Escala el conflicto con la Nación por la intervención.
Tras declararse incompetente, el Juzgado Federal de Ushuaia no trató el fondo del reclamo ni la cautelar pedida por el Gobierno fueguino. Ya pasaron tres semanas desde que en horas de la madrugada funcionarios nacionales irrumpieran en las oficinas portuarias y desplazaran a las autoridades provinciales.

A 21 días de la intempestiva irrupción de funcionarios nacionales en el puerto de Ushuaia, el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego ratificó que continuará el camino judicial para frenar la medida, luego de que el Juzgado Federal local se declarara incompetente para intervenir en la acción de inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo fueguino.
La resolución judicial firmada por el juez Federico Calvete no se pronunció sobre el fondo del planteo ni sobre la medida cautelar solicitada por la Provincia para suspender la intervención, sino que se limitó a una cuestión procesal. El juzgado entendió que el caso debe ser tratado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al tratarse de un conflicto entre una provincia y el Estado Nacional y estar involucrada materia federal.
De este modo, y siguiendo el dictamen del Ministerio Público Fiscal, el Juzgado Federal declinó su competencia sin analizar la legalidad de la intervención nacional ni la urgencia del planteo formulado por el Gobierno provincial. En los hechos, esta decisión impidió que se evaluara una cautelar destinada a evitar la consolidación de una situación que la Provincia considera de alta gravedad institucional, económica y operativa para el principal puerto fueguino.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que esta limitación procesal genera un efecto concreto sobre el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, ya que posterga el tratamiento de una medida urgente vinculada a la preservación de competencias, recursos e infraestructuras estratégicas que son propias de la Provincia.
Asimismo, recordaron que la posibilidad de que el conflicto fuera remitido a la competencia originaria de la Corte Suprema había sido contemplada desde el inicio de la acción judicial, en función de la naturaleza del litigio y de los antecedentes jurisprudenciales vigentes en materia de conflictos entre jurisdicciones.
En este contexto, los equipos legales del Gobierno fueguino se encuentran analizando los próximos pasos a seguir ante el máximo tribunal del país, al tiempo que reafirmaron su compromiso con la defensa de la autonomía provincial, el federalismo y el control pleno de los recursos estratégicos de Tierra del Fuego.
Finalmente, desde la Provincia aseguraron que continuarán utilizando todas las herramientas jurídicas disponibles para impedir cualquier avance indebido del Estado Nacional sobre competencias no delegadas, infraestructuras provinciales y rentas que consideran legítimamente pertenecientes al pueblo fueguino.