcción de una planta de urea en Río Grande y la industrialización del gas. Sin embargo, debido a los reiterados incumplimientos de la empresa, la provincia decidió dar por concluido el convenio.
Vitali explicó que “cuando asumimos en la gestión sabíamos que era un tema de vital importancia y que necesitaba resolverse. La ex gobernadora Fabiana Ríos firmó la última suspensión (de plazos) el 15 de diciembre del año 2015 de manera que hasta el 3 de mayo de 2016 que fue la fecha en que venció la última suspensión debíamos respetar el acuerdo del anterior gobierno provincial con la empresa”.
“Una vez que venció la última suspensión de los efectos del convenio analizamos muy concienzudamente todos los antecedentes que obraban en el expediente, pudimos conocer el estado de situación de la ejecución del proyecto y por recomendación de la Secretaría Legal y Técnica se resolvió que no estaban dados los elementos para continuar con la ejecución del convenio sino que correspondía rescindir por los incumplimientos reiterados de la empresa”, informó.
“A partir de ese momento se abre la instancia recursiva en el procedimiento administrativo. Ellos interponen el correspondiente recurso de reconsideración cuestionando la decisión del gobierno de la provincia y después de llevar adelante algunas medidas probatorias y analizar concretamente cada una de las alegaciones del recurrente llegamos a esta instancia donde rechazamos el remedio recursivo y además intimamos a la empresa la ingreso de las multas que oportunamente habían sido impuestas al pago de los intereses por el segundo adelanto de 30 millones de dólares que se habían comprometido a realizar y nunca realizaron y además a la integración de una garantía de adjudicación que tampoco habían hecho”, expuso.
La funcionaria señaló que “las multas fueron en su gran mayoría compensadas con los 30 millones del primer pago que la empresa había realizado. Después quedó un remanente de multas y la garantía de adjudicación por 270 millones de pesos y los intereses por 4 millones de dólares”.
Respecto de los pasos a seguir, mencionó que “ellos se presentan a través de su apoderada y esa es la vinculación con la empresa. Hoy han sido notificados así que a partir de este momento, que es donde cobra vigencia el acto administrativo, tienen 90 días para iniciar las acciones judiciales que consideren pertinentes o integrar el pago de la suma reclamada. Si ninguna de estas cuestiones sucediera, se dará intervención a la Fiscalía de Estado para que proceda a la ejecución de las sumas que fueron intimadas por el decreto que se emitió el viernes”.
Acerca de los incumplimientos de la empresa, recordó que “ellos estaban comprometidos no solo a hacer estos pagos por adelantado sino que la obligación madre del convenio era la construcción de la planta de industrialización de gas natural. Es uno de los grandes proyectos de la provincia que lamentablemente ha fracasado y generó mucha expectativa en Río Grande”. “Implicaba la puesta en valor del polo petroquímico y la generación de 1000 puestos directos y otros 1000 indirectos. Hubiera sido mejor encontrarnos con la posibilidad de remontar una inversión de tamaña trascendencia. Pero no hay indicios que nos permitan pensar que todo lo que no se hizo en 6 años se fuera hacer en 6 años más”, observó.
“A partir de 2014 no corrieron multas ni intereses hasta mayo de 2016 que venció la última suspensión. No se si ellos tenían intenciones de continuar con el proyecto o no, no surge de sus presentaciones que tuvieran intención de continuar con el proyecto. Por el contrario, lo que han tratado de hacer ha sido involucrar en el expediente administrativo la posibilidad del reclamo de 30 millones de dólares que pagaron y otro montón de gastos que no están acreditados en el expediente”, concluyó.


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