En no pocas ocasiones las redes muestran esta imagen con el mensaje: “Noruega es oficialmente la primera nación del mundo en prohibir la deforestación.”
Pensaba que Noruega siempre promociona esta imagen de nación avanzada en temas ambientales, como otros tantos que lo hacen en el mundo de la ciencia, el desarrollo social, la educación o la salud. Sin embargo, promueve actividades reñidas con lo ambiental en otros países. Es así que, mientras gritan que en Noruega no se puede deforestar, en el sur de América, Chile y ahora también en Argentina, presionan a nuestros políticos corruptos, para implantar procesos de producción salmoneros que contaminan, destruyen ecosistemas enteros y actividades como la pesca artesanal y el turismo. Así cualquiera puede decir que “su casa está impecable” si cuando se trata de arrojar basura, lo hacen en territorio ajeno.
Muchos países desarrollados han logrado “limpiar” y proteger parte de su territorio, pero a costa de externalizar los impactos ambientales hacia regiones periféricas o países económicamente más vulnerables. No es una idea descabellada ni una simple consigna política; es un fenómeno ampliamente discutido en economía ambiental y geopolítica bajo conceptos como externalización de costos ambientales, colonialismo ecológico o incluso hipocresía verde.
La imagen que acompaña a esta nota, funciona muy bien desde lo simbólico. Noruega aparece asociada al bosque, al paisaje intacto y a la protección ambiental y efectivamente, posee estándares ambientales internos muy altos en muchos aspectos. Pero al mismo tiempo, el país construyó buena parte de su riqueza contemporánea explotando petróleo y gas en el Mar del Norte, y sus capitales participan en industrias extractivas o contaminantes en distintas partes del mundo. Eso incluye inversiones vinculadas a la salmonicultura industrial en Chile y el interés creciente sobre el sur argentino.
Deberíamos analizar el núcleo ético del problema. Cuando un país protege sus fiordos, sus bosques o su paisaje, pero luego financia actividades que degradan otros ecosistemas considerados “periféricos”, se genera una doble moral ambiental. En la Patagonia eso se vuelve especialmente sensible porque el paisaje no es un recurso secundario, es capital natural, cultural y turístico.
En el caso de Chile, los impactos de la salmonicultura industrial están ampliamente documentados: acumulación de residuos orgánicos, antibióticos, escapes masivos de salmones exóticos, afectación de fauna marina y conflictos con pescadores artesanales. El temor lógico es que modelos similares intenten avanzar a costas fueguinas bajo el discurso del “desarrollo” y la “producción”.
Allí aparece otro problema, los territorios terminan siendo administrados desde miradas cortoplacistas. Se piensa únicamente en la renta inmediata y no en los impactos cruzados. Una actividad puede generar divisas, sí, pero destruir simultáneamente otras economías mucho más compatibles con la identidad territorial, como el turismo de naturaleza, la pesca artesanal o incluso el valor simbólico del paisaje del “fin del mundo”.
Pero hay algo más profundo todavía, países como Noruega pueden proteger su imagen ambiental porque poseen instituciones sólidas y sociedades que ya atravesaron etapas de acumulación económica. En cambio, en América Latina muchas veces se nos pide sacrificar ecosistemas únicos justamente para abastecer mercados externos o intereses corporativos extranjeros.
La discusión de fondo entonces no es solamente “salmoneras sí o no”. La verdadera discusión es: ¿Quién asume los costos ambientales del bienestar global? ¿Por qué algunos territorios son considerados intocables y otros sacrificables?
Esa es una de las grandes tensiones ambientales y éticas de este siglo.
En países como Argentina, además, existe muchas veces una peligrosa “permeabilidad” política frente a inversiones extranjeras que llegan envueltas en discursos de progreso, empleo y desarrollo. La necesidad urgente de divisas, trabajo o crecimiento económico inmediato suele debilitar la capacidad crítica del Estado y de parte de la dirigencia para evaluar los costos reales de largo plazo. Estas inversiones, en realidad, vienen a desarrollar actividades que serían social, ambiental o legalmente inaceptables en los países de origen de esas empresas, y encuentran terreno fértil en territorios institucionalmente más frágiles o políticamente más vulnerables o corruptos.
El mecanismo suele repetirse: se promete modernización, generación de empleo y oportunidades para comunidades locales, pero muchas veces el resultado termina siendo la extracción intensiva de recursos, la degradación ambiental y la afectación de economías preexistentes mucho más sostenibles. Lo paradójico es que algunas de esas naciones que exhiben al mundo estándares ambientales ejemplares, trasladan fuera de sus fronteras los impactos que no están dispuestas a tolerar dentro de ellas.
Si determinadas prácticas son consideradas demasiado riesgosas para los fiordos noruegos, los bosques europeos o las costas del primer mundo, ¿por qué deberían aceptarse en ecosistemas tan frágiles y valiosos como los de la Patagonia o el Canal Beagle?
La verdadera soberanía ambiental comienza cuando un país deja de mirar únicamente la inversión prometida y el empleo rápido y frágil. Cuando logra diferenciar entre la política ambiental y el “cotillón ambiental”.
Noruega quizás pueda mostrar sus logros ambientales, pero los verdaderos costos de esas políticas los pagamos, incluso, en estos confines del mundo.