Los 10 mandatarios de provincias hidrocarburíferas, incluida Tierra del Fuego, firmaron un duro comunicado al finalizar la reunión realizada en el CFI en Buenos Aires, en franca oposición a la Ley Omnibus que se debate en el Congreso.
“Ratificamos la defensa del dominio originario de las provincias sobre los recursos hidrocarburíferos situados en nuestros territorios y las facultades de administración sobre los mismos”, comienza diciendo el documento firmado de modo conjunto.
Se realizó el miércoles 17 de enero en Buenos Aires, una reunión que se extendió por más de dos horas en la sede del Centro Federal de Inversiones -CFI. Allí se dieron cita casi todos los mandatarios que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos – OFEPHI-, una entidad creada hace 37 años para coordinar las políticas que afectan las reservas de hidrocarburos entre las jurisdicciones donde se encuentran emplazadas. Dijeron presente los gobernadores de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Chubut, Ignacio Torres; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Mendoza, Alfredo Cornejo; y de Jujuy, Carlos Sadir. En tanto, Gildo Insfrán, de Formosa, mandó a su ministro de Economía, Jorge Ibañez; Gustavo Sáenz, de Salta, a su ministra de Minería, Romina Sassarini; y Claudio Vidal, de Santa Cruz, al titular de Energía, Jaime Álvarez.
“Ratificamos la defensa del dominio originario de las provincias sobre los recursos hidrocarburíferos situados en nuestros territorios y las facultades de administración sobre los mismos”, comienza diciendo el documento firmado en forma conjunta “para lograr un marco jurídico para la actividad que dote de mayor previsibilidad y mejorar la generación de empleo”.
En el documento mencionaron varios puntos técnicos pero vitales para los gobernadores relacionadas con el sostenimiento de las prerrogativas decisorias de cada distrito. Pidieron que el pliego modelo del proceso de licitaciones sea “flexible” y “contemple criterios que permitan adaptarse a cada realidad” y flexibilizar los plazos de concesión.
Pidieron también que se contemplen mecanismos que aseguren el libre acceso a las instalaciones de procesamiento y transporte, según dijeron, para fomentar el libre acceso a mercados por parte de los productores no integrados a las distintas cuencas. Y demandaron mantener la determinación y el pago de la regalía por parte de los concesionarios, así como revisar los artículos que establecen los valores de los cánones de exploración, explotación y las multas, para modificarlos por esquemas y parámetros que se actualicen de manera automática.
Con dureza, rechazaron que el Ejecutivo esté facultado para elaborar la legislación ambiental para el sector. “Si bien podemos compartir el objetivo último, entendemos que una legislación de este tipo debe surgir del consenso de las partes y no de la voluntad de un nivel de gobierno sobre el resto”, sentenciaron.
Los diez gobernadores de provincias hidrocarburíferas consensuaron en el mencionado documento los cambios y límites que buscan introducir en el capítulo de la Ley Ómnibus impulsada por el presidente Javier Milei para reformar las condiciones de regulación de esa industria.