Denuncia del Gobierno de Tierra del Fuego por la intervención del puerto de Ushuaia.
El juez Federico Calvete rechazó habilitar la feria judicial para analizar la denuncia del gobernador Gustavo Melella por la intervención del ente portuario y giró las actuaciones al Ministerio Público Fiscal. En su escrito, también le dio cátedra al abogado Emiliano Fossatto.
El Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo del juez Federico Calvete, se expidió en tiempo récord sobre la denuncia presentada por el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, contra el Gobierno nacional por la intervención del puerto de Ushuaia, aunque resolvió no tratar el fondo del planteo durante la feria judicial de verano.
El mandatario provincial había solicitado que se declarara la inconstitucionalidad del procedimiento llevado adelante por la Nación y que se ordenara el cese inmediato de la intervención, con el objetivo de que la Provincia pudiera recobrar el control del organismo portuario. El planteo fue formulado luego de que, en la madrugada del miércoles 21 de enero, personal de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación ingresara a las instalaciones del puerto de Ushuaia, escoltado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina, y tomara el control del ente.
En su resolución, Calvete consideró que, debido a la naturaleza del reclamo —vinculado a la eventual declaración de inconstitucionalidad de una medida del Gobierno nacional—, no se verifican – a su criterio – razones de urgencia que justifiquen habilitar la feria judicial, por lo que el tratamiento del caso deberá aguardar el reinicio de la actividad judicial ordinaria.
No obstante, el magistrado decidió impulsar parcialmente las actuaciones y dispuso remitir el expediente al Ministerio Público Fiscal, al que encomendó analizar una serie de cuestiones previas antes de evaluar la admisibilidad del planteo. Entre los puntos centrales, Calvete indicó que deberá determinarse si la Justicia Federal resulta competente para intervenir en el conflicto y si la acción promovida por el gobernador, junto con la medida cautelar solicitada, reúne los requisitos formales para su tratamiento.
Otro de los aspectos señalados por el juez refiere a la legitimación del mandatario provincial para presentarse directamente ante la Justicia Federal sin la intervención del Fiscal de Estado, teniendo en cuenta la naturaleza institucional del reclamo. Esta cuestión también quedó bajo análisis del Ministerio Público Fiscal.
Para el cumplimiento de estas diligencias, se ordenó la designación de una fiscal ad hoc, a quien se le concedió un plazo de dos días para expedirse sobre los puntos planteados por el juzgado.
Finalmente, Calvete formuló una observación dirigida al abogado del Gobierno provincial, Emiliano Fossatto, a quien le indicó que, más allá de su actuación como apoderado, “para litigar ante la Justicia Federal del interior del país debe contar con matrícula federal”, dejando constancia de esa exigencia procesal.
De este modo, el ingreso formal del planteo judicial impulsado por el gobernador Melella quedó condicionado al dictamen que deberá emitir el Ministerio Público Fiscal. Recién una vez concluido el receso judicial de verano, el Juzgado Federal de Ushuaia estaría en condiciones de resolver sobre el fondo de la cuestión, si así lo considera pertinente.