Tras la aprobación de la Ley de Goteo, el secretario de Gobierno municipal negó que la misma tenga carácter de destituyente, según afirmó el gobernador fueguino.
Sebastián Iriarte defendió la ley que obliga al envío automático de fondos coparticipables, reiteró que el Municipio analiza reclamar judicialmente una deuda superior a los 11 mil millones de pesos y cuestionó con dureza al Ejecutivo provincial.
Sebastián Iriarte, secretario de Gobierno del Municipio de Ushuaia: «La Ley de Goteo no es destituyente. Pretende poner fin a la discrecionalidad, por parte del Gobierno provincial, en la administración de los fondos que son de las municipalidades».
La aprobación legislativa de la denominada Ley de Goteo generó fuertes repercusiones políticas y profundizó la tensión entre el Gobierno provincial y el Municipio de Ushuaia.
El secretario de Gobierno municipal, Sebastián Iriarte, rechazó de plano las declaraciones del gobernador Gustavo Melella, quien calificó la norma como “destituyente”, y sostuvo que detrás de la iniciativa “no hay ninguna intención de desestabilización”, sino el intento de garantizar que los fondos coparticipables lleguen en tiempo y forma a las ciudades.
“El debate legislativo era algo que veníamos impulsando desde hace tiempo. La ley busca poner fin a la discrecionalidad del Gobierno provincial en el manejo de recursos que les pertenecen a los municipios”, afirmó.
El funcionario recordó además que el reclamo institucional por los fondos adeudados continúa abierto y confirmó que el Ejecutivo municipal evalúa avanzar por la vía judicial.
“Estamos trabajando para, eventualmente, realizar una presentación judicial por los más de 11 mil millones de pesos de coparticipación que todavía nos deben”, señaló.
Iriarte destacó además el respaldo social y sindical que tuvo el proyecto durante su tratamiento legislativo: “Se logró un acompañamiento muy importante de los trabajadores, que reunieron más de 11 mil firmas para respaldar esta ley”, remarcó.
En respuesta a los dichos del mandatario fueguino, quien vinculó la norma con antecedentes institucionales que derivaron en la caída del ex gobernador Jorge Colazo en 2005, el funcionario municipal consideró que se trata de una interpretación forzada.
“No es destituyente una ley que plantea que el Gobierno provincial administre únicamente los recursos que le corresponden”, sostuvo. Y fue más allá al advertir que, a su entender, el verdadero problema radica en el manejo de fondos.
“Cuando uno administra recursos que no le corresponden está haciendo las cosas mal, o está yendo por un camino completamente equivocado”, afirmó.
Para Iriarte, la apelación al concepto de desestabilización responde a una falta de argumentos políticos. “Cuando se terminan las explicaciones, parece que hay que ir a los extremos para justificar cuestiones que no tienen sentido”, disparó.
En ese marco, consideró que el gobernador atraviesa un momento de aislamiento político.
“En términos políticos, Melella se está quedando muy solo y tomando decisiones con muy pocos aliados. Eso quedó plasmado claramente en la votación legislativa”, evaluó.
Respecto de la relación institucional entre Provincia y Municipio, reconoció que el vínculo atraviesa un momento de fuerte deterioro.
“El diálogo político está friccionado y va a seguir estándolo”, admitió.
No obstante, cuestionó que desde el Ejecutivo provincial se reduzca el conflicto a una disputa entre dirigentes.“Cuando desde el Gobierno se dice que está roto el diálogo con el Municipio, en realidad lo que está roto es el diálogo con la sociedad”, sostuvo.
Como ejemplo, mencionó distintas problemáticas sociales y sanitarias.
“Si no ven que hay gente durmiendo en la calle o pacientes oncológicos que no están recibiendo medicación, entonces están mirando una realidad paralela”, expresó.
Sobre el final, dejó una de sus definiciones más contundentes al deslizar una lectura política sobre el presente del oficialismo provincial: “En lo personal creo que están más concentrados en cómo le dejan el gobierno a los libertarios y ya están abocados a eso, no tengo pruebas pero tampoco dudas de que el gobernador ya está pensando en eso”.
Las declaraciones suman un nuevo capítulo a la escalada política desatada tras la aprobación de una ley que el gobernador ya anunció que vetará. De promulgarse no obstante, podría modificar sustancialmente el esquema de distribución diaria de fondos entre la Provincia y los municipios fueguinos.