Escándalo en la Unidad de Detención N° 1 de Río Grande.
La jueza Cecilia Cataldo ordenó allanar el miércoles último la Unidad de Detención N° 1 y las viviendas de siete penitenciarios, incluido el director del establecimiento, ante sospechas de que habrían facilitado la demencial agresión a tres detenidos, dos de los cuales son padre e hijo.
La Justicia provincial avanza en una investigación de enorme gravedad institucional que busca determinar si integrantes del Servicio Penitenciario Provincial permitieron deliberadamente el ataque sufrido por tres internos alojados en la Unidad de Detención N° 1 de Río Grande.
La causa, que inicialmente se originó por las graves lesiones sufridas por Jonathan Gastón Iván Burgoa Albarracín, de 37 años, su hijo Maximiliano Burgoa y Pedro Jesús Flores, ambos de 18 años, derivó en una pesquisa mucho más amplia que ahora alcanza a personal penitenciario, incluido el director del establecimiento, Ariel Ciares.
La investigación de los hechos, al mejor estilo de las series Tumberos y El Marginal, está a cargo de la jueza Cecilia Cataldo y cuenta con intervención de la Fiscalía, que analiza la posible comisión de los delitos de lesiones graves y asociación ilícita. Los investigadores tampoco descartan que los vejámenes hayan incluido abusos sexuales contra alguno de los detenidos agredidos, una línea investigativa que cobró fuerza debido a que las víctimas fueron halladas completamente desnudas cuando finalmente fueron rescatadas.
Según la investigación, los tres agredidos fueron ingresados el 9 de mayo al pabellón B de la Unidad de Detención. Todos habían sido arrestados una semana antes por su presunta participación en una agresión con arma blanca ocurrida en la Margen Sur, cuyo damnificado les habría robado una bicicleta y tendría familiares directos entre los presos alojados en ese mismo pabellón. Los familiares de los Burgoa y Flores, aseguran que alertaron oportunamente a las autoridades penitenciarias sobre esa situación y sobre las posibles represalias que podrían sufrir, aunque sostienen que sus advertencias no fueron tenidas en cuenta.
La hipótesis que analiza la Justicia señala que, una vez concretado el ingreso al pabellón, al menos ocho internos habrían participado de una brutal agresión que se prolongó durante un extenso lapso sin que existiera intervención efectiva del personal de custodia.
Los investigadores intentan determinar además si durante ese período fueron desactivados o inutilizados sistemas de vigilancia y si existió colaboración o consentimiento por parte de los agentes penitenciarios de guardia.
Director provincial del Servicio Penitenciario de Tierra del Fuego, inspector general, abogado Ariel Ciares.
Las sospechas se profundizaron cuando, al requerirse información oficial sobre lo ocurrido, desde la institución penitenciaria se informó que no había sido posible identificar a los agresores, pese a tratarse de un establecimiento que cuenta con sistemas de videovigilancia, monitoreo permanente y personal en los distintos sectores.
Ante esa situación, la investigación dejó de centrarse exclusivamente en los internos sindicados como agresores y comenzó a incluir a funcionarios penitenciarios.
Lo cierto es que en horas de la mañana del miércoles 10 de junio, la Justicia ordenó ocho allanamientos simultáneos. Siete de ellos se realizaron en domicilios vinculados a agentes penitenciarios bajo investigación y uno dentro del propio pabellón B de la Unidad de Detención.
El procedimiento principal fue encabezado por la magistrada en persona, junto a efectivos de la División Servicios Especiales y de Policía Científica.
Durante las requisas se secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir, documentación y otros elementos considerados de interés para la causa. Además, peritos policiales realizaron inspecciones y registros fotográficos en distintos sectores del pabellón, donde se habrían detectado manchas de sangre.
Los peritajes sobre los teléfonos celulares secuestrados aparecen ahora como una de las medidas más relevantes de la investigación, ya que podrían aportar información sobre eventuales comunicaciones entre internos y personal penitenciario.
Los tres detenidos atacados sufrieron fracturas en el rostro y el tórax, además de múltiples lesiones traumáticas, por lo que debieron recibir atención médica en el Hospital Regional Río Grande. Posteriormente fueron trasladados a la Alcaidía Central de Ushuaia, donde permanecen alojados actualmente. Ninguno de los tres denunció lo ocurrido, presumiblemente por un miedo extremo a represalias por parte de sus victimarios.
La denuncia formal fue impulsada por familiares de las víctimas, quienes desde el primer momento cuestionaron la actuación de las autoridades penitenciarias, reclamaron explicaciones por lo ocurrido y exigen la renuncia de la cúpula directiva de la Unidad Penitenciaria, con Ciares a la cabeza.
Mientras la investigación avanza, la causa se ha transformado en uno de los expedientes más sensibles de los últimos años para el Servicio Penitenciario Provincial, ya que busca determinar si dentro de la principal unidad carcelaria de Río Grande existió una coordinación entre internos y sus custodios para facilitar la bestial agresión.