Otro escándalo judicial. Y van…
El material habría sido remitido desde Río Grande a Ushuaia por pedido de la defensa del camarista penal Andrés Leonelli, imputado por tenencia de imágenes de abuso sexual infantil. Se cree que las fotografías fueron sustraídas en el tránsito entre ciudades y que ya podrían estar circulando libremente.
En el marco de la causa que se sigue contra el camarista penal del Distrito Judicial Sur, Andrés Leonelli, imputado por la presunta tenencia de imágenes vinculadas a abuso sexual infantil detectadas en su cuenta de Google, se produjo en las últimas horas un nuevo hecho de extrema gravedad. Parte del material remitido por la Justicia de Río Grande a Ushuaia habría sido sustraído durante su traslado, y se trataría de imágenes de niños en situación de abuso, ahora potencialmente en circulación por canales digitales desconocidos.
La novedad trascendió el lunes, en medio de un proceso que continúa su marcha en el Juzgado de Instrucción N° 2 de Ushuaia, a cargo de la jueza María Cristina Barrionuevo. Allí aún se aguarda la resolución de una recusación promovida por el fiscal Fernando Ballester Bidau, luego de que la magistrada ordenara peritar un segundo celular perteneciente a Leonelli. Como ya se informara, la defensa del camarista, ejercida por el abogado Gustavo Ariznabarreta – y ex integrante del Poder Judicial fueguino – se opuso a esa medida, lo que motivó la intervención de la Cámara de Apelaciones en lo Civil. Sin embargo, uno de sus integrantes fue recusado por estar asociado al imputado en un fideicomiso, trámite del que se desconoce su evolución, en sintonía con el hermetismo habitual del Poder Judicial del Distrito Sur.
El episodio más reciente involucra al sistema de correspondencia habitual entre dependencias judiciales de Río Grande y Ushuaia, que se concreta mediante la empresa OCA. En este caso, el traslado de un bolsín conteniendo CDs con imágenes solicitadas por la defensa de Leonelli tuvo una demora llamativa de 11 días. Finalmente, el envío llegó a destino, pero con signos de manipulación: el sobre estaba abierto.
Según fuentes del caso, el objetivo de la defensa era probar que las 53 imágenes que originaron la imputación ya formaban parte de expedientes judiciales que fueron sustanciados en el año 2016 y que por ende, no constituían material delictivo. Si bien las copias remitidas no eran las únicas, ya que los originales permanecen resguardados en los respectivos expedientes, el hecho de que esas imágenes hayan sido robadas plantea un nuevo escándalo institucional y judicial: se trata de contenido altamente sensible, con víctimas menores de edad que ahora podrían estar expuestas a la reproducción masiva e incontrolada de esas imágenes a través de redes sociales, dispositivos informáticos o plataformas virtuales.
Frente a esta situación, Ariznabarreta solicitó formalmente a la jueza Barrionuevo la instrucción de una causa paralela para investigar el robo del material. En cualquier caso, el extravío de este material —en un circuito oficial y protegido— pone en evidencia serias fallas en la seguridad del traslado de pruebas judiciales, en un parangón con la “fuga” de material de expedientes, detectado en una nube personal del imputado Leonelli.
A la gravedad del hecho se suma otro dato inquietante. Tal como publicara Diario Prensa Libre en ediciones anteriores, hasta el momento la Justicia no ha cumplido con la obligación legal de notificar a las víctimas menores cuyas imágenes fueron detectadas en la cuenta de Google del camarista Leonelli. Ahora, con la posibilidad de que esas imágenes estén circulando libremente, la omisión adquiere una dimensión aún más preocupante, dado el daño irreparable que esta exposición puede generar en las víctimas.
Mientras tanto, el expediente principal continúa su marcha entre ferias judiciales, recusaciones cruzadas, conflictos de competencia y enfrentamientos palaciegos.
Ahora un nuevo escándalo se superpone a los anteriores en una causa que, lejos de avanzar con claridad, sigue envuelta en sombras cada vez más oscuras.