Se complica la situación de la titular del Juzgado Correccional del Distrito Judicial Sur, Felicitas Maiztegui Marcó.
Florencia Benevento y los abogados Paulino Rossi y Juan Pablo Quinteros, reclaman la reparación de sus vehículos. Como tres de los rodados afectados pertenecen a una empresa de alquiler, se exige también un resarcimiento por lucro cesante. Ahora la aseguradora de la magistrada, la firma Sancor Seguros, deberá definir si cubre la totalidad del siniestro.
Con el correr de los días se fue complejizando la situación de la jueza correccional de Ushuaia, Felicitas Maiztegui Marcó, tras el descontrolado recorrido que protagonizó el pasado viernes 13 de junio al mando de su vehículo, un Jeep Wrangler patente NVZ-484.
A la fecha, ya ascienden a cinco los rodados cuyos propietarios aseguran haber sido perjudicados por las maniobras imprudentes de la magistrada. Entre los damnificados se encuentra el abogado Paulino Rossi, en representación de la empresa de alquiler de vehículos Avis Budge, quien reclama la reparación de tres unidades dañadas y una compensación por el lucro cesante derivado de la imposibilidad de utilizarlas comercialmente. También el abogado Juan Pablo Quinteros, propietario de un SUV Jeep Renegade y Florencia Benevento, dueña de un SUV Citroen.
Como ya fuera publicado, el primer hecho del que se tuvo conocimiento fue el choque en cadena ocurrido en calle Gobernador Godoy, entre San Martín y Maipú, cuando la jueza impactó a gran velocidad contra un vehículo de la firma Avis, que estaba estacionado. El violento impacto hizo que ese automóvil desplazara a otros tres que se encontraban delante suyo. Todo quedó registrado en una cámara de videovigilancia, material que resultó clave para identificar el vehículo involucrado y establecer la secuencia del siniestro. Las imágenes muestran que la conductora no descendió en ningún momento, sino que dio marcha atrás y abandonó el lugar raudamente.
El número de patente fue aportado por un testigo, lo que permitió confirmar que el Jeep Wrangler es propiedad de Felicitas Maiztegui Marcó, quien reside en el barrio cerrado Mirador Fernández, en calle Puerto Túnel. Según se reconstruyó, luego del siniestro la jueza giró por calle Maipú, circuló de forma temeraria hasta llegar al aeropuerto, donde habría protagonizado otro incidente al colisionar contra la barrera de control del estacionamiento medido. Desde allí, con una persona que arribó en uno de los vuelos, se dirigió directamente a su domicilio.
El encargado de la empresa Avis debió presentarse en el domicilio de la jueza para intentar obtener los datos del seguro. Según declaró Marcelo Villanueva, en un primer momento Maiztegui Marcó negó tener responsabilidad en los hechos, aunque terminó reconociéndolos cuando el comerciante le mostró el video del impacto en su teléfono celular.
Pocas horas después, una vez que logró obtener pruebas respaldatorias para fundamentar su reclamo, se sumó un nuevo damnificado: el abogado Juan Pablo Quinteros. Su vehículo, un Jeep Renegade, se encontraba estacionado también sobre calle Godoy, a pocas cuadras del choque en cadena. Todo indica que fue golpeado durante el desplazamiento sin control de la jueza por la pendiente, previo al impacto con los otros cuatro rodados.
En cuanto a la reclamante Florencia Benevento se pudo saber que su SUV Citroen C5, encabezaba la columna de vehículos chocados, frente al numeral 51 de Godoy.
Actualmente los cinco damnificados se encuentran aportando presupuestos y documentación ante la aseguradora Sancor Seguros, en donde la jueza Maiztegui Marcó tiene cobertura. La compañía deberá determinar si reconocerá la totalidad de los daños materiales, tanto de vehículos particulares como de la empresa de alquiler, y si accederá al pago por lucro cesante reclamado por ésta última, al haber quedado fuera de servicio tres de sus unidades.
Mientras tanto, el Juzgado Municipal de Faltas tomó intervención de oficio, dada la gravedad de lo ocurrido y la existencia de pruebas testimoniales y fílmicas. Desde ese ámbito se evalúa también la conducta de la jueza como conductora, quien se retiró del lugar sin brindar asistencia ni identificarse, lo que impidió que fuera sometida a controles de alcoholemia o exámenes toxicológicos, como se le exige a cualquier ciudadano involucrado en siniestros de este tipo.
Hasta el momento, no se conoce si la concesionaria del estacionamiento del aeropuerto presentó algún reclamo formal por los posibles daños a la barrera de ingreso, y tampoco trascendió información oficial por parte de la Policía Aeroportuaria.
Es importante destacar que en el ámbito judicial predomina un absoluto silencio institucional. La jueza Felicitas Maiztegui Marcó —paradójicamente titular del Juzgado Correccional, desde donde se revisan las sanciones impuestas a quienes protagonizan hechos como los que ahora se le atribuyen— no ha emitido declaración alguna. Tampoco lo han hecho las máximas autoridades del Poder Judicial, pese a la demanda de la comunidad, materializada a través de los medios de comunicación y redes sociales.