Corporativismo a flor de piel.
Sin asumir errores ni aportar transparencia, la entidad cuestionó a los medios por la cobertura de las imputaciones contra dos jueces de Ushuaia y terminó profundizando la crisis de confianza que atraviesa el Poder Judicial fueguino.
La noche del lunes último, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Tierra del Fuego difundió un escueto y ambiguo comunicado con el que busca sentar postura frente a lo que definieron como “el tenor de ciertas publicaciones recientes”, en alusión a la cobertura mediática de dos casos que han ocupado espacios en toda la prensa provincial: la investigación penal por la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil que involucra al camarista Andrés Leonelli, y el siniestro vial múltiple protagonizado por la jueza correccional Felicitas Maiztegui Marcó, quien chocó cinco vehículos estacionados en Ushuaia y huyó del lugar.
Vale destacarse que el comunicado de la Asociación, lejos de aportar claridad o contribuir al necesario ejercicio de transparencia institucional, se limita a exigir “respeto” y un “debate serio y libre de descalificaciones”, sin mencionar a los protagonistas de los casos ni responder a las preguntas de fondo que circulan entre la ciudadanía. Consultada por Diario Prensa Libre a través de su canal institucional de WhatsApp, la Asociación no respondió a los pedidos de precisión sobre los destinatarios del mensaje ni aclaró a qué publicaciones alude concretamente.
La postura asumida por la entidad —conformada precisamente por jueces y otros actores del Poder Judicial— tiene un claro tinte corporativo y refuerza la percepción de que se trata de un mensaje defensivo, más orientado a cerrar filas ante las críticas que a abrir canales de diálogo con la sociedad. En un contexto de creciente desconfianza hacia la Justicia, este tipo de pronunciamientos consolida la idea de un Poder Judicial encerrado en sí mismo, más preocupado por preservar su imagen que por rendir cuentas.
El comunicado sostiene, además, que “toda comunicación pública debe resguardar el respeto por las personas involucradas, la función judicial y el debido proceso”. Pero omite recordar que ese respeto debe extenderse también a la ciudadanía, que tiene derecho a estar informada de manera clara y precisa, especialmente cuando los involucrados son funcionarios públicos sujetos a un estándar más alto de responsabilidad y ejemplaridad.
En definitiva, el malestar social no nace de las publicaciones ni de los comentarios ciudadanos: se origina en los hechos protagonizados por los jueces cuestionados, en su silencio posterior y en la falta de reacción institucional ante situaciones que interpelan directamente a la credibilidad del Poder Judicial. Cuando ese silencio se convierte en blindaje, la distancia entre la Justicia y la sociedad a la que debe servir no hace más que profundizarse.
La pregunta ineludible es si todos los integrantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Tierra del Fuego —o al menos los miembros de su comisión directiva— estuvieron efectivamente de acuerdo en suscribir una comunicación que, lejos de favorecer la transparencia, parece destinada a proteger a los propios. ¿Avalan todos este posicionamiento? ¿Nadie dentro de la Asociación consideró necesario abrir un diálogo genuino con la comunidad, o al menos admitir que quienes imparten justicia también deben rendir cuentas por sus actos?.
Descontando que la presidente de la Asociación, María Eugenia Díaz, por su carácter institucional, esté imbuida del espíritu del comunicado ¿los demás miembros también lo están?. Francisco José Cappellotti, Verónica Soledad Marchisio, Juan Ignacio Tenaillón, Analía Edith Albeiro, Gustavo Fernando González, María Julia Barceló, Manuel Isidoro López, Luciana María Gutiérrez, Ariel Alejandro Pinno, Juan Ignacio Garra, Mónica Sofía Macri, Silvina Piedrabuena, Nicolás Antonio González, María Anahí Petrina, Alejandro Rafael Naccarato, Eric Ramón Manrique Trujillo, Daniel Satini, Salvador Stratico y María Rita Marchi, en serio…¿todos suscriben lo dicho?.
Seguramente no, porque de ser así estarían incumpliendo lo que se comprometieron a respetar: el Código de Ética publicado en su propio sitio oficial, que reza textualmente en su artículo 4°, sobre “Obligaciones”, punto 7: “Comprometerse y trabajar para fortalecer la comunicación del Poder Judicial con la sociedad”.