Construcción en contexto inflacionario y de elecciones.
La presidenta del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat, Laura Montes, dialogó con la prensa sobre las dificultades suscitadas por los atrasos en los pagos del Fondo Nacional de Viviendas (FONAVI); también repasó las obras en ejecución.
Montes advirtió que la demora “es considerable” y reconoció que “si bien los contratistas siguen con las obras, tienen retrasos para recibir el pago de sus certificados”.
La presidenta del IPVyH explicó que “el Fondo FONAVI es el que mantiene en trabajo a todos los IPV. Es parte de un impuesto a los combustibles, que está congelado hace meses. Eso hace que haya un retraso en ese goteo. Hubo una previsión de 2 mil 300 millones de pesos que no se vieron reflejados a lo largo del año. Llevamos menos de la mitad”.
“Si bien somos técnicos, todas las situaciones de ejecución de obra están atadas al contexto político”.
Por estas demoras, están “achicando gastos a nivel institucional y tenemos dos convenios de asistencia con la provincia. Por otro lado, tenemos un financiamiento para viviendas de Casa Propia, que también tienen un retraso en el pago”.
Sobre las actualizaciones ante el contexto inflacionario complejo, expuso que desde el Instituto licitan “bajo la Ley de UVi, que tiene una actualización constante y prácticamente acompaña la inflación. No al gran salto de agosto, que fue casi del 30%. Por eso ahora la Cámara de la Construcción quiere ver cómo se acomodan los precios. Hoy por hoy está en 270 pesos. Por lo que, de 330 mil el metro cuadrado, se fue a casi 400 mil”.
“Somos un instituto técnico que tiene que afrontar todas estas situaciones. Administrativamente, el IPV ha hecho todo el trabajo que se debía hacer. Enviamos los datos finales de las contratistas pre-adjudicadas y demás. Hacemos lo que corresponde, pero hay incertidumbre”, agregó.
No obstante, dijo que “las elecciones no dejan de ser algo que nos impide proyectar. Todos estamos en este esquema de ver qué va a pasar, esperando señales de Nación. Sería muy bueno que puedan abonar los certificados adeudados, para dar un impulso mayor. A principios de octubre, el escenario todavía es poco predecible”.
“Tenemos diálogo con los contratistas que nos cuentan que, más allá de los incrementos de precios, no hay proveedores que se comprometan a cumplir con las entregas de hierro, cemento, perfiles y demás”.
A pesar de las dificultades, Montes afirmó que lo importante es “ver cómo seguir con las viviendas. Siempre se han finalizado, porque siempre buscamos la forma. Si nos acompañaran, sería más cómodo. Por eso estamos expectantes para ver cómo se resuelve”.
Consultada por la disponibilidad de tierras, dijo que “a corto y mediano plazo tenemos tierras en el barrio Río Pipo. Hay mucha diferencia en las obras entre ciudades, por la geografía. Esto obedece a que las obras complementarias son mucho más caras en Ushuaia. Una casa cuesta 30 millones de pesos, en Río Grande el 10% es de infraestructura; en Ushuaia ese monto asciende a un 30% o 35%”.
En cuanto al programa de cancelación anticipada, Montes expresó que hay “una gran cantidad de personas que pagan una cuota mínima. Ellos reciben una quita de intereses y para nosotros es una limpieza del expendio administrativo para cobrarlas. Tenemos cuotas de 200 o 500 pesos. Una vivienda del 2015, con un millón o millón y medio se termina de saldar”.
También se refirió a las obras de escaleras de emergencia y precisó que “hubo modificaciones. Es algo que ha tenido sus problemáticas, porque como es una obra de consorcio, cada vecino tiene derecho a opinar y hubo conflictos”.
“No era una obra prioritaria para nosotros. En su momento fue una decisión política. Es algo positivo, que lleva seguridad. Otra gente lo ve como inseguro. El IPV creyó conveniente que eso podría dar un espacio seguro para la gente. Hoy el Instituto ya no trabaja en los espacios comunes, hoy ya no podemos, porque nuestra tarea es entregar viviendas”, continuó.
Por otro lado, puso palabra sobre el Presupuesto para el ejercicio 2024 y lamentó que “todavía estamos con un déficit. Contamos con el apoyo del Gobierno de la Provincia para cerrar nuestro presupuesto, a través de dos convenios de asistencia financiera. Si no, no había forma de hacerlo”.
Para cerrar, brindó detalles sobre las obras en ejecución: “Tenemos unas 500 viviendas en marcha entre Ushuaia y Río Grande. Están en el barrio Río Pipo, en Chacra XIII, Charca IX y en el barrio GTP. Son viviendas colectivas, departamentos. Salvo en Tolhuin, hacemos esta tipología porque representan mayor densidad, ante el precio de la tierra y la infraestructura”.
“Hay varios factores para determinar cuando terminamos las viviendas. Hay un plan de trabajo que va desde diciembre hasta marzo del año que viene para las entregas. Pero en el contexto, hemos tenido complicaciones con las contratistas para comprar insumos. Cuando retome la actividad, veremos la realidad actual”, concluyó.
Regularización dominial del sector margen sur
El Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) recuerda a aquellos vecinos del Sector Margen Sur de Río Grande que hasta el próximo 31 de octubre de 2023 se aplicará el valor de PESOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS ($1.142) por metro cuadrado establecido en Resolución IPV N° 1277/17 para el Programa de Regularización Dominial de Tierras IPVH. A partir de noviembre de 2023 se efectuará la actualización del precio por m2 de tierra, por lo cual se invita a regularizar su situación a la brevedad posible.
En dicho marco, se invita a las familias ocupantes de los barrios del sector a acercarse a las oficinas de la Dirección de Regularización de Tierras del Instituto de la ciudad sitas en calle Carlos Pellegrini N° 511 o a la oficina “Portal” sita en calle San Cayetano N° 270, con atención al público de lunes a viernes 9 a 14.30 horas, con teléfono 02964-600670, de uso exclusivo para la atención de consultas dentro del programa.