Juicio por robo a un remisero en Río Grande.
En los alegatos finales el Ministerio Público sostuvo la figura de robo agravado por el uso de arma. La defensa insistió en que su representado actuó sin cuchillo y pidió que el caso sea encuadrado como robo simple.
El juicio oral y público seguido contra Simón Molina, de 35 años, acusado de haber asaltado y robado el automóvil a un remisero en diciembre del año pasado, ingresó en su etapa final luego de que el viernes último se realizaran los alegatos ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte.
Durante su exposición, el fiscal Jorge López Oribe solicitó una condena de siete años de prisión para el imputado, quien permanece detenido desde el hecho investigado. El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo la acusación bajo la figura de robo agravado por el uso de arma.
Por su parte, la defensora oficial Rita Marchi no cuestionó ni la existencia del hecho ni la participación de Molina, aunque centró su estrategia en discutir uno de los puntos clave del proceso: la supuesta utilización de un cuchillo durante el asalto.
La letrada sostuvo que durante el debate oral no se logró acreditar de manera concluyente el empleo de un arma blanca a la vez que remarcó también que no se pudo determinar durante el juicio en qué momento se habrían producido las heridas sufridas por la víctima. La propia declaración indagatoria del acusado fue utilizada por la defensa para sostener la hipótesis del robo simple, ya que Molina reconoció haber participado del hecho aunque negó haber actuado armado.
En ese contexto, la defensora pidió que el caso sea considerado como un robo simple y no como un robo agravado.
Durante su alegato, la defensora hizo especial referencia al grave cuadro de dependencia a los estupefacientes que atraviesa Molina, entendiendo que esa situación debe ser considerada como un atenuante. Marchi remarcó que Molina requiere asistencia por parte del Estado, a fin de acceder a una terapia adecuada para sus consumos problemáticos.
El Tribunal, presidido por la jueza Verónica Marchisio e integrado además por los magistrados Juan José Varela y Pedro Fernández, dispuso un cuarto intermedio hasta el martes 26 de mayo. Ese día el imputado tendrá la posibilidad de expresar sus últimas palabras antes de que se conozca el veredicto.