El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales – INECIP – efectuó un análisis del grado de eficiencia de las fiscalías provinciales de todo el país. Tierra del Fuego dio la nota.
“El Poder Judicial de Tierra del Fuego no responde los pedidos de información y tampoco difunde datos públicos que permitan trazar un índice de capacidad en el cumplimiento de las tareas” – informó el INECIP, ente que además lo asoció con “un desinterés por la calidad de la respuesta que se le brinda a la ciudadanía” y la prosecución de “un sistema oscurantista e inquisitivo”.
La actitud de Tierra del Fuego y de otras cinco provincias más, de acuerdo al INECIP, denota “una grave violación al derecho a la información pública reconocido en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”- señalaron desde el ente.
El hecho, calificado como “un apagón informativo que impide el control de la gente sobre la gestión de los recursos estatales y que obstaculiza cualquier discusión democrática sobre las políticas de persecución penal”, fue además interpretado por los responsables del relevamiento “como un síntoma de la falta de interés de esos organismos provinciales por la calidad de los servicios que prestan a los ciudadanos, lo cual inevitablemente afecta su capacidad de generar un impacto social positivo».
«Mucho más grave que un mal desempeño, es la falta de datos básicos sobre ese accionar, que habilita la más absoluta arbitrariedad en la administración de recursos tan sensibles como es la violencia estatal» – reza el reporte.
El estudio se encargó de medir la eficacia de los ministerios públicos fiscales de la Argentina en el cumplimiento de sus facultades acusatorias en causas judiciales durante el 2021. Mientras que Neuquén y Río Negro lograron la mejor performance, seis provincias se negaron a dar información básica – entre ellas Tierra del Fuego – por lo que advirtieron que podría haber «desinterés» o, peor aún, “una decisión política de ocultar información”.
El estudio fue realizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Políticas y Sociales – Inecip -, en base a información del año 2021. El objetivo fue identificar cuántas de las causas que ingresan a las fiscalías reciben alguna respuesta «con capacidad de incidir, aunque sea mínimamente, sobre el control de la criminalidad», es decir, cumplen con uno de los objetivos principales de los ministerios públicos.
El ranking es elaborado a partir de la obtención de información sobre la cantidad total de ingresos de casos, las salidas que tengan un mínimo nivel de incidencia (que impongan a una persona la realización de alguna acción a modo de consecuencia por su participación en un conflicto), las condenas, suspensiones de juicio a prueba y acuerdos reparatorios.
«Evaluar esa eficacia es una acción esencial para mejorar el desempeño político-criminal de los ministerios públicos. Sin embargo, pocos ministerios públicos de nuestro país realizan esta tarea. De hecho, muchos ni siquiera producen información sobre su propio funcionamiento, aun la más básica, como la cantidad de casos que ingresan y la forma en que finalizan», señala el estudio entre sus conclusiones.
Como se observa, la falta de datos y de transparencia, de forma consecuente, es un punto en el que se pone énfasis. Ello porque hay seis provincias que no respondieron los pedidos de información y tampoco publicaron datos públicos que permitan trazar un índice de eficacia. Además de Tucumán y Catamarca, fueron Misiones, San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
En el estudio, el Inecip elaboró un “Mapa de la desinformación”, en el que indicaron que ninguna de esas seis provincias envió «ni siquiera los 4 indicadores más elementales (ingresos, condenas, SJP y acuerdos reparatorios) que permitirían medir la eficacia básica, pese al plazo de 4 meses con el que contaron, y a las reiteradas solicitudes enviadas. Estos datos tampoco son publicados en sus sitios web».
El sondeo denunció que Santa Cruz, Misiones y Tierra del Fuego «son de las pocas provincias del país que siguen regidas por oscurantistas sistemas inquisitivos, cuya despreocupación por los resultados no es novedosa».
De acuerdo al reporte, la falta de datos en esos casos «sólo puede responder a un desinterés por los datos o, aún peor, a una posible decisión política de ocultar deliberadamente esta información».
La actitud denota, de acuerdo al estudio, «una grave violación al derecho a la información pública reconocido en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos».
El hecho, calificado como un «apagón informativo», impide «el control ciudadano sobre la gestión de los recursos estatales y obstaculiza cualquier discusión democrática sobre las políticas de persecución penal. Pero, lo que es más grave aún, puede ser un síntoma de una falta de interés de esos organismos provinciales por la calidad de su gestión, lo cual inevitablemente afecta su capacidad de generar un impacto social positivo».
El ranking elaborado coloca a Neuquén en el primer puesto, con 19,99% de eficacia político-criminal, secundada por Río Negro, con 14,04%. Ambas provincias «lograron superar el techo general del 10% de eficacia que había mostrado el ranking del 2019, aumentando más del doble su tasa anterior. El tercer lugar se lo llevó Chubut con 7,96%, el cuarto Jujuy con 7,11%, seguidos por Entre Ríos, con 6,88%; la ciudad de Buenos Aires, con 6,65%; La Pampa, con 5,95%; La Rioja, con 5,50%; Santa Fe, con 5,33% y Corrientes, con 5,32%. Lo completan Salta (5,14), Mendoza (4,84%), Santiago del Estero (3,63%), provincia de Buenos Aires (3,24%), Córdoba (2,36%), Formosa (1,59%) y San Luis (1,39%) y Chaco (1,16%). El último lugar, curiosamente, se lo llevó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, que tiene injerencia sobre las 24 jurisdicciones, el que obtuvo un rendimiento apenas del 0,36%.