La Libertad Avanza justificó la intervención del Puerto de Ushuaia.
El espacio político del presidente Javier Milei respaldó la medida adoptada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, detalló presuntas falencias administrativas, financieras y de infraestructura y confirmó que la medida responde a denuncias de los empleados portuarios y también de empresas navieras.
Las autoridades de La Libertad Avanza Tierra del Fuego explicaron oficialmente los motivos por los cuales la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) decidió intervenir por el plazo de 12 meses el Puerto de Ushuaia. Según indicaron, la medida se adoptó “por irregularidades en el manejo de fondos” y permanecerá vigente hasta tanto el Gobierno provincial “solucione las inconsistencias financieras detectadas, los desvíos de recursos y el riesgo operativo y de seguridad derivado del déficit de infraestructura”.
De acuerdo a lo expresado por el espacio político del presidente Javier Milei, la intervención fue dispuesta “tras la falta de respuestas concretas a las inspecciones realizadas por el organismo nacional, las denuncias de presunto vaciamiento formuladas por trabajadores del puerto y la preocupación manifestada por representantes de las empresas navieras que operan en la terminal marítima”.
En ese marco, desde La Libertad Avanza TDF detallaron que “la ANPYN constató diversas falencias en la infraestructura portuaria, entre ellas el faltante de pilotes en el sitio 3 del muelle, la presencia de defensas desgastadas, problemas en el tablestacado y deficiencias en la carpeta asfáltica”. A ello se sumaron, según señalaron, “serios compromisos en la gestión administrativa y financiera”, así como “deficiencias en las condiciones básicas de seguridad operativa, todas ellas oportunamente informadas a la Provincia”.
El comunicado también pone el foco en “la ausencia de un registro adecuado de ingresos, egresos y compras, cuya administración habría sido tercerizada por el Gobierno provincial en una empresa que figura habilitada para la venta de paraguas, termos y pelucas, sin vinculación con la actividad portuaria” – señala el documento oficial.
Asimismo, se cuestionó el destino de los recursos del puerto, al señalar que “en contravención a la normativa vigente que establece que el presupuesto debe destinarse exclusivamente a inversiones en la propia terminal, un 33% habría sido utilizado para subsidiar las arcas provinciales, mientras que solo un 1,3% se aplicó a obras y servicios, lo que impactó negativamente en la calidad de los servicios”.