El financiamiento educativo entra en debate: cuánto, de dónde y para qué.
El legislador Federico Greve, del bloque FORJA, defendió en comisión el proyecto de Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo enviado por el Poder Ejecutivo, que propone crear un fondo específico para educación.
Durante el debate, Greve planteó que “la iniciativa propuesta busca sacar al financiamiento educativo de la discusión presupuestaria de cada año y transformarlo en una política de Estado, con un sendero de crecimiento que permita prever los recursos destinados al sistema”.
“Esta ley es de convergencia”, sostuvo el legislador, al explicar que el objetivo es que la inversión educativa no dependa exclusivamente de las posibilidades de cada presupuesto anual.
Cómo se distribuirían los recursos
El proyecto establece la creación de un Fondo de Financiamiento Educativo, cuyos recursos estarán afectados exclusivamente al sistema. La meta de inversión será progresiva y apunta a llegar al 7,8% del PBG provincial en un plazo de hasta cinco ejercicios, aunque su evolución quedará sujeta al comportamiento de la economía.
La iniciativa también fija criterios para la distribución de esos fondos: al menos el 50% debería destinarse al salario docente, un 25% al mantenimiento e infraestructura y otro 15% al equipamiento tecnológico y los recursos didácticos.
El esquema deja, de este modo, definidos porcentajes mínimos para algunos de los principales destinos del financiamiento educativo.
La discusión sobre impuestos y tarifas
Uno de los puntos que atravesó el debate fue el eventual impacto que podrían tener las modificaciones de alícuotas previstas en la iniciativa. Greve rechazó que el proyecto sea presentado como un “impuestazo” y marcó diferencias con una ley tarifaria.
“Esto no es una tarifaria”, afirmó. No obstante, admitió que los cambios de alícuotas y su posible impacto sobre las tarifas de los servicios deberán ser analizados “artículo por artículo” durante el tratamiento legislativo.
La aclaración resulta relevante porque, más allá del objetivo de garantizar recursos para educación, el proyecto también abre una discusión sobre de dónde saldrán esos recursos y cuál será su impacto sobre los distintos sectores de la economía provincial.
Greve evitó presentar la iniciativa como una solución cerrada para el financiamiento educativo. “No hay una ley mágica”, advirtió, y definió la propuesta como “un puntapié” para iniciar un proceso que deberá ser revisado con el tiempo.
El legislador reivindicó además el papel de la Legislatura en la discusión del proyecto y en la búsqueda de modificaciones y acuerdos entre los distintos sectores.
“Seguramente no va a salir la mejor ley. Será la ley que pueda llegar a consensuarse”, sostuvo.
El proyecto continuará ahora su recorrido en comisión, donde se deberán analizar tanto el mecanismo para alcanzar la meta de financiamiento como las fuentes de recursos y el impacto que puedan tener las modificaciones tributarias incluidas en la iniciativa.