La legisladora radical aseguró que “está todo listo” para sesionar, pero todavía el Ejecutivo no remitió ningún proyecto y desde el banco se ha objetado la propuesta de cambiar el destino de los bonos. Advirtió que el Estado “se debe hacer cargo” de la gente a la cual “hace 50 días les pidió que se vayan a la casa y tienen los comercios cerrados”.
El lunes participó de una videoconferencia con peluqueros de la provincia, que “en su mayoría alquilan, y no han tenido ninguna novedad. Pensábamos que en los primeros días de mayo se podía flexibilizar la situación, porque la gente ya no tiene fondos, por eso planteamos un proyecto para dar respuesta al sector privado”, dijo por FM La Isla.
“La ciudad de Río Grande pudo empezar a hacer delivery, pero los negocios no pueden abrir y se hace muy difícil afrontar esta situación. Estuve hablando de este tema con el gobernador, porque desde el Ministerio de Producción no hubo respuesta y tienen toda la documentación de todos los comercios de Río Grande, con los protocolos presentados”, remarcó.
“Yo estuve también la semana pasada en una videoconferencia con los Comerciantes Unidos, que representan a 500 comerciantes de la ciudad y le dije al gobernador que hay falta de agilidad en los trámites. Nosotros también estamos esperando que nos digan si vamos a discutir nuestro proyecto o van a presentar otro, para abocarnos a trabajar porque la gente necesita respuestas urgentes”, enfatizó.
Lo cierto es que no responde el ministerio al sector privado, ni tampoco el Ejecutivo a la Legislatura y para la legisladora “no se puede obligar a la gente a estar en esta situación. Llevamos 50 días con todos los negocios cerrados, y el estado provincial y nacional nos tienen que dar una mano para salir de esta situación”, reclamó.
“Hablamos con el presidente del BTF hace 15 días y hasta ese momento habían dado 70 créditos con una tasa del 48%. Todavía no se aplicaba el 24% para que los clientes calificados del banco puedan pagar los sueldos. Son personas que tienen su carpeta al día y, con créditos al 48%, sin posibilidad de reabrir actividades como el turismo, va a ser imposible pagarlos. Y esto es para pagar un mes de sueldos, porque después viene mayo, junio y el aguinaldo, sin ingresos. Ellos dicen que el banco está saneado pero no puede darle créditos a todo el mundo”, sostuvo.
Recordó la propuesta que hace tiempo elevó el bloque, objetada por las autoridades del banco que “no están dispuestos a cambiar los dólares”, sin que se haya acercado ninguna alternativa del gobierno. “Nosotros propusimos que, de los 130 millones de dólares que quedaron de la colocación de bonos, se disponga una parte para ayudar al sector privado. Este proyecto debe ser tratado, desechado, mejorado, pero debe haber una propuesta del gobierno de la provincia, porque hay que hacer una ley nueva para darle otro destino a los fondos. El recinto de los legisladores está preparado para sesionar. Hay algunos que están dentro de los grupos de riesgo pero podemos hacerlo de forma virtual también en estos casos. También podemos reunirnos a sesionar los de Río Grande en un espacio y los de Ushuaia en otro, manteniendo la conexión, es decir que todo está listo”, aseguró.
“La presidente de la Cámara se ha ocupado de tener todo en condiciones y necesitamos herramientas para que el gobierno salga a solucionar el problema que tiene todo el sector privado. En Río Grande ya veníamos de años complicados y las decisiones no se pueden tomar tan lentamente”, reprochó.
“Los comerciantes no tienen espalda para sostenerse, no es que tengan plata amarrocada en el colchón, sino que es gente que la viene peleando y hace 50 días tienen los negocios cerrados. Hoy el Estado tiene que salir a auxiliar, y no son solamente los pequeños comerciantes, sino profesionales como los odontólogos, que para trabajar necesitan 2.500 pesos por paciente solamente para los insumos de seguridad. La consulta se está pagando entre 300 y 500 pesos y esto se hace imposible”, planteó.
Advirtió al gobierno que “si estos negocios tienen que cerrar no sé de dónde van a conseguir otro trabajo, y el Estado los va a tener que asistir. El gobernador me pidió el teléfono de las personas que están a cargo de las peluquerías y sé que se ha comunicado con el sector de Río Grande. Falta el sector de Ushuaia, pero creo que tomó nota de lo que le comenté. Ya tienen la documentación en el ministerio y también están los 500 comerciantes con los que nos reunimos la semana pasada que necesitan respuesta”.
“No sabemos si nuestra herramienta es la más adecuada pero, si tienen otra, que la presenten, porque tenemos que asistir desde el Estado provincial a todos los que les pedimos que se fueran a su casa, que dejaran sus negocios, sus estudios, sus consultorios. Ahora autorizan a los odontólogos, pero no pueden pagar con una consulta de 500 pesos los descartables de más de dos mil. Las obras sociales también tendrán que aggiornarse a las nuevas reglas y hacerse cargo de estos costos, como por ejemplo el barbijo especial que tienen que utilizar y cuesta mil pesos”, concluyó.
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