Los hechos, que habrían sido cometidos entre los años 2010 al 2017, damnificaron a una niña, cuya progenitora está acusada de haber consentido que su pareja la abusara sexualmente y en su presencia.
El próximo jueves 18 de abril comenzarán en Río Grande los alegatos en el debate que tiene como imputado a un sujeto de apellido Díaz y a una mujer, quien por estar sindicada como facilitadora del ultraje a su hija biológica, tiene prohibido acercarse a la menor.
El juicio oral y no público seguido a un hombre y una mujer en Río Grande, acusados de cometer abuso sexual simple, ingresará el próximo jueves 18 de abril, en la instancia de alegatos, a partir de las 9.30.
Se trata de un sujeto de apellido Díaz, acusado de abusar sexualmente de una menor en reiteradas oportunidades entre los años 2010 al 2017. A su vez, la madre de la presunta víctima está imputada de haber ignorado los sucesos denunciados, a pesar de estar en pleno conocimiento de ellos.
Finalizada la declaración de los últimos testigos que formaron parte de la etapa de testimoniales, se pasó a la instancia de alegatos, luego de lo cual se conocerá la sentencia que estará a cargo de los integrantes del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte, los magistrados Verónica Marchisio, Juan José Varela y Eduardo López.
Como ya se informara, al inicio del debate los dos imputados se negaron a declarar, concurrieron a la sala de juicio con barbijos y capuchas para ocultar sus rostros, se mostraron esquivos a colaborar y con actitudes de mucha proximidad, trascendiendo que continúan en situación de pareja. Los dichos de la menor también fueron exhibidos en la oportunidad en una pantalla, registrados en cámara Gesell.
Cabe destacarse que los hechos, registrados desde hace 14 años atrás y denunciados desde hace 7 años, tuvieron como consecuencia al tomar intervención en 2017 la Justicia de Familia y Minoridad, que la madre de la niña perdiera la custodia, encontrándose desde aquella época la chica bajo la guarda de otros familiares.
Los alegatos estarán a cargo del fiscal Jorge López Oribe, mientras que la Defensoría Pública hará lo propio en la persona del letrado Marcelo Escola.