A una semana de iniciado, se reanudó el juicio oral no público, en Río Grande, que tiene como imputada a una pareja integrada por una mujer de 22 años y un hombre de 42.
La Fiscalía sorprendió al Tribunal al morigerar el encuadre original de la causa. Ambos imputados, padres de niños pequeños, llegaron al debate en libertad y se negaron a declarar ante los jueces. Al sujeto se le secuestraron miles de imágenes de niños abusados sexualmente y a ella, una escasa cantidad.
Juárez y Diez, a quienes se les adjudica la tenencia de imágenes de abuso sexual infantil, intentaron ocultar el rostro en todo momento a los medios de prensa. La fiscal desistió de imputarles el delito de grooming después de la primera jornada de juicio.
La reanudación del juicio oral no público que se sigue contra una pareja de Río Grande acusada en una causa de explotación sexual infantil dejó un dato central que reconfiguró el escenario procesal: la Fiscalía morigeró sustancialmente su postura inicial y descartó el delito de grooming por “falta de pruebas”, pese a tratarse de una investigación que lleva cuatro años y que se originó a partir de una alerta internacional.
El proceso se desarrolla ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte, integrado por los jueces Verónica Marchisio, Juan José Varela y Eduardo López.
En la instancia de alegatos, la fiscal Vanina Cantiani solicitó una pena de 4 años y 6 meses de prisión para Mauro Rafael Diez, de 42 años, al considerarlo responsable de los delitos de divulgación, distribución y tenencia de material de representación sexual de niñas, niños y adolescentes.
Respecto de su pareja, Candela Aylen Juárez, de 22 años, requirió una condena de apenas 4 meses de prisión en suspenso únicamente por tenencia de material. Para ambos imputados pidió la absolución en relación al delito de grooming, al sostener que durante el debate no logró acreditarse con el grado de certeza necesario la captación directa de menores con fines sexuales.
El giro no pasó inadvertido. La causa se inició en febrero de 2022, cuando el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), con sede en Estados Unidos y operador del sistema internacional CyberTipline, detectó actividad vinculada al tráfico de imágenes y filmaciones de abuso sexual infantil desde un IP localizado en Río Grande. La alerta dio intervención inmediata a la Justicia del Distrito Judicial Norte y dio origen a una investigación que incluyó allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos.
De acuerdo con la acusación original, la pareja habría montado en su domicilio una estructura destinada a la obtención, producción y comercialización de material de abuso sexual infantil, presuntamente distribuido a redes de pedofilia en América, Europa y Asia. La pesquisa apuntaba no solo al almacenamiento y circulación de archivos, sino también a la eventual producción propia de contenido con víctimas locales.
El análisis técnico de computadoras y teléfonos celulares, realizado por la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, permitió identificar al menos cuatro hechos concretos que son los que llegaron a debate. Según trascendió en el juicio, el volumen de archivos almacenados ascendería a miles de imágenes y videos.
Durante la instrucción se sostuvo que la mujer imputada —quien, pese a ser mayor de edad, presenta una apariencia física juvenil— habría entablado contacto con menores a través de redes sociales, iniciando conversaciones que luego derivaban en el intercambio de imágenes de contenido sexual. Esa hipótesis fue uno de los ejes más sensibles de la acusación y la que encuadraba el delito de grooming.
Sin embargo, al momento de alegar, la fiscal consideró que ese extremo no pudo probarse de manera concluyente en el debate oral, por lo que optó por sostener únicamente las figuras vinculadas a la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.
Por su parte, los defensores oficiales Rita Marchi y Alejandro Naccarato solicitaron la absolución de ambos acusados en todos los cargos.
Los imputados llegaron al juicio en libertad y no registraron detención durante la etapa de instrucción. En la primera jornada del debate se negaron a declarar cuando fueron invitados por el Tribunal a dar su versión de los hechos. Según pudo observarse en sala, mantuvieron una actitud distante y evitaron exponerse públicamente, en el marco de un proceso que, por la naturaleza de los delitos investigados, se desarrolla a puertas cerradas.
Tras los alegatos, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes 20 de febrero, oportunidad en la que los acusados podrán ejercer su derecho a pronunciar sus últimas palabras antes de que los jueces den a conocer el veredicto.
Cuatro años después de la alerta internacional que encendió la investigación y colocó a Río Grande en el radar de los organismos de monitoreo global, el caso ingresa ahora en su tramo decisivo con un escenario sensiblemente distinto al que se vislumbraba al inicio: una acusación que reduce su alcance y un Tribunal que deberá determinar si los hechos acreditados se corresponden con las figuras penales finalmente sostenidas por el Ministerio Público Fiscal.